La Comisión Primera de la Cámara tiene previsto votar hoy, en primer debate, el proyecto de ley estatutaria para reglamentar la participación de funcionarios en política, la cual está contemplada en la Constitución, pero por falta de una norma en la materia se presentan distintas interpretaciones que, en algunos casos, terminan encartando a servidores públicos ante la Procuraduría.

Sobre el particular conversó con EL NUEVO SIGLO el ponente de la iniciativa, el representante Heráclito Landínez, del Pacto Histórico.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el sentido de la ponencia que presentó de este proyecto? 

HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ: Es positiva pero le hacemos unos ajustes importantes en torno a quién debe participar en política, cómo debe participar en política y así mismo cuáles serían las sanciones para los funcionarios que violen esta prohibición; en tanto los que no pueden participar en política o que puedan pero que, por ejemplo, lo hagan en horario laboral o usando los bienes públicos.

ENS: ¿Qué es lo más importante que hace este proyecto al reglamentar la participación de servidores públicos en política? 

HLS: Lo más importante es que define quiénes pueden participar en política. En este caso, no pueden participar en política funcionarios del nivel directivo de todos los niveles de la administración, tanto nacional como territorial. Y eso implica que no pueden participar directivos, no pueden participar alcaldes, no pueden participar gobernadores, no pueden participar presidentes de empresas industriales y comerciales del Estado o de sociedades de economía mixta en donde la participación del Estado sea más del 51%. 

Tampoco podrán participar en política los funcionarios que, siendo de carrera o del nivel profesional, sean encargados en niveles directivos. 

Es decir, no pueden participar directivos; sí pueden los niveles profesionales a niveles técnicos y los niveles asistenciales, ellos sí pueden participar en política. 

Pueden participar en política los funcionarios de estos niveles, no pueden participar ni llevar prendas alusivas a sus partidos o a un candidato, ni en horarios laborales, no pueden usar bienes de carácter público ni recursos públicos.

Y además se deja en claro que no pueden participar en política los funcionarios de la Rama Judicial, los funcionarios de la Registraduría Nacional, funcionarios del sector defensa y seguridad nacional. 

Y tampoco pueden participar, como lo dije, los directivos, y bajo ninguna circunstancia, obviamente, como lo dice el artículo 219 de la Constitución, los militares, quienes tienen absoluta prohibición de participar en controversias políticas, no son deliberantes.

ENS: A propósito, hay un proyecto en curso de reforma constitucional que busca devolver a los integrantes de la Fuerza Pública el derecho al sufragio, ¿qué opina usted al respecto? 

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HLS: Creo que la Constitución fue muy clara en 1991 para determinar que quienes usan las armas, que es la fuerza legítima del Estado, no tienen por qué participar en controversias políticas, y por lo tanto tienen esa prohibición. 

La fuerza del Estado, la fuerza de las armas, quienes las manejan, no pueden participar por un partido ni por otro, estaríamos retrocediendo 200 años de democracia al darles esa potestad a los militares, a la Fuerza Pública.

ENS: Volviendo al tema de la participación de funcionarios en política, hay países como Estados Unidos en donde incluso el presidente puede hacerlo. ¿Será que en Colombia somos atávicos en la materia? 

HLS: Creo que en las condiciones de la sociedad y en la democracia colombiana no están dadas las condiciones.

En un municipio en donde la alcaldía es la empresa más grande, en donde el alcalde puede nominar, nombrar personas en la administración municipal, firmar contratos y de alguna manera vincular directamente a personas vía órdenes de prestación de servicios, es un sesgo para la propia democracia y podría prestarse a una parcialización hacia un determinado candidato y afectar la democracia; que es lo que está pasando en algunos municipios del país, en algunos departamentos, en tanto que eso afecta a la democracia y no es bueno para el país. 

Creo que tendríamos que consolidar aún más los partidos políticos, las candidaturas y las expresiones democráticas, y elevar el nivel de participación efectiva de los ciudadanos para controlar la gestión pública y evitar que eso pasara.