Una cantidad apreciable de senadores y representantes son investigados penalmente y disciplinariamente, y otros tienen demandada su elección o investidura. Aunque esto no es noticia porque siempre ha ocurrido, y en la mayoría de los casos terminan archivados los procesos por falta de fundamentos, lo que llama la atención son tantos casos en un poco más de seis meses que lleva instalado el Congreso. 

La mayoría de expedientes están en la Corte Suprema, a la que le correspondió el primer caso en este Congreso con Mario Castaño, quien fue capturado un mes antes de que se instalara esta corporación. 

El político liberal se acogió a sentencia anticipada por liderar una estructura criminal que, en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares cómplices, se apropió de multimillonarios recursos de la administración pública. 

También la Corte abrió una investigación al senador Arturo Char –quien en el anterior Congreso fue presidente del Senado–, por presunta compra de votos, después de que la prófuga excongresista Aída Merlano lo mencionara, junto a otros políticos de la costa norte. 

El parlamentario de Cambio Radical estaba citado a indagatoria el pasado 24 de enero, pero fue suspendida por la renuncia de su abogado. 

En días pasados, Char recibió una buena noticia porque la Procuraduría archivó una investigación por supuesta celebración indebida de contratos de prestación de servicios durante la pandemia, cuando presidía el Senado. 

El Ministerio concluyó que si bien Char era entonces el presidente de la corporación, no tenía la facultad de celebrar contratos. 

En tanto que a la senadora de la oficialista coalición del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, la Corte le inició en julio del año pasado formalmente una investigación por supuestamente incurrir en los delitos de rebelión, enriquecimiento ilícito y peculado por apropiación. 

Sobre el supuesto enriquecimiento ilícito el expediente indica que Córdoba "presuntamente ha recibido dineros provenientes de personas naturales y jurídicas, y gobiernos extranjeros, sin que ello provenga de la remuneración que percibe en su condición de miembro del Congreso para sí misma y para un tercero". 

Mientras que en enero de 2021 la Fiscalía imputó al actual senador conservador Óscar Barreto ante el Tribunal Superior de Bogotá, como parte de una investigación que se sigue en su contra por presuntas irregularidades de contratación mientras fue gobernador del Tolima entre 2008 y 2011. 

Así mismo, en mayo pasado la Corte Suprema acusó al senador conservador Miguel Ángel Barreto Castillo por supuestamente incurrir en falsedad en documento privado y fraude procesal, por no reportar ante el Consejo Nacional Electoral el aporte de $20 millones  que le habría hecho un comerciante para su campaña al Senado 2018-2022.  

En septiembre del año anterior, la Corte Suprema abrió una investigación preliminar a la actual representante por Bogotá Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, supuestamente por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. 

El denunciante señala que en 2020 la Gobernación del Magdalena, a cargo de Carlos Caicedo, contrató a Juvinao para prestar asesorías en comunicaciones a pesar de que en la planta habría personal para hacer esa labor. 

Mientras que en octubre del año anterior, la Corte abrió una investigación al senador Carlos Abraham Jiménez, del partido Cambio Radical, por el presunto delito de peculado por apropiación en favor de terceros ideológica en documento público agravada. 

Durante el periodo 2014-2018, cuando Jiménez fungió como representante a la Cámara por el Valle, supuestamente les habría exigido a integrantes de su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) sus salarios, primas y prestaciones sociales con el fin de cotizar para su pensión y salud. 

En la investigación que se adelanta, se indica que presuntamente el entonces representante certificó que las personas a las que habría exigido pagos cumplían labores en su UTL, a pesar de que supuestamente no desarrollaron ese trabajo. 

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En el Consejo de Estado 

Está pendiente que el alto tribunal emita sentencia en la demanda, que admitió en octubre pasado, que solicita la nulidad parcial del acto administrativo que declaró la elección de Daniel Carvalho como representante a la Cámara por Antioquia. 

El accionante explicó que Carvalho fue elegido en marzo de 2022 con el aval del partido Verde Oxígeno, pero el 16 de julio de ese año, cuatro días antes de que se posesionara en la curul, la asamblea de esta colectividad lo expulsó por supuestamente no defender los ideales de esta formación política porque respaldó a Sergio Fajardo en las elecciones presidenciales.  

El demandante considera que al posesionarse Carvalho se produjo una situación irregular, porque ya no hacía parte del partido que lo avaló. 

También el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre una demanda que pide la nulidad de la elección de Jorge Rodrigo Tovar Vélez como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz porque, supuestamente, estaba inhabilitado para ser congresista.

El argumento en su contra es que ejerció la autoridad civil, política o administrativa durante los 12 meses previos a su elección, al haberse desempeñado como funcionario del Ministerio del Interior hasta cuatro meses y medio antes del proceso electoral en el que obtuvo la curul objeto de disputa.

De otra parte, contra Miguel Polo hay al menos una decena de demandas que piden la nulidad de su elección en una de las dos curules en la Cámara que le corresponden a la población afrocolombiana. 

El común denominador en las acciones es que Polo no cumpliría los requisitos que establece la ley para representar en la Cámara a esta minoría étnica, como lo señala el Decreto 1640 de 2020: ser avalado por un consejo comunitario o forma, o expresión organizativa de comunidades negras debidamente inscrita en el registro público de instituciones de representativas; así como pertenecer al censo del respectivo consejo comunitario, entre otras.

En la Procuraduría

Por presuntamente maltratar a uno de los miembros de su esquema de seguridad y conducir el vehículo asignado para su protección en aparente estado de embriaguez, en diciembre pasado la Procuraduría General abrió investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara por la circunscripción de víctimas John Fredy Núñez Ramos.

La Sala Disciplinaria de Instrucción del órgano de control adoptó la medida a partir de la denuncia realizada en las redes sociales de la Unidad Nacional de Protección, donde indicó que el hecho habría ocurrido el pasado 23 de diciembre en una vía pública de Florencia, Caquetá.  

Así mismo la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al senador Álex Xavier Flórez Hernández por presuntamente proferir expresiones calumniosas contra tres patrulleros de la Policía Metropolitana de Cartagena, diligencia que tendrá lugar el próximo 22 de febrero.

En la madrugada del 2 de septiembre de 2022, el congresista fue visto públicamente en las instalaciones de un hotel en Cartagena incurriendo en una conducta presuntamente constitutiva de falta disciplinaria, la cual quedó registrada en video cuando Flórez, supuestamente en estado de alicoramiento, maltrató verbalmente a unos policías que lo requirieron.