El panorama para terminar de cumplir la obligación que tiene el Estado colombiano con la reparación a las víctimas no es nada halagüeño, según lo dicho ayer por el nuevo Gobierno, así como por el informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011, integrada por la Procuraduría General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades.

Durante la posesión de Patricia Tobón Yagarí como directora de la Unidad para las Víctimas, el presidente Petro dijo que “nos corresponde hacer el cambio, pero es nuestro reto hacer un cambio en la manera de mirar el presupuesto para reparar a las víctimas”. 

Añadió que "lo que se ha hecho hasta este momento en relación con la indemnización y reparación integral de víctimas de Colombia es casi nada. Pensado desde el punto de vista del cronograma que se ha realizado hasta la fecha, duraríamos casi un siglo en reparar a las víctimas actuales". 

En tanto que sobre el manejo que se ha dado a la Unidad para las Víctimas, el mandatario consideró que "no se ha desarrollado en el país en la capacidad que debería tener, básicamente, porque no se ha querido hacer la paz en Colombia. Porque hay una manera de gobernar en medio de la violencia, de concentrar riqueza en medio de la violencia y gracias a la muerte".

Por su parte, Tobón Yagarí dijo sobre los resultados de la reparación en los 10 años de la Ley 1448, la cual a propósito fue ampliada por una década hasta 2031, porque falta cumplirle a la mayoría de la población beneficiaria, que hay "incumplimiento en el acceso a las indemnizaciones”. 

Puntualizó que “la reparación colectiva es irrisoria. En los 11 años, cuando revisamos la política, lo que dicen los informes es que de más de 400 casos no se supera el 4% de la reparación colectiva".

En cuanto a las metas que tiene al frente de la entidad, Tobón señaló que "la Unidad de Víctimas lo primero que tiene como reto es cumplir las órdenes que la Corte Constitucional le ha planteado (...) Una de las metas es cumplir con los indicadores de goce efectivo y derechos de las víctimas. Para eso, la Unidad requiere articular a entidades del Estado".

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Qué dicen órganos de control 

La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011 señala que los recursos destinados en la última década a la política pública de víctimas por $146 billones han resultado insuficientes para asistir, atender y reparar a los más de nueve millones de afectados reconocidos en el país. 

Aunque el Conpes 4031 de 2021 tiene proyectada una inversión de $142 billones para los próximos nueve años, la citada Comisión hace caer en cuenta que estos recursos son insuficientes, y se requeriría un presupuesto aproximado, a 2031, de $301 billones para garantizar a las víctimas una reparación integral.  

El informe señala que desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, solo se ha indemnizado el 12% de la población, quedando pendientes 8.813.711 víctimas. 

Así mismo, la Procuraduría recomienda aumentar la oferta de vivienda digna para los hogares de víctimas de desplazamiento forzado, pues se ha identificado que más del 80% de éstas no gozan del derecho. Frente a proyectos de vivienda urbana, desarrollados entre 2012 y 2021, se encontró un rezago en la entrega de 14.010 viviendas urbanas, y para vivienda rural un atraso de 21.599 sin terminar.

Por su parte, la Contraloría General de la República considera que se requiere de un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno nacional para ejecutar las medidas contempladas en la Ley de Víctimas y los decretos leyes étnicos, y así mismo es necesario realizar los ajustes institucionales normativos requeridos para brindar una atención y reparación integral a las víctimas y a los pueblos étnicos, con oportunidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

La Contraloría  General estimó que para indemnización individual y colectiva se necesitan $74 billones en los próximos 10 años; para vivienda, $53 billones; en generación de ingresos, $15 billones; y para retornos y reubicaciones, $13 billones.