El próximo 21 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desarrollará en Medellín la primera de las seis audiencias previstas este año, en el marco de la segunda ronda para apertura de nuevos macrocasos por graves delitos cometidos en el conflicto armado. El Gobierno, ONG y organizaciones de víctimas han propuesto que varias conductas sean incluidas.

En los cuatro años de vida de la JEP tras ser creada, como parte del Acuerdo de Paz suscrito por el Estado con las Farc, para sancionar las conductas más graves acaecidas en el conflicto armado, se abrieron siete macrocasos de investigación.

Ellos son los casos 01, toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc; 02, que prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño); 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

De igual forma los casos 04, por la situación territorial de la región de Urabá; 05, que prioriza la situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle; 06, por la victimización de miembros de la Unión Patriótica; y 07, por reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Los macrocasos que más han avanzado son el 01, por los secuestros que hizo la entonces guerrilla de las Farc de civiles y uniformados, algunos de los cuales permanecieron hasta 12 años cautivos en la selva y muchos murieron en esta condición; y el caso 03, por las ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos militares a personas civiles que nada tenían que ver con grupos armados ilegales, para hacerlos aparecer como muertos en combates y así inflar las cifras de resultados operacionales.

Incluso se ha conocido por las investigaciones que previamente hizo la Fiscalía y ahora por los testimonios de militares que se sometieron a la JEP, que algunos crímenes se ejecutaron por motivos como obtener permisos un fin de semana. 

Esta Jurisdicción tiene previsto, según ha anunciado, este año proferir las primeras resoluciones de conclusiones  en los casos 01 y 03 que son los más avanzados, pues incluso en 2021 se hicieron imputaciones por secuestro a exintegrantes del secretariado de las Farc; así como a militares por ejecuciones extrajudiciales, también conocido como ‘falsos positivos’.

En cuanto a nuevos macrocasos que la JEP tiene previsto abrir este año, su presidente, el magistrado Eduardo Cifuentes, indicó que “comprenderán, entre otros, hechos de violencia sexual, desplazamiento y desaparición forzada”. 

Como se dijo, el 21 de este mes se realizará en Medellín una audiencia para escuchar a víctimas y otras organizaciones sus propuestas sobre nuevos macrocasos que consideren debe abrir la JEP.

Las siguientes audiencias con este propósito se llevarán a cabo en San José del Guaviare, el 25 de febrero; en Valledupar, el 28 de febrero; en Cali, el 3 de marzo; en Villavicencio, el 7 de marzo; y en Bogotá, el 9 de marzo.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP convocó a las organizaciones de víctimas que hayan presentado o estén preparando informes, a participar en las audiencias en las que se plantearán observaciones sobre la segunda ronda de apertura.

Esta convocatoria se hace en cumplimiento de la Ley 1922 de 2018 (de procedimiento de la JEP), que establece que las organizaciones de víctimas “deberán ser oídas en los supuestos de priorización y selección de casos”.

 La convocatoria también se hace siguiendo los “Criterios y metodología de priorización de casos y situaciones en la Sala de Reconocimiento”, que determinó que antes de abrir un nuevo caso se deberían surtir estas etapas: agrupación, concentración y priorización.

La fase de agrupación de esta segunda ronda de apertura tuvo lugar entre enero de 2020 y enero de 2021. En esta, el Grupo de Análisis de la Información de la JEP (GRAI) analizó 458 informes entregados por parte de organizaciones sociales y de víctimas, y de entidades del Estado, identificando 298.559 hechos criminales. 

De este análisis, surgieron unas líneas de investigación sobre graves crímenes que habrían sido cometidos por las extintas Farc y por miembros de la Fuerza Pública y otros agentes del Estado; y sobre las afectaciones a la pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos en Colombia, cometidas por ambos actores.

La etapa de concentración de la investigación, por su parte, empezó en enero de 2021 y se extiende hasta este momento, en el que se recogerán las observaciones de las víctimas. 

Qué propuestas se han hecho

En agosto del año anterior la Procuraduría General solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, abrir cuatro macrocasos con relación a desaparición forzada, violencias basadas en género, desplazamiento forzado, y medios y métodos de guerra ilícitos.  

En la petición, el Ministerio Público incorporó un análisis cualitativo y cuantitativo de cada uno de los hechos victimizantes que se recopilaron de diferentes fuentes de información, incluidas instituciones del Estado y las organizaciones de víctimas que pidieron a la Procuraduría intervenir ante la JEP para que se materialice la selección de estos nuevos macrocasos y se cumpla con la obligación de juzgar los graves crímenes internacionales.

Con respecto a la solicitud de apertura del macrocaso de violencia sexual y violencia basada en género, la Procuraduría identificó un universo de más de dos mil víctimas en el que se enfatiza la instrumentalización del cuerpo de la mujer como una forma de ejercer autoridad y control por parte de los grupos armados, así como el impacto desproporcionado que estos hechos generan en niños, niñas y adolescentes y la población étnica y Lgtbi.  

El ente de control advirtió que los hechos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado afectaron a más de 80 mil víctimas, constituyéndose en una práctica sostenida y deliberada por parte de los diferentes actores que son competencia de la JEP y que, a la fecha, registran altos índices de impunidad.

Por otra parte, analizó el fenómeno del desplazamiento forzado, por lo que para la Procuraduría este nuevo macrocaso constituye un imperativo constitucional con alcance a las más de siete millones de personas que se vieron obligadas a abandonar su lugar de origen por hechos de violencia.

Así mismo la Fundación Nydia Érika Bautista y Madres por la Vida solicitaron a la JEP abrir un macrocaso por las desapariciones forzadas en Buenaventura. Según el Centro de Memoria Histórica, hay registro de 779 víctimas de desaparición forzada en este puerto.

Mientras que el Partido Comunes pidió a la JEP abrir un macrocaso por crímenes de Estado.

Delitos ambientales

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó el mes pasado a la JEP investigar, sancionar, esclarecer y reparar por los graves crímenes ambientales cometidos por las Farc durante el conflicto armado.

Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia, envió una carta al Presidente de la JEP en la que expone las razones por las cuales esa Jurisdicción está llamada a iniciar un macroproceso encaminado a la sanción de los graves delitos ambientales que cometieron las Farc antes del 1 de diciembre de 2016. 

“Es de público conocimiento que las Farc perpetraron, durante muchos años y de manera sistemática, atentados terroristas que afectaron gravemente el medio ambiente, ataques contra la infraestructura petrolera que produjeron enormes derrames de crudo, atentados con cilindros de gas que causaron grave daño ambiental”, señaló la Agencia.

Agregó que las Farc actuaron de la mano del narcotráfico, siendo cómplices de la deforestación sistemática, protegieron los laboratorios de procesamiento de drogas, “participando directa o indirecta en el vertimiento de miles de toneladas de insumos químicos sólidos y millones de litros de químicos vertidos en los ríos”.