* La insostenible crisis en Nicaragua
* OEA debe actuar con más drasticidad
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua desafía al mundo democrático con las medidas represivas que toma sistemáticamente contra los candidatos y partidos que aspiran a rivalizar con él en las elecciones de noviembre. Los evidentes abusos de las autoridades, allanamientos, detenciones arbitrarias y la represión violenta a los opositores son tema de todos los días. A los contradictores del cuestionado gobierno se les trata como si fuesen delincuentes y traidores de la patria por el solo hecho de luchar por el respeto de los derechos humanos, la transparencia electoral y el Estado de Derecho.
Frente a todo ello el jefe del régimen cuasi dictatorial asegura que los candidatos presidenciales detenidos, todos de la oposición, están al servicio de los Estados Unidos y tienen el objetivo de derrocarlo. En una trama inverosímil los señala de ser supuestos espías y agentes al servicio de Washington. Y no solo apunta a los aspirantes presidenciales y jefes de la oposición, sino también a antiguos colaboradores suyos que ahora rechazan el despotismo del gobierno. Los arrestados son inculpados judicialmente por cuenta de la temida y controvertida ley de defensa de la revolución, que se interpreta al acomodo de los represores y en violación de todos los principios consagrados por la ONU y la OEA.
Ortega, que mediante elecciones amañadas lleva en el gobierno cuatro periodos consecutivos, maneja el país con mano dura, junto a su esposa, que incluso dice acudir a la brujería para favorecer su permanencia en el poder. Pese a ello la oposición es cada día más grande y hasta la Iglesia Católica es fuerte crítica del accionar represivo del gobierno.
Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Chamorro y quien venía creciendo en las encuestas, es una más de los aspirantes presidenciales y jefes partidistas capturados, que ya pasan de la decena. Periodistas y líderes políticos, económicos y sociales han corrido la misma suerte. Pese a las condenas internacionales, el régimen no da su brazo a torcer. No pocos analistas locales consideran que lo que busca el cuasi dictador es retener a un grupo importante e influyente de los opositores y los medios de comunicación con la finalidad de obligar a sus contradictores a negociar y aceptar un nuevo mandato suyo.
Muchas voces piden a la comunidad internacional que actúe con mayor severidad contra Managua. Por ejemplo, se urge aplicar al gobierno Ortega la Carta Democrática de la OEA en toda su dimensión.
Como se sabe, este instrumento continental se aprobó después de la Segunda Guerra Mundial, en Washington, con el apoyo de la mayoría de los países, incluyendo un aporte valioso de Colombia. Se inspiró en el pensamiento diplomático del Libertador Simón Bolívar, que en Panamá convocó el Congreso anfictiónico y planteó el entendimiento entre los pueblos, la exaltación de la democracia, la resolución diplomática de los conflictos y la consagración de la libertad. Esos mismos son los principios generales que sigue la OEA en su Carta Democrática, pues ella establece la obligación de todos los países bajo su órbita de respetar la institucionalidad, el sistema democrático y las garantías fundamentales de la población.
No en vano la Carta proclama que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Y establece, de paso, una serie de mecanismos a activar cuando en determinada nación se rompe el hilo institucional, democrático y de derechos humanos.
En ese orden de ideas, es claro que Nicaragua se encuentra hoy por fuera de los mandatos amparados por la Carta de la OEA. De allí que se esté urgiendo al ente multilateral que active sanciones contra Managua y las promueva incluso a nivel global. Es necesario evitar un mayor desborde de facto en ese país centroamericano.
Para los expertos están dadas todas las circunstancias que señala la cláusula democrática en torno a las sanciones a imponer ante cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio. El artículo 20 de la Carta de la OEA establece que “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático… el Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. Y también está el artículo 21, según el cual, el ente puede tomar medidas coercitivas severas como “la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA”.
Como se ve, es necesario que la comunidad internacional pase de la condena a adoptar medidas más fuertes contra Nicaragua, so pena de terminar en lo mismo de Venezuela: un régimen dictatorial criminal y violento al que nada le importa la condena ni sanciones externas.