Tras un consejo de ministros de dos días en Villa de Leyva (Boyacá), el Gobierno terminó de definir el cronograma de las reformas que presentará al Congreso este año. Se confirmó que salud comenzará su discusión en sesiones extras que convocará en febrero próximo. El jefe de Estado defendió esta iniciativa frente a críticas de diferentes sectores.

En un comunicado, la Presidencia de la República informó que “en el Consejo de ministros, el Gabinete de Gobierno discutió las prioridades de la adición presupuestal 2023. La indicación impartida por el presidente Gustavo Petro a su equipo de trabajo, en ese sentido, fue la de priorizar las grandes reformas y los asuntos programáticos que sean transversales a la gestión de los ministerios”.

Asimismo, que “sobre la mesa de la adición presupuestal están la reforma agraria, la infraestructura y educación gratuita, el Ministerio de la Igualdad, renta básica para madres cabeza de familia, vías campesinas y prevención en salud, entre otros”.

Un derecho

Señala la información que “por otra parte, se hizo la presentación a la totalidad del Gabinete de la reforma a la salud, en cabeza de la ministra de Salud, Carolina Corcho. La discusión y análisis de la reforma se centró en la garantía necesaria de la salud como un derecho fundamental, el incremento del acceso, los modelos de transición hacia un nuevo sistema y la adopción de medidas para la mejora de indicadores de vida, a través de la atención primaria”.

Indicó la presidencia que “el Gobierno nacional definirá detalles y consensos para socializar el texto final con la ciudadanía y la comunidad médica y presentarlo ante el Congreso de la República en las sesiones extraordinarias”.

Con anterioridad, Petro se refirió a una propuesta que hace un tiempo presentaron organizaciones del sector para reglamentar y desarrollar la Ley Estatutaria 1751 del 2015, para la garantía del derecho fundamental a la salud.

Al respecto dijo el mandatario que “esta fue la propuesta que se convirtió en mi programa de gobierno publicada hace más de año y medio y discutida con movimientos sociales y fuerzas de la salud. Es la base de nuestro proyecto de ley de reforma a la salud”.

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Modelo

Explicó el jefe de Estado que “de este debate publicado se pasó a una redacción preliminar de reforma de la Ley 100, para basar el sistema de salud en un modelo de prevención y atención primaria que se prioriza tal como lo indican los convenios internacionales”.

También en el consejo de ministros se estudió la adición presupuestal para este año, por $20 billones, específicamente las prioridades en la inversión de estos recursos.

A propósito de que por ley el nuevo Gobierno tiene hasta el 7 de febrero para presentar al Legislativo el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, llamará a sesiones extras. 

Sin duda la reforma a la salud ha generado gran polémica, especialmente por la intención del Gobierno de suprimir las EPS, por lo menos en el papel que hoy cumplen como aseguradoras. 

Al respecto la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha manifestado que las EPS podrían seguir participando en el sistema, transformándose en IPS, es decir, como prestadoras del servicio. 

El Gobierno parte del presupuesto de que las EPS con el paso del tiempo se han convertido en una especie de retén, que no dejan que fluyan de manera ágil los recursos del sistema a las IPS. Por ello, señala, muchos hospitales en diferentes regiones del país se encuentran en crisis debido a que la deuda por los servicios prestados es billonaria. 

Sin embargo, sectores como Acemi, el gremio de las EPS, señala que estas cumplen un papel fundamental para el funcionamiento de la salud, no solo en el aseguramiento sino en la articulación del sistema. Dicen que su desaparición podría generar caos en la prestación del servicio. 

Los principios rectores de la reforma a la salud son la defensa de la seguridad social; la descentralización político-administrativa; todos ponen en el sector; control de los recursos y la organización de los servicios de salud por parte del Estado.