EN 2020 nacieron 2310 hijos de madres venezolanas en hospitales del estado de Roraima, en el norte de Brasil, en la frontera con Venezuela. El promedio de 6,3 al día bajó a 5,4 entre enero y mayo de este año, probablemente a causa de la covid-19.

La gobernación del estado divulgó esos datos y aclaró que la gestión del flujo migratorio, acentuado en los últimos cuatro años pese al creciente desempleo brasileño, le toca al gobierno nacional, que puso en marcha en 2018 la operación Acogida, que ejecutan las Fuerzas Armadas.

El aluvión de decenas de miles de venezolanos provocó una crisis social ante los escasos recursos locales. El gobierno nacional movilizó entonces a los militares, especialmente del Ejército que tiene fuerte presencia en la Amazonia, para organizar campamentos, sistema de alimentación y asistencia, además del traslado de gran parte de los migrantes para su integración en otras partes del país.

Por Roraima entra la mayoría de esos inmigrantes venezolanos en busca de mejores condiciones de vida en Brasil. Muchos llegan al país caminando cientos de kilómetros y lo siguen haciendo hasta arribar a Boa Vista, capital de Roraima, a 220 kilómetros de la frontera.

Mujeres embarazadas enfrentan ese desafío para tener la asistencia necesaria al parto. Es el caso de Nairobis Martínez, que sin obstetras y medicamentos en su país, decidió emigrar a pie, según contó en el documental “Adelante, la lucha de las venezolanas refugiadas en Brasil”, dirigido por Luiza Trindade y producido por el diario O Globo, de Rio de Janeiro.

La afluencia de venezolano hizo que Roraima ya tenga 631 000 habitantes, estima el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística que antes proyectaba esa población para 10 años más tarde.

“La crisis económica, política y social de Venezuela, ante la caída de los precios del petróleo y la actividad opositora, impulsó la inmigración en Brasil” y alteró los flujos en Sudamérica, señaló Tadeu de Oliveira, coordinador de Estadística del Observatorio de las Migraciones Internacionales (OBMigra), un centro de estudios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en cooperación con la Universidad de Brasilia.

Luego por la concesión del refugio a casi todos los migrantes venezolanos, al reconocerse la “grave y generalizada violación de los derechos humanos”, una condición prevista en las convenciones internacionales.

“Brasil tiene ahora casi 1,5 millones de inmigrantes, el triple de una década atrás”, estimó Oliveira por teléfono desde Petrópolis, ciudad cercana a Río de Janeiro, aunque es un número fácilmente absorbible para un país de 213 millones de habitantes.

De 2011 a 2019 el país recibió 1,08 millones de extranjeros, siendo 660 349 de inmigrantes de “largo término”, es decir que se quedan más de un año, según el informe anual 2020 de OBMigra.

Entre estos últimos, los venezolanos, que eran solo 197 en 2010, alcanzaron 70 653 en 2019. El incremento geométrico ocurrió a partir de 2017. En 2020 siguieron los más numerosos pero se redujo la cantidad, a causa de la pandemia de covid, estallada en marzo de 2020.

Las cifras preliminares del año pasado indican que la pandemia redujo a la mitad la cantidad de inmigrantes registrados en el país.

Otro cambio relevante tiene lugar en el refugio, antes concedido principalmente a los extranjeros que podían comprobar una persecución por motivos políticos, religiosos, étnicos o de pertenencia a algún grupo social discriminado.

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Con el criterio de la violación generalizada de los derechos humanos, aplicado principalmente al caso venezolano, la cantidad de refugiados acogidos en Brasil se elevó de 940 en 2018 a 21 241 en el año siguiente y a 26 577 en 2020, de los cuales 96 por ciento son venezolanos.

Antes, basado en la persecución comprobada, en solo dos años el refugio benefició a más de mil personas.

“Primero provenían más de países africanos, como Angola o Senegal, luego Colombia a causa de la guerrilla y Haití. Ahora es sobre todo de Venezuela y mucho menos de Cuba, por los médicos que se quedaron tras el fin del acuerdo que los trajo para el programa Más Médicos”, de atención primaria a la población del interior, recordó Oliveira.

El refugio tiene la ventaja de asegurar rápidamente la residencia, documentos y derechos cercanos al de un ciudadano nacional, incluso al trabajo.

Así que muchos piden el refugio que es evaluado por el Comité Nacional para los Refugiados, órgano del Ministerio de Justicia, con la participación de otros sectores del gobierno y representantes de la sociedad civil.

“Si uno tiene negado el pedido de refugio, es bajo el riesgo de una deportación y más fácil iniciar los trámites para la visa de residencia”, apuntó Oliveira, estadístico y doctor en demografía.

Además, desde 2017 Brasil flexibilizó las leyes de inmigración, de manera que se hizo más fácil la regularizar la situación de los extranjeros. “Los indocumentados se volvieron un dato estadístico residual”, no más masivos como antes, aseguró.

Ampliar la inmigración es positivo para dinamizar la economía, opinó. Brasil tiene “una mano de obra envejecida” y “se reduce su población joven, por eso necesitará millones de inmigrantes en el futuro próximo”, arguyó.

“Brasil acoge bien los inmigrantes, pese a casos aislados de prejuicios, pero ofrecerles empleo y vida digna, con acceso a buenos servicios, eso es más difícil”, concluyó.

Su población es la tercera en disposición de acoger a los refugiados, entre 28 países encuestados por el Instituto Ipsos, que tiene sede en Paris.

Un 78 por ciento de los brasileños se manifestaron abiertos a esos extranjeros, solo superados por el 79 por ciento de los argentinos y los italianos, mientras el promedio de los sondeados fue de 70 por ciento.

Pero no todo es consensual en materia de acogida. La Central Única de los Trabajadores (CUT) discrepa de la concesión de refugio a los inmigrantes venezolanos en general.

“Refugiados son perseguidos por razones políticas, religiosas y étnicas, no es el caso de los inmigrantes que llegan normalmente al Brasil”, sostuvo Ismael José Cesar, secretario adjunto de Políticas Sociales y Derechos Humanos de la CUT, un sindicato vinculado al izquierdista Partido de los Trabajadores, cercano al extinto presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro.

El gobierno brasileño adoptó la nueva definición por acompañar las decisiones de Estados Unidos, que impone un “bloqueo criminal a Venezuela” y provoca así los problemas económicos que agravan la emigración, acusó Cesar, representante de la CUT en el Consejo Nacional de Inmigración, que reúne miembros del gobierno, del sindicalismo, el empresariado y la comunidad científica para definir las políticas sectoriales.

El refugio mejora la posibilidad de empleo, la protección a los derechos, que otros extranjeros, como los africanos en general, no disfrutan. Pero no impide que también los venezolanos en su mayoría sufran el subempleo, el trabajo en la informalidad, acotó por teléfono desde Brasilia.

“La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) recomienda a los países que acogen venezolanos que ellos sean reconocidos como refugiados, debido a la gran necesidad de protección derivada de la situación en su país de origen”, según Luiz Godinho, oficial de Comunicación de la oficina del organismo en el país.

“No hay cualquier tipo de tratamiento desigual a otras nacionalidades”, afirmó  desde Brasilia.

El Comité Nacional para los Refugiados aceleró la evaluación de los pedidos venezolanos de refugio, al reconocer la violación generalizada de los derechos humanos, de la misma forma que se hizo años antes en relación a la crisis de Siria, realzó.

La operación Acogida comprende también la “interiorización” de los refugiados e inmigrantes venezolanos, es decir su distribución por otras partes de Brasil, desde Roraima que recibe una cantidad de personas que es incapaz de absorber en su economía limitada, explicó.

Otras nacionalidades ya llegan en áreas dispersas y más desarrolladas, capaces de integrar los inmigrantes y refugiados en la economía y sociedad local.