La reciente escalada de violencia en Tibú, Norte de Santander, que incluyó cuatro homicidios el pasado domingo, dos de ellos en la plaza de mercado, llevó a las autoridades a decretar un toque de queda que estará vigente hasta el 2 de febrero. La medida, que entró en vigor el 27 de enero, restringe la circulación de personas y vehículos diariamente entre las 8 p.m. y las 6 a.m., y prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas, el porte de armas y la circulación de motocicletas con parrillero.
La decisión fue tomada tras una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Municipal, en la que participaron representantes de la Policía Nacional, el Ejército y organizaciones de derechos humanos. “Estamos enfrentando una situación crítica en materia de orden público. Esta medida es necesaria para proteger a nuestra comunidad. Los grupos armados siguen sembrando el terror en nuestro territorio”, expresó el alcalde Richard Claro.
Escalada de violencia en el Catatumbo
La región del Catatumbo ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, principalmente el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC, que luchan por el control de las rutas del narcotráfico y su acceso a Venezuela. Esta violencia ha dejado hasta ahora 8 muertos, más de 13,000 desplazados y un ambiente de temor constante entre los habitantes. Al menos 17,000 personas permanecen confinadas en las veredas, divididas en casi 4,000 familias.
El pasado fin de semana, un ataque en la zona veredal de Teorama dejó 14 muertos, mientras que el ELN justificó su ofensiva acusando al Estado colombiano de conspirar con bandas de ex-FARC para desestabilizar la frontera con Venezuela. Además, el grupo armado denunció supuestos planes de invasión a Venezuela por parte de la inteligencia colombiana.
Reacciones y medidas adicionales
El toque de queda ha generado opiniones divididas entre los residentes. Algunos consideran que es una medida necesaria para recuperar la seguridad, mientras que otros, como la comerciante local María Fernanda Avendaño, expresan su preocupación por los efectos negativos en la economía. "Entendemos que la seguridad es prioritaria, pero también necesitamos que el gobierno nos apoye, porque estos cierres nos perjudican en las ventas", indicó.
El alcalde Claro, por su parte, hizo un llamado a la unidad: "No podemos permitir que el miedo nos divida. Es momento de trabajar juntos para construir un futuro en paz para Tibú y todo el Catatumbo".
En respuesta a la crisis, las autoridades han entregado más de 104 toneladas de ayudas humanitarias para mitigar las necesidades de las comunidades afectadas. Mientras tanto, Tibú sigue siendo uno de los puntos más críticos del conflicto armado en Colombia, con la esperanza de que las medidas adoptadas logren restaurar la tranquilidad y la seguridad en la región.