Han pasado casi 5 años desde que el Ejecutivo firmó el Acuerdo de Escazú, en el marco de los compromisos del Paro Nacional de 2019. Luego de su aprobación por parte del Congreso de la República, un proceso que culminó favorablemente a finales de 2022 con un gran respaldo de la sociedad civil y con el compromiso del Gobierno nacional, quedan pocos días para que se cumpla la última etapa antes de su entrada en vigor en el país: el examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.

El llamado a la Corte que hace WWF es que culminé positivamente el proceso, con la ratificación del primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú. Esto debería ocurrir antes del 3 de septiembre, durante una de las sesiones de la sala plena de la Corte.

La revisión de la Corte ha contado con una participación ciudadana sin precedentes, en la que se presentaron casi 80 intervenciones solicitando la declaración de constitucionalidad del Acuerdo. El 26 de abril de 2024 se realizó una audiencia pública en la que los magistrados escucharon argumentos centrados en la relación entre el tratado regional, la seguridad jurídica y la soberanía nacional.

En medio de la pluralidad de voces, representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, la academia y organizaciones de la sociedad civil enviaron un mensaje claro: Colombia necesita el Acuerdo de Escazú.

El Acuerdo de Escazú se presenta como una herramienta crucial para fortalecer una región en paz con la naturaleza, ya que se convierte en una alternativa para enfrentar la triple crisis planetaria a la que se enfrenta actualmente la humanidad: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

Este acuerdo no solo fortalece el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, sino que también protege a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, quienes desempeñan un papel fundamental a la hora de defender el derecho a un ambiente sano, así como pedir transparencia y rendición de cuentas a los responsables de la toma de decisiones. No es un asunto menor: de acuerdo con el informe Global Witness, Colombia es el país más peligroso para las personas defensoras del medioambiente.

Así, y en el contexto de la COP16 sobre Biodiversidad, que se llevará a cabo en octubre de 2024 en la ciudad de Cali, la implementación del Acuerdo de Escazú adquiere una relevancia aún mayor, considerando que el lema de la Conferencia marcará el desarrollo de las negociaciones será “Paz con Naturaleza”, una visión que invita a plantear un nuevo modelo económico que no dependa de la industria extractiva, que reconozca la presencia y aportes de pueblos étnicos y comunidades locales en territorios biodiversos.

¿Cuáles son los riesgos?

Colombia enfrenta un enorme desafío en la gestión de conflictos socioambientales, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones. La riqueza natural del país, que incluye una biodiversidad incomparable, a menudo entra en tensión con el modelo de gestión territorial que se ha caracterizado por ser profundamente extractivista y carente de una participación adecuada y un entorno inseguro para la defensa del ambiente. 

Es por ello que la implementación de mecanismos internacionales como el Acuerdo de Escazú resulta crucial para abordar estas tensiones de manera más efectiva y justa y, en caso de no ratificarse, como Alianza hemos identificado los siguientes riesgos potenciales:

1. Colombia perdería la oportunidad de fortalecer el marco normativo ambiental: sin el Acuerdo se dificulta la posibilidad de prevenir y resolver conflictos socioambientales mediante el fortalecimiento de barreras históricas como el acceso a información pública ambiental de calidad o el ejercicio de mecanismos de participación ciudadana. Sin escenarios efectivos que reconozcan el rol de quienes habitan territorios biodiversos en nuestro país será difícil afrontar la presencia de actores armados, la deforestación, o los riesgos en materia de inversión.

2. Pérdida de liderazgo y credibilidad regional: Colombia fue un actor crucial durante las negociaciones del Acuerdo de Escazú, podría perder la influencia que tiene en América Latina, el Caribe y el mundo en temas ambientales y en el impulso que ha liderado por una agenda sostenible.

3. Vulnerabilidad de líderes ambientales: No se podría contar con herramientas clave para prevenir el riesgo que corren los líderes y defensores ambientales con un enfoque de género e intercultural y podrían acentuarse las amenazas y la violencia en su contra.

4. Acceso a la información limitado: sin el Acuerdo, podría disminuir el nivel de la transparencia en proyectos de impacto ambiental y la sociedad civil tendría menos herramientas para exigir una rendición de cuentas.

5. Participación: Colombia pierde la oportunidad de reforzar y garantizar el derecho a la participación de las comunidades locales y de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, en los proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente y en los foros internacionales.

6. Pérdida de oportunidades para el fortalecimiento de capacidades y cooperación: limitando la capacidad de intercambiar experiencias con los países de la región y crear y fortalecer las capacidades nacionales para contribuir a la garantía plena y efectiva de los derechos de acceso.

7. Colombia pierde la oportunidad de fortalecer los estándares nacionales solicitados por la banca multilateral: el Acuerdo de Escazú se presenta como una oportunidad para otorgar seguridad jurídica para las inversiones y de alinearlo con el Marco de Política Ambiente y Social del Banco Interamericano de Desarrollo.

8. El país pierde la oportunidad de acelerar la acción climática: el Acuerdo de Escazú puede ser aprovechado por el Estado colombiano para crear las condiciones habilitantes para el cumplimiento efectivo de la NDC y abordar los cuellos de botella que restringen su implementación integrada.

EN LO referente a implementación, se logró la inclusión de la participación significativa del público, incluyendo expresamente a los pueblos indígenas, en la elaboración de planes y hojas de ruta para la implementación nacional del Acuerdo de Escazú./© Luis Barreto / WWF-UK