La crisis de seguridad en la región Caribe obligó a Supergiros a cerrar más de 3.000 de sus puntos de atención debido a los constantes ataques e intimidaciones perpetrados por el Clan del Golfo. Este grupo armado ilegal, a través de amenazas y actos violentos, ha impuesto la suspensión de actividades en varios departamentos de la región, incluyendo Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y La Guajira.
La situación comenzó a escalar tras el asesinato de Fernanda Mozo, una trabajadora de Supergiros en Bosconia, Cesar, el pasado 4 de noviembre. Desde entonces, se han registrado más de 50 ataques en las últimas dos semanas, destacando la violencia en zonas como el Golfo de Morrosquillo, la Mojana sucrense, y varios municipios del Atlántico.
Los ataques son particularmente dirigidos hacia las trabajadoras de la red de Supergiros, quienes se han convertido en las principales víctimas. Según relatos de empleadas, grupos armados han llegado a los puntos de atención, mostrando armas de fuego y obligando a cerrar los locales bajo amenaza. En algunos casos, como en el Carmen de Bolívar, los atacantes dispararon contra los establecimientos para forzar su cierre.
Un episodio reciente tuvo lugar en el municipio de Baranoa, Atlántico, donde los puntos de Supergiros amanecieron cubiertos de panfletos amenazantes, obligando a suspender indefinidamente los servicios. La situación ha empeorado en municipios como Barranquilla, Sabanalarga, Luruaco y otros del Atlántico, donde se han producido tiroteos contra las fachadas de los locales, resultando en heridas graves a trabajadoras.
Jhony Batalla Mena, asesor legal de Supergiros, aseguró que la empresa ha tomado la decisión de cerrar los puntos de atención para proteger a su personal. "Preferimos cerrar los puntos antes de que su vida corra riesgo", indicó Batalla, subrayando la situación crítica en la que se encuentran las trabajadoras que, además de enfrentar amenazas, se ven impedidas de desarrollar sus proyectos de vida.
La red de Supergiros enfrenta un panorama sombrío en la región Caribe, donde la inseguridad amenaza con paralizar una de las principales plataformas de servicios financieros en el país, afectando tanto a empleados como a los miles de usuarios que dependen de esta red para realizar pagos y otros trámites esenciales.