POR EL delito de celebración indebida de contrato, por el caso conocido Vitalogic, el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, fue condenado este jueves a 64 años prisión. El juez determinó que el también exalcalde de la ciudad de Bucaramanga puede pagar pena en casa, principalmente por el diagnóstico médico de ‘cáncer terminal’ que él mismo informó, en medio de una audiencia virtual celebrada en marzo de este año, en la que la justicia colombiana decidió que el político debía ser condenado por corrupción.

El fallo de primera instancia, que será apelado por el empresario, incluye una multa de al menos 66,66 salarios mínimos mensuales legales, lo que corresponde a 86 millones de pesos, aproximadamente. Además, fue inhabilitado por 88 meses para ejercer cargos de función pública.

Esta decisión del juez terminará por sepultar la carrera política de Hernández, la cual empezó a emerger cuando apenas era alcalde de Bucaramanga, aunque tuvo mayor relevancia en 2022 al ser escogido como el principal contrincante de Gustavo Petro durante la segunda vuelta presidencial, en la que obtuvo sorpresivos 10,5 millones de votos, 700.000 menos que los del actual mandatario nacional.

El caudal de votos obtenido en las elecciones presidenciales, le permitió a Hernández, avalado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtener una curul en el Senado, donde tiempo después renunció al asegurar que sus aspiraciones no estaban en el legislativo, sino en la administración.

Desde su salida del Congreso, empezó la debacle del ingeniero y empresario de 78 años. El 30 de enero de 2023, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el excandidato presidencial por afirmaciones que presuntamente afectaron al exalcalde de Floridablanca.

En noviembre de ese mismo año, el Ministerio Público confirmó la sanción de destitución contra Hernández y le impuso una inhabilidad general de 12 años, al hallarlo responsable de interés indebido en la adjudicación del contratista que se encargaría del manejo de las basuras en la ciudad.

Una nueva medida en contra del político fue anunciada por el ente de control disciplinario en 2023, cuando en fallo de primera instancia, fue sancionado con suspensión del ejercicio del cargo por tres meses, convertible en salarios básicos devengados para el momento de los hechos, suma que asciende a $41.207.226, “por proferir en público expresiones, injuriosas, peyorativas y denigrantes calumniosas contra un servidor público”.

El 10 de abril de este año, la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años, 5 meses y 28 días por influir en favor de la campaña electoral del candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

La decisión

En marzo de este año, el excandidato a la Presidencia fue condenado por el caso Vitalogic, quedando pendiente la definición de las sanciones, que se dio a conocer ayer. Fue sentenciado por un hecho de corrupción cuando era alcalde de Bucaramanga en el año 2016.

La justicia de este país indicó que Hernández tiene responsabilidad por las irregularidades cometidas durante un proceso de contratación, en el que habría beneficiado indebidamente al empresario Jorge Hernán Alarcón, a quien cedió un contrato de consultoría para el manejo de los residuos en el relleno sanitario El Carrasco.

Conocida la decisión, a través de un vídeo publicado en redes sociales, el exalcalde de Bucaramanga manifestó que está en libertad y lo seguirá estando hasta que quede en firme la sentencia.

“Vamos a apelar, mi derecho humano como ciudadano colombiano es apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander con todos los argumentos que tenemos, con todo el raciocinio que vamos a tener en la contestación de la demanda que radicaremos, como dice la ley dentro de los 5 días siguientes hábiles. Hoy soy un hombre libre como lo dijo el mismo juez”, destacó.

Además, indicó: “me condenan no por ladrón. Ni por haber robado ni un peso. Simplemente, me condenan porque violé el dizque el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos”.