Tras casi un año de la orden del fiscal general Francisco Barbosa para crear el Grupo de Tareas Especiales, con la misión de unificar, revisar y acelerar las 14 grandes líneas investigativas por el caso Odebrecht, ayer se dio un nuevo envión clave en este proceso que busca dejar al descubierto el entramado de corrupción auspiciado por la multinacional brasileña en Colombia.
De acuerdo con el ente acusador, gracias a la valoración de los elementos de prueba, fiscales del Grupo de Tareas Especiales citarán a audiencias de imputación a 12 personas que estarían involucradas en tres de los frentes investigativos definidos.
En el caso de la Ruta del Sol III, ante las fallas en las que habría incurrido la anterior fiscal que tenía a cargo este caso, y en atención a la decisión del juez 36 penal de conocimiento de Bogotá que declaró la nulidad de lo actuado, la Fiscalía subsanó las anomalías advertidas e imputará al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La diligencia está programada para el próximo 1 de marzo, aunque Andrade se encuentra en Estados Unidos desde hace dos años.
Según se informó, las investigaciones permitieron conocer que el exfuncionario habría actuado irregularmente con el fin de suscribir el otrosí 02 y el otrosí 05 de 2015, que permitió a Yuma Concesionaria S.A., subcontratar con Consultores Unidos la elaboración de los estudios y diseños del segundo puente vehicular entre Plato y Zambrano (Magdalena) en el proyecto Ruta del Sol III.
Por mediar de manera ilegal en estas adiciones, José Roberto Prieto Uribe, ex gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, recibió cerca de 900 millones de pesos. Por estos hechos el sindicado aceptó su responsabilidad y fue condenado.
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Es decir que Prieto ya fue condenado por falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular e interés indebido en la celebración de contratos. Recibió una pena superior a cinco años que cumple en una institución castrense en Bogotá. Si bien ha pedido su libertad, esta nueva imputación por lavado de activos le complica el panorama.
Un segundo frente de las imputaciones anunciadas ayer tiene que ver con contratos ficticios. El Grupo de Tareas Especiales encontró que no se tuvieron en cuenta otros delitos ni fueron vinculadas más personas, que conocían y tendrían relación con las maniobras usadas para que Prieto Uribe recibiera los dineros por las gestiones indebidas que realizó para la firma de la adición 05 al contrato Ruta del Sol III.
En ese sentido, la Fiscalía imputará el delito de lavado de activos al propio Prieto, Eduardo José Zambrano Caicedo, representante legal de Consultores Unidos; a Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo, representante de Megaland; Gilberto Ramírez Varela, de la empresa Buisiness M&E; y a Natalia Isaza Vásquez.
Tunjuelo-Canoas
El tercer frente de las imputaciones anunciadas ayer tiene que ver con el contrato del interconector Tunjuelo-Canoas, en la capital del país.
Según se informó, el 30 de diciembre de 2009, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) suscribió con el Consorcio Canoas, del que hacía parte Odebrecht, un contrato por $243.117.273.906 para el diseño, construcción y puesta en operación de un túnel que canalizaría las aguas negras desde el río Tunjuelito hasta la planta de tratamiento Canoas, proyecto priorizado en el plan de descontaminación del Río Bogotá.
Como se sabe, por las irregularidades detectadas en las fases previas y de ejecución del contrato ya son procesadas diferentes personas, entre ellas el exalcalde Samuel Moreno Rojas, el constructor Carlos Alberto Solarte Solarte, subcontratistas e interventores.
Ahora en el marco de este proceso la Fiscalía imputará al exdirector operativo de la Red Troncal de Alcantarillados de la Gerencia Corporativa del Sistema Maestro de la EAAB, Carlos Alberto Acero Arango, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.
Este exfuncionario fue integrante del comité evaluador y posteriormente, asumió como interventor interno designado por la EAAB. En los dos roles que ejerció, al parecer, incurrió en actuaciones contrarias a la ley, según la Fiscalía.
Más casos
Pero el envión de nuevas imputaciones no terminó allí. En una de las líneas de investigación, la Fiscalía encontró méritos para imputar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares a Andrés Sanmiguel Castaño y su esposa Edna Karina Méndez Trujillo, representante legal de la empresa Gistic Soluciones Integrales S.A.S, así como a David Fernando Portilla Colunge, Esteban Moreno Pérez y Ricardo Rey Pulido.
Se esperan más decisiones en las próximas semanas, incluso contando con la colaboración de las autoridades brasileñas, aunque ya en el pasado voceros judiciales de nuestro país se mostraron inconformes con algunos condicionamientos que los jueces de la vecina nación ponían respecto a limitantes para utilizar dicha información.
“En el ámbito de nuestra cooperación judicial con la República Federal de Brasil, se han realizado reuniones de alto nivel para buscar fórmulas que permitan avanzar en la consecución de la información por los hechos de corrupción cometidos por directivos y empleados de la firma Odebrecht”, precisó ayer la Fiscalía colombiana.
Revisión y corrección
Las actividades dispuestas por el Grupo de Tareas Especiales permitieron unificar seis frentes investigativos, estos son: Ruta del Sol II y todas sus variables, Proyecto de Navegabilidad Río Magdalena, interconector Tunjuelo - Canoas y otros contratos civiles, Ruta del Sol III, y dos líneas más que se refieren a posibles delitos de la multinacional en Colombia.
Tras la variante investigativa ordenada por la Fiscalía, las pesquisas sobre lo que hizo la multinacional para quedarse con un sinnúmero de contratos de infraestructura, adquirieron una nueva dinámica y se han fortalecido, llegando ahora a esta nueva tanda de imputación de cargos.
Ello se logró gracias a que el coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, como orientador del grupo especial, conformó un equipo de 15 fiscales, apoyado por un componente de policía judicial (CTI) y una unidad de analistas.
Inicialmente todos los procesos fueron trasladados al Grupo de Tareas Especiales. Esta labor tardó cerca de tres meses por tratarse de expedientes voluminosos y de alta complejidad, como el relacionado con el interconector Tunjuelo-Canoas, en el que por cada investigado hay de 20 a 1.066 elementos probatorios y una cantidad variada de testigos.
Bajo este nuevo escenario y en medio de las restricciones por la pandemia el año pasado se avanzó en tener una visión integral del caso Odebrecht en Colombia. Es más, actualmente son verificadas cada una de las diligencias adelantadas por la Fiscalía en los últimos años, se revisa que estén vinculadas todas las personas que podrían tener relación con los hechos ilícitos, y se analiza si los delitos imputados correspondían a la realidad que refleja el material de prueba o hubo circunstancias que se dejaron de investigar.
Asimismo, fueron corregidas actuaciones anteriores con el fin de evitar futuros tropiezos en etapas procesales. Por ejemplo, se solicitó la nulidad de la imputación a Francesco Stopponi, por el contrato suscrito para la Ruta del Sol III; y se impugnó la competencia del juez penal de Montería que tenía a cargo el caso contra Andrés Salazar Ferro.
Simultáneamente, el Grupo de Tareas Especiales participó en los procesos que estaban en etapa de juicio y en audiencias presididas por el juez de conocimiento. Se verificó que se cumpliera con la devolución de los dineros apropiados por Federico Gaviria Velásquez, Gustavo Adolfo Torres Forero, Gabriel Alejandro Dumar y Eduardo José Zambrano, tal como quedó consignado en las sentencias condenatorias en su contra.