La Corte Suprema de Justicia se pronunció respecto al delito de “ayuda al suicidio” aclarando que quien ayude a causarle la muerte a quien decide tomar esta decisión está cometiendo homicidio. 

El alto tribunal hizo referencia al caso Yessica  Aguirre, quien a comienzos de 2017 pidió ayuda a un habitante de calle para llevarlo a cabo. Tiempo después de encontrar el cadáver a este hombre se le fue imputado el delito de homicidio agravado. No obstante, la defensa del detenido argumentó que su cliente había ayudado a la mujer, más no la había matado. 

El abogado aseguró que tenía pruebas para demostrar que la joven ya tenía planeado quitarse la vida debido a unas búsquedas en internet que encontraron en el computador de víctimas. 

“En los días anteriores a su deceso, realizó en su computador personal ingentes búsquedas de información relacionada con métodos y formas para cometer suicidio. En concreto, consultó descriptores como «maneras de suicidio», «maneras de suicidio fácil y sin dolor»", indica la Corte. 

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Según el Alto Tribunal, el caso inició en 2017, cuando había sufrido algunos incidentes personales y familiares por los cuales tomó la decisión de poner fin a su vida, por lo que contactó a un habitante de calle para que le ayudara con eso. Aquel aceptó y consecuentemente tomaron un taxi con destino a las residencias Nuevo Milenio, ubicadas en el centro de Manizales”.

Yéssica Katerín pagó por una habitación, a la cual ingresó con dicho hombre. Pasados algunos minutos, este salió del cuarto vistiendo la chaqueta que en principio portaba ella y no regresó más. Pocas horas después –tras llamar repetidamente a la puerta sin obtener respuesta– la empleada de turno ingresó a la habitación y encontró el cuerpo de Aguirre Canchala dentro de la ducha (que estaba abierta) postrado sobre cojines y cobijas. Tenía una cortada profunda en el cuello que, según se estableció después, cercenó la vena yugular interna izquierda y le ocasionó un sangrado masivo seguido de la muerte. En la habitación se halló, además, una nota manuscrita por la víctima en la que “agradeció a todos por los momentos compartidos”, declaró estar allí “por decisión propia” y aseguró que “no hay culpables”.

Finalmente, la Corte, al revisar las nuevas pruebas, determinó que esto comprobaría la veracidad de la versión del habitante de calle y revocó la sentencia de 33 años de prisión por homicidio agravado, pero podría tener una condena de 32 a 108 meses de prisión por el delito de ayuda al suicidio.