La reforma política que discute el Congreso tiene por objeto hacer ajustes en la financiación de las campañas, adoptar las listas cerradas e incentivar la democracia en los partidos, entre otros. No obstante, teniendo en cuenta el momento, varios partidos buscarían aprovecharla como estrategia para las elecciones territoriales del 2023, y en ese sentido hay un pulso para que algunas de las disposiciones que se aprueben estén en función de sus intereses.

Este proyecto de reforma constitucional fue aprobado en sus dos primeros debates en el Senado, y se espera que la próxima semana se radique la ponencia para el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara. 

Luego debe llegar a manos de la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde requiere su aprobación a más tardar el próximo 16 de diciembre, cuando acaba el primer periodo de esta legislatura, o se hundirá porque debe completar su primera vuelta, como lo establece la ley por tratarse de una reforma constitucional.

La reforma política autoriza el transfuguismo por una vez, es decir, que los actuales parlamentarios, concejales y diputados pueden inscribirse para las elecciones del próximo año por un partido distinto por el que hoy ocupan una curul, sin tener que renunciar a la respectiva corporación y sin incurrir en doble militancia.

Esta disposición beneficiaría a los partidos de la coalición que defiende las políticas del presidente Petro, pues por obvias razones es más llamativo estar del lado de quien tiene el poder, esto es el Gobierno, que en la oposición.

Visto así, en la situación que se plantearía con esta disposición la más beneficiada sería la coalición del Pacto Histórico, conformada por fuerzas de izquierda y alternativas, junto con los partidos Conservador, Liberal y La U.

Incluso hay quienes consideran que en la misma coalición de gobierno se podrían dar cambios, especialmente por el lado del Partido de La U y los liberales, y que algunos parlamentarios, concejales y diputados se pasarían al Pacto Histórico.

El transfuguismo que autoriza la reforma política no afectaría al Centro Democrático, único partido declarado en oposición al Gobierno, pues las razones ideológicas que lo distancian del Pacto Histórico, por ser de derecha, primarían sobre cualquier eventual interés de algunos de sus corporados de abandonar, lo que son, para algunos, las áridas tierras de la oposición.

Tampoco la medida del transfuguismo afectaría a Cambio Radical, declarado en oposición al Gobierno, por lo menos en el Congreso. Aunque no se descarta que algunos de sus concejales y diputados de raíz liberal tengan la tentación de romper cobijas e irse al Pacto Histórico.

Financiación de campañas 

Las campañas electorales en la actualidad se financian de manera mixta, es decir, con recursos del Estado y de los privados.

El proyecto radicado por el Gobierno buscaba que fuera 100% estatal; sin embargo, el Senado modificó esta disposición, estableciendo que la financiación sea preponderantemente estatal. Esto significaría que los recursos públicos son al menos el 51% de los gastos de campaña de un candidato. 

Desde la oposición consideran que esta disposición también buscaría beneficiar a los partidos de la coalición petrista, pues finalmente la mayoría de los recursos de campaña serían entregados por el Estado, y con ese poder el Gobierno pretendería que lleguen primero a manos de sus aliados políticos para las elecciones del año próximo.

Este temor podría ser producto de hilar muy delgado y que ello no ocurra; sin embargo, no se puede desconocer que uno de los problemas actualmente con la financiación de campaña por parte del Estado son los atrasos para entregar los dineros a tiempo.

Precisamente en las pasadas elecciones legislativas, varios de los aspirantes a las curules de paz se quedaron esperando los anticipos de campaña que solicitaron, aunque sí les llegaron a partidos más grandes y de la coalición de Iván Duque.

Por ello, voces de Cambio Radical y del Centro Democrático en el Senado manifestaron que es preferible que la financiación de las campañas electorales se mantenga como hoy está.

• Le puede interesar: Ley de paz de Colombia es un "hito importante": UE

Posibilidad de ser ministro

El proyecto de reforma política suprime la incompatibilidad de un año que hoy tienen los congresistas, tras la renuncia, para aspirar a otro cargo en el sector público, sea en el Gobierno, para gobernador, alcalde e incluso diputado y concejal.

Aunque es poco probable que un congresista renuncie para aspirar en las siguientes elecciones a ser concejal o diputado, sí es atractivo, de aprobarse en la reforma política, eliminar la incompatibilidad de un año, dejar la curul y ocupar un ministerio, para el caso en el actual Gobierno, o ser candidato a gobernador o alcalde en los comicios de octubre del 2023.

Eliminar la incompatibilidad de un año a los congresistas que renuncien para que puedan ocupar un cargo público, como ser ministro, gobernador o alcalde, se sentiría en las elecciones regionales de octubre del 2023, pues se dice que varios parlamentarios analizan las posibilidades que tendrían de llegar a gobernación o la alcaldía de una ciudad capital.

A nivel regional la disposición beneficiaría a todos los partidos pues los actuales congresistas, concejales y diputados que quieren presentarse en octubre próximo a gobernación o a la alcaldía de una ciudad capital, se podrían quedar en sus curules hasta junio próximo.

Sin embargo, la posibilidad de que un legislador renuncie y al día siguiente pueda ser nombrado ministro, integrante del Gobierno al frente de alguna consejería o gerente de alguna entidad descentralizada, favorece directamente a la coalición de Gobierno, pues una de las máximas en política es que se gobierna con los amigos.

Ello podría ser aprovechado políticamente en las elecciones regionales del 2023, pues varios parlamentarios cercanos al Gobierno son barones electorales en sus regiones, generando la posibilidad de un acuerdo para que muevan sus fuerzas en favor de un nombre o una lista afín a la coalición.

Límite de períodos

Otra disposición de la reforma política que podría ser usada como parte de la táctica de los partidos, de cara a las elecciones regionales del próximo año, es la que limita a tres periodos la permanencia en las corporaciones públicas. 

En varias asambleas y concejos hay corporados en este momento con tres períodos acumulados y que buscarían uno más en octubre próximo.

Si les cierran las puertas a estas personas con dicha disposición de la reforma, son plazas que quedarán en disputa y que podrían ser aprovechadas por la coalición de gobierno, que quiere consolidarse a nivel regional.

Pesimismo con la reforma

El politólogo Juan Carlos Flórez dijo a EL NUEVO SIGLO que “el lío es que las reformas políticas son para los políticos. Nunca contienen ventajas, beneficios o cambios que favorezcan al conjunto de la sociedad”.

Agregó el exconcejal de Bogotá que “si uno sale a una calle de cualquier ciudad de Colombia, y le pregunta a un ciudadano si le interesa la reforma política, va a responder ‘¿y eso qué es?, ¿para qué sirve?’. Entonces creo que esta no es la excepción, es cambiar las reglas de juego para beneficiarse la casta política, pero en el fondo no va a tener lugar ningún cambio que beneficie al país, que signifique una propuesta para desentrabar  un sistema en que la casta política se apodere de buena parte del presupuesto”.