LA BAJA generación de valor agregado en la producción de bienes y servicios, sumado a la alta dependencia del país en el sector minero-energético, han generado un retroceso en el sector industrial nacional.

Así lo afirma Andrés García-Suaza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, al presentar a EL NUEVO SIGLO el informe ‘La bioeconomía como eje transformador ¿Qué dice el Conpes 4129-2023?’.

La política de reindustrialización es un proceso de transformación productiva que habilita las condiciones para aumentar la generación de valor y permite que el país atienda otros retos importantes en materia ambiental y de inclusión. En suma, la reindustrialización genera condiciones (normativas, institucionales, programáticas) para generar mayor valor agregado en el aparato productivo colombiano, ampliar la base industrial del país, enfrentar el cambio climático, lograr procesos de inclusión productiva de todas las unidades productivas, indistinto de su tamaño e incorporar nuevos sectores potenciales para el proceso de reindustrialización. La política establece las bases para transitar de una economía altamente dependiente de las actividades extractivas a una economía basada en el conocimiento, productiva, sostenible e incluyente, que contribuya al desarrollo territorial y al cierre de brechas en materia de productividad.

Según este análisis, el experto sostiene que “a pesar que, por medio de políticas públicas, se han abordado las problemáticas que causan el bajo desarrollo económico, ha faltado reconocer que Colombia es un país de elevada heterogeneidad estructural que requiere instrumentos y niveles de intervención diferencial por nivel de desarrollo de los territorios”.

García-Suaza resaltó que la reindustrialización en el país ha caído, ya que pasó de una participación del 18,8% en el PIB entre 1956 y 1975 a 11,3% entre 2016 a 2022. En este contexto, cabe señalar que el documento Conpes 4129 busca impulsar la reindustrialización, fortalecer la sostenibilidad ambiental, promover la innovación y la economía circular. Además, prioriza el sector industrial y de servicios, por su alta capacidad de generar encadenamientos con otros sectores.

El eje transformador

El informe de la Universidad del Rosario, elaborado por los expertos Angie Mondragón, Ana María Gaona-Gómez y Andrés García-Suaza, señala que la política de reindustrialización tiene una vigencia de once años, desde el 2024 hasta el 2034, con un costo total de $7,8 billones, con un papel protagónico de la bioeconomía.

“El Hub de Innovación en Bioeconomía Bogotá-Región, que lidera el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, con la participación de la Universidad del Rosario, ProBogotá y el Stockholm Environment Institute (SEI), está construyendo una agenda que promueve la gestión y el uso sostenible de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los activos bioculturales”, dijo el decano.

Esta agenda busca generar alternativas económicas sostenibles en el territorio urbano-rural de Bogotá promoviendo el desarrollo de la bioeconomía, entendida como el proceso de transformación, producción y/o aprovechamiento de recursos biológicos que, mediante conocimiento e innovación, añade valor agregado y promueve el desarrollo sostenible.

Las estrategias

“A nivel global, las iniciativas enfocadas en el cuidado del medio ambiente y la mitigación de los efectos del cambio climático han aumentado. En esta línea, diversos actores gubernamentales han comenzado a participar activamente en la creación de una agenda con estrategias compatibles con el desarrollo sostenible, formalizándose una de estas iniciativas en el Conpes 4129”, explicó García-Suaza.

Asegura el análisis, que este Conpes se enfoca en promover la productividad y diversificación del aparato productivo a través de la transición hacia un modelo productivo sostenible, competitivo e inclusivo. Sigue la línea de lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que propone una política de reindustrialización aprovechando la biodiversidad, la economía circular, el uso intensivo del conocimiento y la innovación.

Entre las motivaciones de esta propuesta de transición hacia un modelo económico sostenible se encuentran la alta dependencia del sector minero-energético, que ha comprometido el desarrollo del sector industrial; la baja inversión en investigación y desarrollo, que limita la productividad de los encadenamientos productivos; el retroceso del aporte del sector industrial; el incipiente desarrollo del sector de servicios basado en innovación y conocimiento; y el escaso enfoque de las políticas públicas nacionales, a pesar de la alta heterogeneidad de los territorios subnacionales y sus ventajas comparativas.

Los retos

Para Ana Gaona, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, es claro que el actual modelo económico presenta retos y cuellos de botella que de abordarse de forma adecuada pueden generar beneficios económicos y sociales a la población colombiana.

“El impulso de sectores como la bioeconomía no solo promoverán el desarrollo y bienestar de los factores productivos directamente relacionados con este sector, sino que generan beneficios en cadena. Este sector, intensivo en innovación, demanda mejoras y capacitación en todos los eslabones de la cadena productiva, lo cual resultará en beneficios evidentes a corto, mediano y largo plazo”, declaró Gaona.

En el Conpes 4129 se establece que la bioeconomía está directamente relacionada con procesos de transformación productiva con enfoque territorial. Aboga por una política de reindustrialización con un modelo productivo que incluye a la bioeconomía dentro del aparato productivo con un enfoque sectorial y territorial, complementado con un aumento de innovación e investigación que permita la generación de productos biotecnológicos como medicamentos, fertilizantes, biogás y radiofármacos, entre otros, indica el informe.

Bioeconomía

Por su parte, Angie Mondragón, también investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, dijo que “el diagnóstico de la bioeconomía en el país es crucial para identificar sectores con potencial de desarrollo. Al analizar indicadores del mercado laboral, se observa que la tasa de ocupación en sectores relacionados con bioeconomía se redujo 18%, pasando del 98% en 2019 al 70% en 2023, una tendencia similar a la de Bogotá”.

“El desarrollo de la bioeconomía requiere investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos basados en recursos biológicos, lo que genera, a largo plazo, mayor competitividad. Con esto, el Conpes 4129 propone posicionar a Colombia en una agenda común con países miembros de la OCDE en gestión de residuos sólidos y como un Hub de producción de energías”, comentó Mondragón.

Anotó la experta, que “el factor diferenciador del Conpes 4129 es el grado de focalización, ya que aborda el problema con un enfoque territorial que permite diseñar y desarrollar intervenciones con instituciones públicas y privadas aliadas, como el SENA”.

Durante el último año, se ha definido el rol transformativo del Hub de Innovación en Bioeconomía Bogotá-Región, identificando brechas desde la institucionalidad y gobernanza, gestión del conocimiento, participación y acceso a mercados, y cultura y educación. También se han caracterizado los actores que tienen las capacidades para fortalecer el ecosistema de bioeconomía en Bogotá-región y se han calculado indicadores clave de la bioeconomía para diagnosticar e identificar acciones potenciadoras del sector.

El proceso de transformación

La política de reindustrialización es un proceso de transformación productiva que habilita las condiciones para aumentar la generación de valor y permite que el país atienda otros retos importantes en materia ambiental y de inclusión.

La reindustrialización genera condiciones (normativas, institucionales, programáticas) para generar mayor valor agregado en el aparato productivo colombiano, ampliar la base industrial del país, enfrentar el cambio climático, lograr procesos de inclusión productiva de todas las unidades productivas, indistinto de su tamaño, e incorporar nuevos sectores potenciales para el proceso de reindustrialización.

La política establece las bases para transitar de una economía altamente dependiente de las actividades extractivas a una economía basada en el conocimiento, productiva, sostenible e incluyente, que contribuya al desarrollo territorial y al cierre de brechas en materia de productividad. Esta política se implementará en un horizonte de tiempo de once años, entre 2024 y 2034, y está acompañada de indicadores de impacto bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.