Crisis institucional por caso 'Santrich'

Foto Montaje El Nuevo Siglo
De la no extradición de JEP a Santrich a la renuncia del Fiscal Martínez y la apelación del Procurador
 

LA garantía de no extradición a alias Jesús Santrich frente a la solicitud hecha por Estados Unidos, dictaminada por la JEP, causó de inmediato una crisis institucional de amplias repercusiones. La primera, la renuncia  del fiscal General de la Nación , Néstor Humberto Martínez Neira- Y, la segunda, la apelación de esa decisión por parte del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y la reiteración de que la competencia constitucional está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

En esa dirección se han venido desenvolviendo los acontecimientos que ipso facto cobraron tinte político.Por una parte, el embajador norteamericano Kevin Whitaker dijo que Martínez y su vicefiscal María Paulina Riveros, quien también renunció, “son grandes patriotas que promovieron el estado de derecho en Colombia y abogaron por nuestra vibrante y productiva cooperación judicial bilateral. Su servicio a Colombia y a la justicia ha tenido un impacto duradero y es apreciado por Estados Unidos”.

Amplios sectores del Centro Democrático entraron a apoyar la conducta del fiscal Martínez, quién se había convertido en baluarte frente a ciertos elementos del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. De tal modo, no solamente había acopiado pruebas por su parte contra ‘Santrich’, sino que igualmente había pedido ajustes a la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en cuanto a la entrega de bienes, los delitos de tracto sucesivo y la no conexidad con el narcotráfico.

A través de un comunicado, el Centro Democrático consideró que Martínez “presentó renuncia con entereza admirable, decisión que debería reconsiderar para continuar su valerosa tarea contra el narcoterrorismo”, mientras que el Directorio Nacional Conservador lamentó su retiro y puso “de relieve su vocación de servicio y los resultados obtenidos durante su permanencia”.

 

 

Pedido de EU

Como se sabe, hace un año los Estados Unidos solicitaron la extradición de Santrich a fin de investigar la tentativa de envío de 10 toneladas de cocaína al país norteamericano. En ello se ha contado con el testimonio de Marlon Marín, sobrino de alias “Iván Márquez”, hoy en día entregado a las autoridades estadounidenses.

En el idicment, es decir el mecanismo por medio del cual se solicita la extradición, el gobierno norteamericano indica cuáles son las pruebas pertinentes y la reincidencia en que eventualmente habría podido caer uno de los plenipotenciarios de las Farc en el proceso de paz.

santrich

No obstante, la JEP sostuvo que frente a ello no podía asegurar si el delito se había consumado antes o después de la firma formal de la paz, el 2 de diciembre de 2016. Bajo esos criterios, no otorgó la extradición, luego de un año de arduas polémicas.

Para el procurador Fernando Carrillo, en cambio, “los hechos investigados ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz”.

Este trámite, según un comunicado de la Procuraduría, se inició en abril de 2018 y se cuenta con los elementos probatorios suficientes por los cuales Santrich es solicitado en extradición por el tribunal del Distrito Sur del Estado de nueva York, en los Estados Unidos.

La JEP ha determinado su liberación inmediata con el objeto, del mismo modo, de que Santrich pueda posesionarse en la Cámara 

Renuncia irrevocable

Así mismo, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, alcanza a ir más allá y en su motivación de renuncia irrevocable ante la opinión pública indica que “progresivamente se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el Estado de Derecho y expone a la sociedad frente al crimen”.

Lo anterior quiere decir que los dos funcionarios de más alto rango, en materia de política criminal y de representación de la sociedad en el Ministerio Público, están de acuerdo en que la conducta asumida a través de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, no solo atenta contra el principio de legalidad, sino que desconoce las advertencias hechas en diferentes dictámenes y pronunciamientos, en especial  frente a las cláusulas de  la cooperación internacional y las responsabilidades que Colombia, como Estado,  tiene ante los demás países.

De hecho, el fiscal General de la Nación da a entender que “los privilegios de la justicia transicional” han llegado a una especie de encubrimiento de la reincidencia frente al secuestro y la extorsión. Y subraya que “los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios”, pese a la amenaza del cultivo y tráfico ilícito de drogas. Considera, en la motivación de su renuncia, que la JEP “abrió una puerta falsa para restringir la extradición. ¡¡¡Todo esto en nombre de la paz!!!”.

De otro lado, el procurador Carrillo sostiene que insistirá en que “el caso de Santrich debe continuar su estudio ante la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá la decisión final”, todo ello ponderando el derecho de las víctimas.

Para el fiscal Martínez, igualmente, la JEP adoptó, frente al caso Santrich, “una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por esta Fiscalía; hace trizas la cooperación judicial internacional; desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los estrados internacionales sobre la materia; confronta abiertamente a la Constitución política y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el acuerdo de paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia”.

fiscal

Podría decirse que ambas declaraciones dejan entrever que, a partir de las decisiones de la JEP, Colombia podría estar enfrentado una especie de “golpe de Estado” frente a la justicia ordinaria y los elementos constitutivos de la cooperación internacional.

Santrich y el Fiscal

En tanto, el implicado, Jesús Santrich, ha quedado libre de toda sospecha, mientras la JEP ha determinado su liberación inmediata con el objeto, del mismo modo, de que pueda posesionarse, en el término de la distancia, de la curul automática de la que entrará a gozar en la Cámara de Representantes.

En esa misma medida el mismo Santrich ha dado unas declaraciones según las cuales espera que las diferentes autoridades respeten la decisión de la JEP. Sin embargo, esto antes de la renuncia irrevocable del fiscal general de la Nación y de la solicitud hecha por el Procurador General, Fernando Carrillo, según la cual el tema debe ser abocado inmediatamente por la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, el fiscal Martínez sostuvo en su renuncia que “este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito. Mi conciencia y devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”. A continuación exhortó a la ciudadanía a movilizarse por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en especial para proteger a las víctimas.

 

Plebiscito y acuerdo de paz

Paulatinamente, pues, la situación ha pasado de castaño a oscuro y el culmen de viejas circunstancias que han venido removiendo al país. Todo ello nace a partir del denegado plebiscito, en el cual el pueblo colombiano se opuso mayoritariamente al acuerdo de paz firmado en los términos del gobierno de Santos y las Farc, en La Habana.

Posteriormente ese mismo gobierno abrió un espacio para llegar a un acuerdo con los voceros del No, pero intempestivamente cerró esa posibilidad, con base en el consejo dado por el jefe negociador gubernamental, Humberto De La Calle Lombana. De allí se pasó a una refrendación, calificada por muchos de espuria, con base en una proposición secundaria del Congreso de la República que se intentó equiparar con la voluntad del constituyente primario.

plebiscito

A partir de entonces, el país se dividió por mitades, pero paulatinamente pudo constatarse que los partidarios de un reajuste al proceso de paz cobraron mayorías superiores frente a las contempladas en el plebiscito. En efecto, en la justa presidencial de hace un año, el hoy presidente Iván Duque, que proponía el reajuste al proceso de paz y la JEP, obtuvo 10 millones 300 mil votos, mientras que los afiliados a dejarlo todo igual, en cabeza del candidato Gustavo Petro, solo llegaron a los 8 millones de sufragios. De tal modo, el margen porcentual cobró mayor envergadura en favor del reajuste. Aun así ello no ha sido posible, por cuanto desde los estrados judiciales o desde el mismo Congreso, se ha impedido que esto se lleve a cabo, inclusive frente a las solo seis objeciones hechas por el presidente Duque a los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Esto, sin embargo, quedó a consideración de la Corte Constitucional, puesto que ninguno de los dos bandos llegó a las mayorías requeridas. Lo que es otra señal, así mismo, de la crisis institucional en que subyace el país, ya que por lo general no suele haber decisiones claras en torno de los temas que se suscitan en cuanto al dicho proceso de paz. Pero esa crisis institucional aún va más allá. De suyo, el actual Congreso de la República fue incapaz, por enésima vez, de llevar a cabo, tanto una reforma a la justicia como una reforma política, lo que también es demostrativo del bloqueo estatal frente a los requerimientos del país.

Preocupaciones de EU

Al mismo tiempo, el inusitado desborde de los cultivos ilícitos ha llegado hasta la cifra estrafalaria de 210 mil hectáreas sembradas en hoja de coca, lo cual supone una comercialización de entre 900 y 1000 toneladas de cocaína; un espiral producido en el segundo mandato del gobierno anterior, a la misma vez que se adelantaba el proceso de paz y se cambió de estrategia frente al anterior. Bajo ese panorama, las relaciones con los Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, hasta hace un tiempo relativamente tranquilas se han vuelto convulsivas e impredecibles.

 

 

De una parte, ciertamente, Colombia sigue jugando un papel fundamental ante la situación que se vive en Venezuela, pero cada día es mayor la exigencia frente a las circunstancias que rodean el proceso de paz y otras aristas. Una de ellas, justamente, se dio en estos días frente a la revocatoria y la reimplantación de visas a algunos magistrados. Y en otro caso, algunos congresistas del Partido Demócrata han fijado su atención en los denominados “falsos positivos”  y el ascenso de algunos generales colombianos. De hecho, todavía se recuerda la expresión del propio presidente norteamericano, Donald Trump, hace un par de semanas, según la cual: “el presidente Duque es un buen tipo pero no ha hecho nada por nosotros”.

 

Extradición

La decisión de la JEP, de darle garantía de no extradición a Jesús Santrich, pese al indicment de los Estados Unidos, ha dividido de nuevo al país. Ahora el presidente Duque ya no solo se enfrenta a la renuncia del Fiscal General de la Nación, en protesta por las decisiones de la justicia transicional, sino que como Jefe de Estado es el responsable de la cooperación internacional. Corresponde, pues, a él y solo a él dirigir las relaciones internacionales, en términos constitucionales, y por lo tanto sus atribuciones se mantienen plenamente vigentes frente al caso de la eventual reincidencia de Santrich. Ante la extradición, hubo presidentes como Virgilio Barco que recurrieron a esa figura por la vía administrativa. También el presidente Álvaro Uribe Vélez decidió la extradición repentina de varios jefes paramilitares, en medio de la implementación del proceso de paz que adelantaba con ellos, fundamentándose en que habían reincidido.

Efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos hizo parte sustancial del proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc, aceptando e incluso promoviendo la justicia transicional que busca sanciones restaurativas pero no formales a los máximos responsables de las Farc. Pero igualmente, fueron claros, como también lo fue el gobierno colombiano de entonces, que la reincidencia en los delitos previos tendría tratamiento en la justicia ordinaria, inclusive contemplando la extradición.

 

Elección de nuevo Fiscal

fiscalia

Varias son las implicaciones de lo que actualmente está ocurriendo. En primer lugar, la renuncia irrevocable del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, significa que el presidente Duque deberá pasar una terna para el nombramiento del fiscal en propiedad. Este, así mismo, deberá cumplir un periodo institucional de 4 años, al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores con este tipo de circunstancias. Así las cosas, es posible, por una parte, que el presidente incluya al actual fiscal ad hoc, Leonardo Espinosa, así como a las mismas personas que hicieron parte de la terna de ese momento: la secretaria jurídica de Presidencia Clara María González.y el exmagistrado Gilberto Orozco.

Cualquiera que sea la decisión del Presidente resulta claro, así mismo, que la renuncia del fiscal Martínez podrá tener renovadas implicaciones por el caso de Odebrecht, sobre el cual el Centro Democrático ha venido pidiendo con insistencia intervención adicional por los movimientos de la multinacional brasileña en las campañas del anterior presidente, en especial luego del suicidio del exmandatario Alan García, en Perú.

En tanto, en el ámbito político la decisión de la JEP y la parálisis parlamentaria frente a la reforma política y la reforma de la justicia, ha llevado a que varios parlamentarios comiencen a pedir una Asamblea Nacional Constituyente, en los términos establecidos por la Constitución. Las repercusiones de la decisión tomada por la sección de revisión de la Jurisdicción Especial de Paz, garantizando la no extradición a Santrich por tres votos a favor y dos en contra, es apenas la punta del iceberg del fondo en el que se mueven los tremores nacionales.

 

Más contenido sobre el caso Santrich