Una investigación liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Decoc) y la Dijin de la Policía evidenció la existencia de una organización criminal integrada por un sargento del Ejército y varios civiles, que suministrarían información sobre movimientos militares en el Magdalena Medio a alias Pedro, cabecilla del bloque 37 de las disidencias que delinquen en zona.
Se trata del sargento segundo Edwar Egidio Garzón Lozano, alias Kevin; y los civiles Andrés Humberto Alzate, Ruth Caballero Ardila, alias La Mona y Karen Margarita Dávila Sánchez.
Según la investigación, Garzón Lozano aprovechó su condición de integrante del Batallón de Contra Inteligencia #2 Ejército Nacional con sede en Barrancabermeja (Santander), para suministrar información relacionada con movimientos de tropa a las estructuras 33 y 37 de las disidencias FARC que ejecutaron acciones terroristas.
Labores de policía judicial permitieron establecer que el militar era quien entregaba a Andrés Humberto Alzate, información relevante que era entregada a los cabecillas del bloque Magdalena Medio de las disidencias, que luego era usada para cometer atentados contra la Fuerza Pública en Bucaramanga (Santander) y varios municipios del Catatumbo.
Por su parte, Ruth Caballero Ardila, alias La Mona, sería la responsable de vigilar establecimientos de comercio en Yondó (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander), para definir posibles víctimas de extorsión. El 9 junio de 2023, esta mujer habría facilitado la ubicación e identificación de alias ‘Perro Kimber’, integrante de un grupo armado ilegal, quien fue asesinado.
Karen Margarita Dávila Sánchez, prestaría su cuenta bancaria para recibir dinero, presuntamente, producto de extorsiones cometidas en Medellín (Antioquia). Es así como entre el 30 de junio y 02 de julio de 2023 le fueron consignados 23 millones de pesos enviados por una comerciante de cerveza en Santa Rosa (Bolívar).
Garzón Lozano, Alzate, Caballero Ardila y Dávila Sánchez fueron capturados por la Policía Nacional en Medellín (Antioquia), Barracabermeja (Santander) y Yopal (Casanare). En su poder hallaron una pistola 9 milímetros, 2 proveedores, 11 celulares, 4 computadores portátiles, 1 disco duro y 3 memorias USB.
La Fiscalía imputó a los procesados, según su posible participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, extorsión y asesoramiento a grupos armados organizados. Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados. Todos fueron privados de la libertad en centro carcelario por orden del juez de control de garantías.