EL 7 de agosto de 2022 la palabra clave en el discurso de posesión de Gustavo Petro como el primer presidente de izquierda en Colombia fue “cambio”. De hecho, el propio Ejecutivo se bautizó como el “gobierno del cambio”. El próximo miércoles se cumple la primera mitad del mandato y, como es apenas obvio, la pregunta que propios y extraños se hacen es una sola: ¿qué tanto cambió el país en estos 24 meses?

Responder esa interrogante es muy complicado, sobre todo en un país en donde prima la polarización política, razón por la cual el petrismo sostiene que sí hay un nuevo país, con enfoque más social, con menores índices de pobreza y exclusión y enfocado en una nueva política que gira alrededor del concepto “humano”.

Destacan desde las filas gobiernistas el impacto de un nuevo esquema de subsidios, así como una política de desarrollo sostenible que aboga por un cambio de la matriz energética de origen fósil y la rápida migración a una limpia y sostenible. También ponderan que se ha frenado en aspectos claves el “modelo político y económico neoliberal” y que el sector privado ha salido de muchos nichos de generación de productos, bienes y servicios que había convertido en una especie de negocio particular, sin ningún tipo de plusvalía social.

Paradójicamente, en la coalición del Pacto Histórico se afirma que una prueba de esa voluntad de cambio de este gobierno es la forma en que los partidos “tradicionales” y la “gran empresa” han trabado el avance de las reformas en el Congreso. De hecho, sacan pecho por la pensional, que es la única que avanzó en estos dos años, afirmando que “se les quitó el negocio” a los fondos privados y gran parte del sistema de jubilación quedó en cabeza de una entidad oficial como Colpensiones.

A lo anterior, le agregan que al Gobierno han llegado nuevos perfiles ajenos a las casas políticas y partidistas que han manejado el país en las últimas décadas. Ponen de presente, además, la creación del ministerio de la Igualdad y la Equidad, así como de otras entidades oficiales con enfoque social y “popular”.

En el campo económico, el propio presidente en su discurso de instalación del Parlamento, el pasado 20 de julio, si bien reconocía el difícil momento en lo fiscal, destacaba el aumento de la inversión social, la caída de la inflación y los síntomas de reactivación en distintos sectores.

En el Ejecutivo resaltan, asimismo, que hay una política de seguridad y paz enfocada a la superación definitiva del conflicto armado desde todas sus causas políticas, económicas, sociales e institucionales. En otras palabras, sostienen que la pacificación del país no debe entenderse solo como el silencio de los fusiles, sino que lo importante es superar las “causas objetivas” de la guerra, la pobreza, la exclusión y la desigualdad…

En el campo internacional, el petrismo afirma que Colombia tiene hoy una política exterior más equilibrada, menos dependiente de la esfera estadounidense y que, incluso, por sus posturas sobre el conflicto en Gaza, el cambio de enfoque antidroga y el combate a los combustibles fósiles, el presidente de nuestro país es hoy referente en la geopolítica global.

Como última puntada a este balance, el petrismo señala que todos estos cambios no los está percibiendo una parte de la población debido a que la “gran prensa”, el “establecimiento” y la “oligarquía” desarrollan una “conjura” política, mediática, económica e institucional para desprestigiar la gestión gubernamental, bloquear su agenda de reformas sociales y apostar por el fracaso de la administración de izquierda para que en 2026 no tenga la posibilidad de continuar siendo la bancada más votada en el Congreso y se mantenga con uno de los suyos en la Casa de Nariño.

La otra orilla

Sin embargo, en la otra orilla se ubican quienes advierten que, paradójicamente, el país sí ha cambiado, pero para mal. En un largo listado de retrocesos incluyen que una economía que en 2021 creció a un récord de 10,8%, este 2024 apenas si llegaría al 1,5% como máximo. Pese a que en el primer semestre de mandato se le aprobó la reforma tributaria más alta de la historia (80 billones de pesos), llega a la mitad del mandato con una crisis fiscal de amplias proporciones, pensando en impulsar otro ajuste impositivo, con apretón presupuestal a bordo y la intención de disparar aún más el endeudamiento público.

Agregan que las accidentadas y gaseosas políticas de seguridad y paz tienen al país hoy sufriendo un rebrote de la delincuencia común y organizada, en tanto que el concepto de autoridad y predominio institucional en los territorios se ha perdido, sobre todo porque los cese el fuego pactados por la Casa de Nariño con los grupos residuales de las Farc y el Eln han “amarrado” a las Fuerzas Militares y de Policía, impidiéndoles cumplir con su deber de protección de la población civil y preservación de la autoridad legítima del Estado.

De igual manera, los sectores críticos de la gestión de Petro señalan que su radicalización política e ideológica terminó por bloquear las reformas que había prometido en campaña, al tiempo que los bandazos en la gestión han creado un clima de incertidumbre permanente que hoy tiene al país sin norte claro, con un clima de negocios afectado, la inversión en caída, la amenaza de importación de gas el año entrante y malas notas en las firmas calificadoras de riesgo.

Otra de las grandes críticas se refiere a que un gobierno que hizo proselitismo con las banderas de la transparencia y la anticorrupción, ha protagonizado varios grandes escándalos, que van desde la presunta financiación ilegal de la campaña (en el que incluso un hijo del presidente está llamado a juicio), los líos de alfiles presidenciales como Laura Sarabia y Armando Benedetti y hasta una “empresa criminal” de sobornos y apropiación de recursos públicos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, entre otros.

En el campo institucional, se le recrimina al jefe de Estado su constante enfrentamiento con los poderes Legislativo y Judicial, así como sus controvertidas propuestas para citar asambleas constituyentes o crear mecanismos de ‘fast track’ (vía rápida) para acelerar el trámite de sus reformas en un Congreso en donde si bien arrancó con una coalición mayoritaria, en apenas ocho meses la rompió y quedó en minoría.

A esto, los contradictores del Ejecutivo adicionan la constante fruición presidencial por las decisiones y procesos adelantados por la Fiscalía y la Procuraduría, tratando de afectar la independencia judicial, así como de politizar sus actuaciones cuando han afectado altos funcionarios o intereses gubernamentales.

También traen a colación que Petro tiene hoy porcentajes de desaprobación que oscilan entre el 60 y 70%, en tanto que la izquierda en los comicios regionales de octubre pasado −el primer termómetro electoral del gobierno− sufrió un duro retroceso, al tiempo que los partidos de centro y centroderecha resultaron ganando las principales gobernaciones y alcaldías.

Completan ese listado de ‘peros’ a la gestión de Petro asuntos relacionados con los bandazos en la política antidrogas y la explosión de narcocultivos; las posturas polémicas del jefe de Estado sobre Palestina y el régimen venezolano; el recambio ministerial que ha llevado a que en dos años se hayan aplicado más de 20 cambios de titulares; el uso excesivo de las redes sociales por parte del jefe de Estado; sus constantes incumplimientos de la agenda y ausencias inexplicables; los descaches discursivos e incluso propuestas dirigidas a ‘perdón social’ de los delincuentes de toda laya…

Como se ve, el corte de cuentas sobre lo que han sido estos dos años a bordo del gobierno Petro tiene distintas ópticas, más en un país altamente polarizado como el nuestro. Sin embargo, es claro que el país tiene hoy un escenario más crítico y negativo que el que existía el 7 de agosto de 2022.