Una de las banderas del Gobierno es fomentar el llamado empleo digno, es decir, con todas las prestaciones de ley. En ese propósito quiere acabar con las órdenes de prestación de servicios en el Estado, una meta ambiciosa porque según estudios pueden ser más de un millón de personas bajo esta modalidad. Expertos consideran que en no menos de tres años se podrían tener primeros resultados al respecto. 

Por lo pronto, en lo que sería el primer paso, el pasado 29 de diciembre, el Gobierno, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), emitió una circular conjunta en la que se señalan los lineamientos del Plan de Formalización del Empleo Público en Equidad - vigencia 2023. 

El documento está dirigido a los órganos, organismos y entidades del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial. 

El escrito advierte que la formalización del empleo público se promoverá teniendo en cuenta cuatro mecanismos: el primero establece la provisión de todos los cargos de las plantas de personal existentes y en vacancia; el segundo, la ampliación de las plantas de personal existentes, siempre que las condiciones técnicas y financieras así lo permitan.  

El tercero hace referencia a la creación de plantas temporales en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia; y el cuarto menciona que se hará uso racional de los contratos de prestación de servicios atendiendo exclusivamente lo establecido en la ley y en los fallos judiciales. 

Entre los lineamientos se destaca la recomendación a las entidades de vincular por contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, solo al personal que consideren esencial.  

Dicha circular también establece que “la contratación directa a través del contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión deberá tener un término de duración de cuatro meses, plazo durante el cual los órganos, organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial deberán elaborar los estudios técnicos requeridos y establecer la planta temporal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas que se requieren”. 

Sin embargo, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en una carta que envió esta semana a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, advierte que es un proceso que de entrada presenta inconvenientes. 

“Sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa (…) Sino también imponen una carga imposible de ejecutar”, señala la ministra en la misiva. 

A reglón seguido señala los puntos que considera son necesarios implementar para que se pueda adelantar el proceso de suprimir los contratos OPS en la administración pública: realizar los estudios de cargas laborales para determinar los requerimientos reales de personal en la planta administrativa de las instituciones. 

También adelantar las gestiones correspondientes a fin de garantizar las apropiaciones presupuestales para adelantar los estudios técnicos requeridos. Además, celebrar durante la vigencia 2023, contratos de prestación de servicios hasta el 31 de diciembre de dicha vigencia y realizar la provisión de los cargos vacantes en cada una de las entidades. 

Asimismo, con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública adelantar procesos de ampliación de las plantas de personal; así como contemplar otras modalidades como las plantas temporales creadas con la Ley 909 de 2004. 

De otra parte, la Federación Colombiana de Municipios en una carta que le envió al presidente Petro, indica que si bien acompaña el propósito de política referente a la formalización laboral dentro del sector público, “obligar a las administraciones locales a adelantar procesos de restructuración administrativa en tan solo 4 meses de plazo pone de presente que la gran mayoría de municipios (en especial 1.033 municipios de categorías 4, 5 y 6) no tienen los recursos para financiar los estudios de planta que la ley exige en estos casos”. 

Por lo anterior, Fedemunicipios le solicita al Gobierno que la aplicación de esta circular cuente con un plazo prudente para las administraciones locales. 

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Un proceso largo 

Difícilmente el Gobierno logrará en sus cuatro años acabar con los contratos de prestación de servicios en la administración pública, si bien podría avanzar de manera importante, según consideraron conocedores del tema. 

Percy Oyola Palomá, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), indicó a EL NUEVO SIGLO que avanzar en la formalización del empleo público “es un tema fundamentalmente de voluntad política. El Gobierno anterior había expedido un decreto sobre trabajo decente y tenía el propósito de reducir las órdenes de prestación de servicio, y de ampliar las plantas de personal. Ahí hubo un trabajo mínimo y faltó mayor voluntad política para lograr ese propósito”.  

Oyola agregó que están de acuerdo con esa política, “pero tenemos claro también que más allá de la voluntad política hay dos factores determinantes en esto: uno, son los estudios técnicos que determinarán las necesidades de personal para el desempeño de labores misionales y de carácter permanente en las diferentes entidades; y el otro factor es el económico, que tiene que ver con ampliar plantas a costo cero. Es decir, la plata que hoy se gastan en OPS estaría destinada a lo que el Gobierno ha propuesto a través de la Función Pública, como es generar plantas temporales para ir reduciendo la precarización que hay hoy a través de órdenes de prestación de servicio”. 

Agregó que hay “1.200.000 contratistas en todo el país” con el Estado. 

Por su lado, Fabián Hernández, integrante del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, dijo a este Medio que “en los cuatro años se puede hacer un trabajo en el que se busca la eficiencia y organizar un poco el tema de los contratos de prestación de servicios, que son exagerados en muchos casos”. 

Considera que para ello es esencial la reorganización económica de las entidades, partiendo de la base de que la plata existe, pues es la que hoy soporta los contratos de prestación de servicios. 

Agregó que cada una de las entidades debería hacer el análisis de “a quiénes tienen en esas condiciones y cómo podrían reconvertirlos para incluirlos en la planta”. 

Señaló Hernández que es un proceso que lleva tiempo. “Tal vez en el primer año se pueden hacer los trabajos de análisis económico, en el segundo los elementos presupuestales, y ya empezar a producir efectos en el tercero y cuarto año”. 

Explicó que “en el Observatorio (de la Universidad del Rosario) hay un análisis de más o menos 1.080.000 contratos de prestación de servicios que deberían ser personas que estén en la planta de personal”. 

Piden proceso de concertación 

Francisco Maltés, presidente de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Colombia), dijo a EL NUEVO SIGLO que “lo que dice el Decreto 2400 del año 68, es que todos los cargos que cumplan funciones permanentes deben de ser de planta”. Agregó que hay dos sentencias de la Corte Constitucional, como la 614, que lo reafirman. 

Dijo también el dirigente sindical que “nosotros creemos que hoy se requiere es que haya un proceso de concertación entre los trabajadores, los sindicatos y las entidades del orden nacional y territorial para hacer un plan que vaya incrementando paulatinamente las plantas de personal”. 

Dijo que el tiempo que pueda tomar el proceso de reconversión para la formalización de la planta laboral de las entidades del Estado depende de la voluntad política del Gobierno nacional, departamental y municipal. 

Señaló que en el caso de Bogotá son 60 mil personas que trabajan por contrato de prestación de servicios con la Alcaldía, y que a nivel nacional en el sector salud más del 80 % de los trabajadores están por ese sistema.