Pólvora, eterno debate…

  • Una polémica compleja y desgastante
  • Más allá de las cifras sobre quemados

 

Los debates recurrentes no solo tienden a volverse desgastantes sino, con el pasar del tiempo, inútiles. Y eso, precisamente, es lo que le podría estar pasando a una de las polémicas más cíclicas en Colombia, sobre todo en las épocas decembrinas y de comienzos de año: la prohibición o no del uso de artículos pirotécnicos por parte de particulares.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, reveladas ayer en la mañana, sobre el comparativo entre las temporadas festivas del año pasado y la que está terminando, incluyendo el arranque de 2019, daban cuenta de 752 lesionados doce meses atrás contra 753 ahora. La mayor cantidad de afectaciones fue por la manipulación de artefactos (62 por ciento), seguida de quienes estaban observando la activación de los mismos (22 por ciento). En otras palabras, de cada diez personas que resultaron heridas por pólvora, ocho de ellas lo fueron porque se quemaron al usar elementos pirotécnicos o estaban presentes cuando los demás lo hacían. “Otros” productos,  “totes”, “cohetes”, “voladores”, “volcanes” y “luces de bengala” fueron los que más causaron incidentes. Aunque se redujo el número de menores de edad heridos, aumentó el de adultos. La mayoría de las lesiones fueron quemaduras pero también se presentaron amputaciones así como daños oculares y auditivos.

Como siempre ocurre, a medida que en las últimas semanas se dieron a conocer las cifras sobre quemados con pólvora, se fue prendiendo el debate sobre cómo frenar esta tragedia cíclica. Y, de nuevo, se pusieron sobre el tapete los mismos argumentos de polémicas anteriores: resultados de países en donde se prohibió definitivamente la pirotecnia; de aquellos en donde sólo se permite su uso a profesionales acreditados y únicamente para determinados espectáculos; de las naciones en donde a los particulares se les permite adquirir artículos pirotécnicos de muy baja peligrosidad; de los estados que tienen complejas legislaciones con una serie de categorías y clasificaciones de los productos, y con base en ellas se determina si pueden ser vendidos o manipulados por niños -incluso con diferenciación de edades-, adultos o profesionales acreditados previamente ante las autoridades…

Y, también como siempre ocurre, de inmediato se escuchan los argumentos del gremio de los productores de la pólvora señalando que en Colombia la regulación es suficiente y adecuada para proteger a los menores de edad,  pero que son los padres y adultos responsables los que fallan en su aplicación, no solo al permitir que sus hijos manipulen productos que están destinados únicamente para ser usados por personas mayores, sino porque incluso terminan ‘incentivando’ a los menores a hacerlo. También se escuchan las réplicas de algunos expertos en torno a que el mayor problema no es la industria de la pólvora, que está formalizada, regulada y vigilada por las autoridades, sino que la mayoría de los quemados estaban manipulando elementos producidos por las polvorerías clandestinas que funcionan en determinadas zonas del país desde hace muchos años, siempre en la informalidad y que en estas épocas se les ingenian para comercializar estos elementos en barrios suburbanos y zonas de periferia, en donde la presencia de las autoridades no es mayor.

Desde ese punto de vista se recalca que en este caso se repite lo mismo que con la prohibición del porte de armas de fuego, así tengan salvoconducto, desconociendo que la mayoría de los homicidios y hechos de violencia se cometen con armas ilegales. Y, por último, no faltan los que consideran que el problema no es de legislación más drástica ni flexible, sino de concientización ciudadana, ya que pese a que las autoridades han puesto en marcha infinidad de campañas para que las familias no utilicen ni toleren el uso de la pólvora, hay un patrón cultural todavía muy acendrado que lo permite e incluso lo asocia ‘naturalmente’ con el ambiente festivo… 

Como se dijo, no se trata de un debate nuevo. Todo lo contrario, se repite año tras año sin que, al final, se tome algún tipo de decisión o medida contundente y definitiva. Proyectos de ley sobre el tema de la pólvora han naufragado recurrentemente en el Congreso y las regulaciones cada vez más restrictivas de las autoridades no han logrado frenar de manera eficiente la cantidad de lesionados. Ni siquiera los castigos, incluso penales, a los padres y adultos responsables han dado el resultado esperado. La directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar insistió esta semana en la necesidad de abrir el debate para que el país tome medidas que acaben definitivamente con estos casos de quemados. La pregunta es una sola ¿Será que esta vez sí se da un paso más allá de la controversia cíclica y desgastante de todos los años? ¿O el año próximo estaremos en las mismas?