CON la enmienda “Nadie está por encima de la ley”, una modificación constitucional con la que busca que se retire la inmunidad para los delitos cometidos por un expresidente durante el ejercicio de sus funciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan para reformar la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Con esta propuesta, el presidente Biden trata de evitar que en el futuro se produzcan situaciones semejantes a la que vive ahora su predecesor en la Casa Blanca, Donald Trump, que tiene causas pendientes -incluida una por tratar de revertir el resultado de las últimas elecciones- pero ese Tribunal Supremo le concedió inmunidad parcial frente a estos procesos.
"Biden comparte la creencia de los fundadores de Estados Unidos de que el poder del presidente es limitado, no absoluto (...) Esta enmienda 'Nadie está por encima de la ley' establecerá que la Constitución no confiere ninguna inmunidad especial frente a la acusación, juicio, condena o sentencia penal federal en virtud de haber ejercido previamente el cargo de presidente", reza un comunicado de la Casa Blanca.
Por otro lado, la reforma de Biden recoge un límite de "18 años en servicio activo" para los jueces del Tribunal Supremo, que serán designados por el presidente del país cada dos años. El objetivo pasa por evitar que "una sola Presidencia imponga una influencia indebida a las generaciones venideras".
"El Congreso aprobó límites de mandato para la presidencia hace más de 75 años, y el presidente Biden cree que deberían hacer lo mismo para el Tribunal Supremo. Estados Unidos es la única democracia constitucional importante que otorga puestos vitalicios a los jueces del Tribunal Supremo", ha lamentado.
Finalmente, la iniciativa del mandatario recoge una propuesta para impulsar un "código de conducta vinculante" para los jueces del Supremo, de cumplimiento obligatorio y que exija a los magistrados registrar los obsequios que recibe, abstenerse de participar en política y la imposibilidad de participar en casos en los que haya conflicto de intereses.
"El presidente Biden y la vicepresidenta (Kamala) Harris esperan trabajar con el Congreso y empoderar al pueblo estadounidense para prevenir el abuso del poder presidencial, restablecer la confianza en el Tribunal Supremo y fortalecer las barreras de protección de la democracia", añade el escrito de la Casa Blanca.
La Casa Blanca ha lamentado que la Corte Suprema haya revocado precedentes legales establecidos que "protegían los derechos fundamentales". "Ha desmantelado las protecciones de derechos civiles, ha quitado a las mujeres el derecho a elegir y ahora ha otorgado a los presidentes una amplia inmunidad frente al procesamiento", indica el comunicado.
Los jueces del Tribunal Supremo, órgano a la cabeza del poder Judicial de Estados Unidos, gozan de un mandato vitalicio. Está compuesto por nueve magistrados -tres nombrados por presidentes demócratas y los seis restantes por republicanos, tres de ellos por Trump-, el más veterano fue nombrado en 1991 por el expresidente George W. Bush.
Sin embargo, el proyecto tiene pocas posibilidades de ser aprobado por el legislativo donde los demócratas tienen mayoría en el Senado, pero los republicanos dominan la Cámara de Representantes.
Steven Schwinn, experto en Derecho en la Universidad de Illinois de Chicago, explicó que Biden tiene "casi cero" posibilidades de que su plan sea aprobado y que probablemente busca "sensibilizar a la opinión pública" y plantear el tema de la Corte Suprema. como un asunto electoral.