Sin duda los proyectos de reforma al Código Electoral, ya radicado, y de una de tipo político, que se avecina, los dos de la cosecha del Gobierno, serán los más importantes en esta materia en la presente legislatura. No obstante, también hay varias iniciativas de origen parlamentario que coinciden con la gubernamental en algunos aspectos y también aportan otros elementos. La discusión está por comenzar en las comisiones primeras, de lo que se espera salgan ajustes que se puedan implementar en las elecciones regionales del 2023.
La reforma política sería radicada a más tardar en dos semanas, que entre otras incluiría el transfuguismo, es decir, que los políticos que integran corporaciones públicas o los directivos de los partidos puedan cambiar de colectividad y aspirar por otra sin que se presente doble militancia. También se eliminaría la inhabilidad de un año que hoy existe para que los congresistas sean nombrados ministros.
El proyecto de acto legislativo sobre reforma política, según el borrador que se conoció ayer, también reduce la edad para ser congresista, pues desde los 18 años se podría ser representante a la Cámara, en tanto que se exigirá 25 años para ser senador, a diferencia de los 35 años que hoy se encuentra establecido en este último caso.
Asimismo la iniciativa contempla la financiación estatal de las campañas en el 100%, un cambio radical pues hoy es mixta, es decir, el Estado ayuda con la reposición de votos, al tiempo que se permite que particulares hagan aportes.
Además, el texto modifica la institucionalidad electoral, pues crea un tribunal en esta materia que asumiría la mayoría de las funciones que tiene en la actualidad el Consejo Nacional Electoral e, incluso, el Consejo de Estado.
También el proyecto de reforma política contempla que las listas serán cerradas y con alternancia entre hombre y mujer.
Adicionalmente prevé límite de tres periodos en las corporaciones de elección popular; esto es en el Congreso, asambleas, concejos y JAL (Juntas Administradoras Locales).
Un elemento clave en esta reforma, y que probablemente será motivo de profundo debate en el Congreso, es que se retira a la Procuraduría la facultad de suspender y destituir a funcionarios de elección popular.
De esta forma se atiende un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual ordenó al Estado colombiano adecuar la normatividad, pues dijo que la reforma al Código Único Disciplinario de la Procuraduría no satisface el precepto de que los funcionarios de elección popular deben ser suspendidos o destituidos vía fallo judicial.
Sobre el particular el borrador de la reforma política establece que “las limitaciones de los derechos políticos a los servidores públicos de elección popular solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente”.
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Reforma a Código Electoral
El proyecto de ley estatutaria de reforma al Código Electoral recoge en su mayoría el texto que fue aprobado por el pasado Congreso, pero terminó cayéndose en la Corte Constitucional debido a que detectó vicios que se presentaron en su trámite.
La iniciativa radicada el pasado 8 de agosto está a la espera de que sea enviada a la Comisión Primera del Senado para que inicie su discusión.
El proyecto otorga a la organización electoral la función de convocar elecciones atípicas, atribución que en este momento tiene el Presidente de la República, en el caso de gobernadores y alcaldes de ciudades capitales y distritos; y los gobernadores para alcaldes municipales.
En cuanto a las modalidades de voto se establece de forma anticipada en el territorio nacional, pues ya existe para los colombianos en el exterior por ocho días. Mantiene el voto presencial, no obstante propone la implementación de sistemas de asistencia tecnológica al proceso electoral de manera gradual, previo pruebas piloto, como es el voto electrónico mixto.
En cuanto a organizaciones políticas se exige un registro de militantes actualizado y facilitar la reunión de sus órganos directivos por medios virtuales, con el apoyo del presupuesto del Gobierno nacional y la asesoría técnica de la Registraduría.
Así mismo se instituye el transporte gratuito hacia los puestos de votación. El proyecto contempla también que la jornada de votación se aumentará en una hora, pues se iniciará a las 8 de la mañana y finalizará a las 5 de la tarde.
De igual forma se contemplan estímulos al elector y a los jurados, de tal manera que se acumulen los descansos compensatorios con los periodos de vacaciones.
El proyecto de reforma al Código Electoral introduce también reglas para la realización y difusión de encuestas y sondeos de favorabilidad y opinión política, para evitar la manipulación de los datos electorales.
Establece que cuando se trate de investigaciones sobre preferencias políticas, la muestra de la encuesta deberá incluir municipios o distritos con una población igual o superior a los 800 mil habitantes, así como un subconjunto de municipios pequeños, medianos y grandes en todas las regiones del país.
Propuestas parlamentarias
Entre otras iniciativas, en la Comisión Primera del Senado está pendiente de ponencia para primer debate el proyecto de ley que presentó la bancada del Partido Alianza Verde, orientado a la participación paritaria de las mujeres en las diferentes ramas y órganos del poder público.
La iniciativa fija que las listas para corporaciones de elección popular deberán conformarse por mínimo un 50% de cada uno de los géneros.
Mientras que en la Comisión Primera de la Cámara está pendiente de designación de ponentes para primer debate un proyecto de reforma constitucional que presentó la bancada del Partido Conservador, orientada a devolver el voto a los integrantes de la Fuerza Pública.
En tanto que los senadores del Pacto Histórico Roy Barreras, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar, junto con la representante del Partido Verde, Catherine Juvinao, presentaron un proyecto de acto legislativo de reforma al Congreso, que establece un límite de tres periodos en el Legislativo.
Con esta medida se busca lograr una renovación gradual del Congreso que dé lugar al surgimiento de nuevos liderazgos y ponga fin a los congresistas ‘atornillados’.
En tanto que el Centro Democrático presentó un proyecto de reforma constitucional para reducir el número de integrantes del Congreso.
Mientras que en la Comisión Primera del Senado está para primer debate un proyecto de acto legislativo que radicó el Partido Alianza Verde que, entre otros, suprime el Consejo Nacional Electoral, el cual reemplaza por el Consejo Electoral Colombiano.
Además, esta reforma constitucional establece una jurisdicción electoral, que estará compuesta por una corte y los tribunales electorales que determine la ley.
La corte electoral se compondrá de cinco miembros permanentes, quienes deben reunir las calidades que exige la Carta Política para magistrados de la Corte Constitucional.
Serán elegidos por el Congreso en pleno para un período de ocho años, de dos ternas presentadas por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.
La corte electoral conocerá de las controversias sobre la validez de la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, así como se ocupará de las demandas de nulidad de carácter electoral.