950 hectáreas de tierra correspondientes a la finca El Ratón y El Viento fueron recuperadas en medio de un operativo de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia, como resultado de un proceso agrario que le devuelve la posesión y ocupación al Estado colombiano de estos predios.
De acuerdo con la ANT, las fincas de Alto Viento y el Ratón en Córdoba, estuvieron a manos de la familia relacionada con la política colombiana, quienes,según al entidad, se habían apropiado de baldíos de la nación a través de vías judiciales.
La tierra fue asignada de manera provisional para la explotación socioeconómica del campesinado de las Juntas de Acción Comunal del corregimiento San Felipe de Cadillo, en Tierralta, Córdoba.
El director de la ANT Felipe Harman, indicó que los baldíos serán para los campesinos que actualmente están sin tierra.
“Estamos haciendo justicia social en el marco de este proceso de Reforma Agraria", indicó el funcionario.
El 29 de agosto pasado, la autoridad de tierras emitió una resolución en la que se estableció el 31 de agosto como la fecha para llevar a cabo la toma física de la hacienda Viento Alto y El Ratón. Esta decisión, tomada tres años después,se debe a una estrategia que la ANT ha venido implementando durante los últimos tres meses para garantizar que sus resoluciones se conviertan en acciones concretas.
Baldíos en Córdoba by Angie Alayón
Recuperación de Baldíos
La ANT ha identificado 3.007 predios que concentran baldíos de la Nación y que están en manos de particulares a quienes jueces de la República les reconocieron derechos de propiedad bajo la figura de prescripción adquisitiva.
Por orden de la Corte Constitucional, estos predios deben ser recuperados con el propósito de avanzar en la reforma agraria adjudicándolos a campesinos, mujeres rurales y comunidades étnicas.
De esa forma lo explicó Julio Cuastumal, director de la Dirección Jurídica de Tierras de la Agencia, quien recordó que esta es una de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-288 de 2022, que cerró el conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la ANT sobre la adjudicación de baldíos, al ratificar que la Agencia es la única entidad que le puede adjudicar estos predios a la población rural.