Como se veía venir, la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de retirar al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas del conocimiento del proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, generó un ‘choque de trenes’ dos altas Cortes jurisdiccionales del país.

Este viernes en un comunicado, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia informó que el magistrado Torres Rojas fue separado del caso Ramos, pero cuestionó la decisión de la Judicatura.

“En riguroso cumplimiento de la orden de tutela dictada por la saliente Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, integrante de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, se separó del conocimiento del juicio que como ponente adelantaba contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, por el delito de concierto para delinquir”, dice el comunicado del máximo Tribunal de justicia ordinaria.

Sin embargo, agrega la alta Corporación, “la Corte Suprema de Justicia llama la atención de las autoridades competentes para que, si lo consideran procedente y urgente, asuman la revisión de esa determinación adoptada el pasado 28 de septiembre por la referida Sala Disciplinaria”.

Es decir, aunque la Corte acata la decisión de tutela, le pide  a la Corte Constitucional que revise esa decisión de la Sala Jurisdiccional de la Judicatura.

“De la sola lectura de la providencia, es evidente la falta de competencia de esa sala para conocer acciones de tutela desde la reforma constitucional de 2015 (A.L 02/15) y, con mayor razón contra esta Corte desde 2017 (D. 1983/17), así como la total ausencia de soporte probatorio para separar del caso al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas”, agrega el comunicado expedido tan solo un día después de la polémica  decisión de tutela.

Y añade la Suprema otras razones que a su juicio viciarían aún más la tutela que concedió la Judicatura al exgobernador de Antioquia, quien está siendo investigado en primera instancia por presuntos nexos con grupos paramilitares.

“Además, pasando por alto dos recusaciones negadas contra el magistrado Torres Rojas y sin fórmula de juicio ni motivación, explicación o razón alguna, se le aparta por la supuesta filtración de un proyecto de fallo contra Ramos Botero, de la que no existe ningún elemento de prueba para responsabilizarlo. Inexplicablemente, también se dispone que se presente “una ponencia diferente a la ya divulgada en los medios de comunicación” con relación a este proceso”, insiste la Corte Suprema de Justicia.

Sala polémica

El fallo a que hace referencia la Corte Suprema de Justicia se refiere a una investigación preliminar que inició la Sala Especial de Primera Instancia de esa Corporación contra Ramos Botero por presuntos nexos con grupos paramilitares.

El caso, por reparto, le correspondió al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, quien el año pasado, según el exgobernador de Antioquia, habría filtrado su ponencia desfavorable a varios medios de comunicación.

Ramos Botero, entonces, interpuso una acción de tutela que fue negada en primera instancia a tiempo que la Corte Suprema rechazó la recusación contra su magistrado ponente.

Y en segunda instancia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le concedió la tutela a Ramos Botero, ordenando a la Corte Suprema apartar del caso al jurista Torres Rojas.

La discrepancia surge porque desde 2015 la Corte Constitucional ordenó eliminar la Sala Disciplinaria en virtud de la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes para dar paso a la  Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Incluso, dos de los magistrados de esa Sala, Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón, aún permanecen en sus cargos a pesar de que ya llevan 12 años como magistrados, cuando la ley dice que el periodo en las altas Cortes es de ocho años.

Más aún, la tutela de segunda instancia lleva la firma de la magistrada Garzón.

Ayer, a través de una carta los dos juristas ponen a consideración de la Presidencia del Congreso sus cargos.

“Como dejó claro hace un mes la Corte Constitucional (SU355–20), la situación de interinidad de esa sala del Consejo Superior de la Judicatura –eliminada del ordenamiento jurídico en 2015– “mina la credibilidad de esa institución” y “deslegitima notablemente sus competencias”, concluye el comunicado de ayer de la Corte Suprema de Justicia firmado por su presidente, magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán.