En apenas cinco días Colombia registró todas las fases de la problemática antidrogas, siendo claro que todavía falta mucho para acabar con este flagelo

___________

Si bien es cierto que hace 200 años la cruzada libertadora de Simón Bolívar le dio a Colombia su independencia del imperio español, dos siglos después la nación soporta un yugo del que lleva varias décadas sin poder librarse: el narcotráfico.

Aunque las encuestas y las cifras sobre costos e impacto negativos llevan a pensar que hay otros flagelos más graves para el país, como el conflicto armado interno, la inseguridad o la corrupción, e incluso los altos índices de inequidad socioeconómica, lo cierto es que el tráfico de drogas continúa siendo el principal problema nacional, transversal a muchos de los primeros.

Lea también: Veo viable la descertificación y me preocupa mucho: Uribe

Una prueba de lo narcotizado que está el país se dio, precisamente, esta semana. De entrada, el lunes pasado el debate sobre la necesidad de volver a las fumigaciones aéreas con glifosato a los narcocultivos volvió a ponerse sobre la mesa, por cuenta de un compilado de estudios que sobre la materia hizo un grupo de investigadores de la Universidad Sergio Arboleda, cuya conclusión principal es que este herbicida no tiene las condiciones de peligrosidad para el ser humano, los animales, fuentes hídricas y vegetación que otras investigaciones le atribuyen.

La polémica se prendió de inmediato, más aún porque en el viaje de la semana pasada por Europa el presidente Iván Duque había indicado que las aspersiones aéreas se reanudarían en pocas semanas. Ese anuncio sorprendió porque las fumigaciones fueron suspendidas por el gobierno Santos en 2015, tras un concepto de una agencia de la OMS que indicó que este químico -que se utiliza desde hace varias décadas en Colombia para actividades agropecuarias- podría ser potencialmente cancerígeno. El lío es que hasta ahora no se ha encontrado un reemplazo eficaz en materia antidroga.

Además, como se sabe, todo el país está pendiente de un pronunciamiento de la Corte Constitucional, a la que el Gobierno le pidió oficialmente, durante una movida audiencia a comienzos de este año, que flexibilice el protocolo que ese tribunal fijó en la sentencia T-236 de 2017, que estableció unos requisitos obligatorios para que el Consejo Nacional de Estupefacientes pueda reactivar la fumigación con dicho herbicida.

Una de esas condiciones -la más difícil de cumplir- obliga a que el Estado presente estudios que comprueben que este herbicida no genera problemas de salud para la vida humana y animal así como para los cultivos lícitos y las fuentes de agua. Eso es muy complicado porque en el mundo hay más de 900 estudios al respecto, con resultados contradictorios.

No hay que olvidar que ya la Corte viene desde hace varias semanas en el ojo del huracán por cuenta del controvetido fallo que tumbó dos artículos del Código de Policía que prohibían consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas en parques y otros espacios públicos. Si bien es cierto que el alto Tribunal dijo que había otras normas para proteger a los menores de exponerse a estos vicios, el fallo fue ampliamente rechazado, como se evidenció en una encuesta revelada el jueves pasado, en donde más del 90% de los consultados manifestó su oposición a que los borrachos y drogadictos se tomen los espacios abiertos, sobre todo en un país en donde aumenta el consumo de drogas y el microtráfico está disparado.

 

 

Primer campanazo

Sin embargo, a esa polémica por el glifosato se le atravesó el martes el informe anual de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), según el cual impulsada por una fuerte alza en Colombia, la producción mundial de cocaína marcó un nuevo récord en 2017, superando por un 25% lo registrado en 2016.

Según el reporte, los cultivos ilegales en zonas más remotas y el accionar de nuevas bandas criminales empujaron la producción, a pesar de los esfuerzos por alejar a los campesinos del cultivo de coca luego del acuerdo de paz con las Farc.

“Es una mala noticia para los países productores. Lo que está pasando en Colombia es preocupante”, dijo Ángela Me, jefa de investigación de la Oficina, con sede en Viena, recalcando que el salto en la producción “estuvo mayormente liderado por el incremento de la elaboración de cocaína en Colombia, que produce cerca del 70% de la cocaína mundial”.

Sin embargo, para algunos expertos que nuestro país solo participe con el 70% del mercado mundial de cocaína es una buena noticia, ya que años atrás estaba por encima del 80% y más. Lo que se podría deducir es que parte de la producción se desplazó a Ecuador, Perú, Bolivia e incluso Venezuela.

El informe sostiene que en solo 2017 se decomisaron 1.275 toneladas, un 13% más respecto del año pasado. De estas, cerca del 90% fueron incautadas en el continente americano. De hecho, Colombia sola decomisó el 38% de esa droga.

Por último se indicó que la producción de cocaína en algunas áreas del centro de Colombia cayó tras el acuerdo con las Farc. Sin embargo, después hubo más cultivos de coca, con nuevas tierras, a menudo muy lejos de las grandes ciudades, y grupos criminales que se han movido a zonas que antes controlaba la guerrilla hoy desmovilizada.

 

Segundo campanazo

Un día después, cuando todavía aún no terminaban las reacciones al informe de la ONU sobre producción mundial de drogas, se dio a conocer otro: el de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca. Este era muy esperado desde hace varias semanas, ya que siempre tiene cifras más altas que las reportadas por la ONU y las autoridades locales.

Además, no se puede ocultar que si bien las relaciones entre Colombia y Estados Unidos se han mantenido sólidas, sobre todo en la llave contra la dictadura venezolana, el gobierno Trump ha lanzado recientemente varias pullas al colombiano por cuenta del boom de narcocultivos, que se quintuplicaron desde 2013, pasando de 43 mil hectáreas a 209 mil al cierre de 2017.  Si bien es cierto que Iván Duque apenas lleva once meses en el cargo y que recibió esa ‘herencia maldita’ de la administración Santos, el aumento de las presiones desde Washington a Bogotá en los últimos meses llevó a plantear, incluso, la posibilidad de que Colombia pudiera llegar a ser descertificada por los evidentes retrocesos en materia antidroga.

Según este nuevo informe “el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia siguen siendo altos, pero se está estabilizando”.  La estimación indica que el cultivo de coca experimentó una disminución leve en 2018, quedando en 208.000 hectáreas, frente a las 209.000 de 2017. Del mismo modo, la producción potencial de cocaína pura también experimentó una caída pequeña en 2018, cerrando en 887 toneladas métricas puras, frente a las 900 de 2017.

De acuerdo con la Casa Blanca “aunque el cultivo de coca en Colombia se mantuvo en niveles históricamente altos en 2018, fue el primer año en que el cultivo no aumentó desde 2012”.

Por si le interesa: Aumentó consumo de drogas en el país

Se trata, sin duda, de un informe positivo para Colombia y más aún para el gobierno Duque porque aleja el fantasma de una posible descertificación y envía un mensaje de tranquilidad en las relaciones bilaterales, más allá de que puedan seguir los ‘dardos’ verbales de Trump, que le son muy rentables en plena campaña reeleccionista.

El propio director de Oficina estadounidense, Jim Carroll, sostuvo que “al trabajar de cerca con el presidente Duque, estamos viendo que Colombia avanza en el logro de nuestro objetivo compartido de reducir significativamente el cultivo de coca y la producción de cocaína”.

Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos porque el tema antidroga será clave en la campaña en Estados Unidos para los comicios de noviembre 2020, más aún porque la propia Casa Blanca reconoce que entre 2014 y 2017 las muertes por sobredosis de cocaína aumentaron casi un 160% y el número de usuarios actuales de cocaína aumentó en un 40%, de 1,53 millones a 2,17 millones.

 

 

Gobierno cobra y contrataca

Tras el informe de la Casa Blanca, el gobierno Duque, como era obvio, salió a pasar cuenta de cobro, más aún porque esta semana salieron dos encuestas en donde la imagen presidencial continúa cayendo. La primera en hablar fue la ministra de Justicia, Margarita Cabello, quien revalidó la eficacia de la estrategia antidroga, denominada “Ruta Futuro”, y remarcó el hecho de que se rompió la tendencia creciente de cultivos ilícitos que venía en ascenso acelerado desde 2012.

“Logramos, por primera vez en más de 5 años, frenar la producción de cultivos ilícitos”, expresó.

Según Cabello, Duque recibió un país con un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, una reducción de los grupos de erradicación manual y una limitante en las herramientas disponibles para poder eliminar la amenaza de los cultivos ilícitos.

Frente a ello, desde agosto de 2018 a la fecha, el Ejecutivo dice que triplicó el número de Grupos Móviles de Erradicación, pasando de 33 a más de 100, lo que permitió la destrucción de 66.528 hectáreas de coca, con un incremento del 27% comparado con el periodo agosto de 2017 y junio de 2018. Así mismo, se incautaron en el mismo periodo 332 toneladas de cocaína y 303 de marihuana. También se destruyeron 5.072 infraestructuras para la producción de drogas ilícitas, con un aumento de 33%.

Eso sí, el porcentaje de resiembra de narcocultivos se mantiene entre el 25 y 30%, lo que le resta eficacia a la labor de la Fuerza Pública. 

Tras Cabello habló el propio Jefe de Estado, quien en la asamblea de la OEA que cerró el viernes en Medellín, recordó que durante el mandato Santos se habían multiplicado las áreas sembradas de coca, reducido los grupos de erradicación manual y acabado herramientas necesarias contra el narcotráfico, en alusión tácita a la suspensión de las fumigaciones con glifosato desde octubre de 2015.

“10 meses después podemos decir que hay avances, como quedó constatado en el informe de la oficina del zar antidrogas de los Estados Unidos… Por primera vez, en seis o siete años se da una reducción pero, adicionalmente, por primera vez en ese lapso dejaron de crecer los cultivos ilícitos”, sostuvo Duque.

Sin embargo, fue la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez la que fustigó de manera más frontal a Santos, quien precisamente esta semana había reiterado, en una entrevista en Portugal, que la guerra contra las drogas estaba perdida y era necesario cambiar de óptica, especialmente hacia la despenalización y legalización.

"Aquí en Colombia no podemos tener actitudes ambiguas ni mucho menos contemplativas frente a la producción de droga, que tanto daño le hace a la juventud colombiana. Esa no es una opción", afirmó Ramírez, al tiempo que reiteró que fue en el gobierno anterior en el que se frenaron los resultados positivos en el combate al narcotráfico y le correspondió a este empezar a corregir ese error.

Hasta el canciller Carlos Holmes Trujillo le salió al paso al expresidente y dijo que ese tipo de propuestas a favor de la regularización le hacen "mucho daño" al combate antinarcóticos que impulsa el gobierno.

Y como si faltara un hecho para cerrar esta telúrica semana en un país narcotizado, el que la Corte Suprema de Justicia haya fijado para el 9 de julio la indagatoria al cabecilla desmovilizado de las Farc y hoy parlamentario alias ‘Jesús Santrich’, procesado por narcotráfico, revivió el debate en torno a que buena parte de la responsabilidad del boom narcotraficante recae en las incidencias del proceso de paz del gobierno anterior, que no solo frenó las fumigaciones con glifosato y creó en La Habana un incentivo perverso que disparó la siembra de hoja de coca en todo el país, sino que al fallar el Estado en la recuperación de las zonas dejadas por los frentes de las Farc que se desarmaron, permitió que las disidencias de esa guerrilla, el Eln, las Bacrim y los carteles se lanzaran a una guerra sin cuartel por los cultivos y rutas del narcotráfico, generando un rebrote de la violencia en muchas zonas y dejando en vilo la posibilidad de un posconflicto.

Como se dijo al comienzo. Colombia sigue bajo el yugo del narcotráfico, pero a diferencia de Bolívar, que hace 200 años sí encontró la ruta para liberarnos del dominio español, los gobiernos de las décadas más recientes no atinan a aplicar una fórmula eficaz para derrotar el narcotráfico. Mientras no lo hagan, el país seguirá narcotizado.