El Ministerio de Hacienda publicó el borrador del decreto del Plan de Austeridad del gasto para 2025, que busca garantizar la sostenibilidad fiscal y promover un uso más eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, para algunos analistas este no será suficiente y puede causar un daño grave en las arcas de la Nación.
La estrategia comprende un decreto de austeridad en el gasto con el que se busca un ahorro entre 4 y 5 billones de pesos, una nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno al Legislativo próximamente o un recorte efectivo de presupuesto.
De acuerdo con Jairo Alfonso Bautista, director de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el valor final de ahorro solamente se determinará cuando las entidades hagan una propuesta formal de presupuesto.
Recuerda que, aunque en todos los años se hace un proyecto de austeridad, “esta vez tenemos altísimas restricciones presupuestales por la negación de la ley de financiamiento. Eso nos pone muchísima presión para hacer una reducción mucho más grande de gastos y maniobrar la difícil situación fiscal”.
Bautista asegura que hay varias estrategias de ahorro, incluyendo las reestructuraciones de plantas que deben hacerse a costo cero, la reducción de gastos como arrendamientos, ampliación o remodelación de edificios, consultorías, funcionamiento cotidiano de las entidades, publicidad, impresiones, desplazamientos, entre otras.
Sobre si habrá reducción de contratos de prestación de servicios, el funcionario explicó que “el problema es que hay entidades que tienen muchos contratistas, mientras otras hacen un uso más racional de ese mecanismo. Eso tiene que ver con las circunstancias específicas de cada entidad. Hay entidades que tienen plantas de personal muy pequeñas y requieren de un gran contingente de contratistas; otras, incluso, tienen una planta muy fuerte y además tienen gran cantidad de contratistas. Todavía es muy preliminar saber cuántos contratos no se renovarán”.
Recordó que el año pasado se hizo un ejercicio con el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde hay 1'335.000 funcionarios de planta, de ellos 55 % son Defensa y Policía. “Hay alrededor de 400 mil profesores, tanto en básica como en superior. El resto son funcionarios del Estado y contratistas”, añadió.
Agregó que, frente a los $12 billones que se necesitan, “decidimos no recortarlos de entrada, sino aplazar distintas partidas del presupuesto, esperando dos cosas: uno, que podamos conseguir recursos en una potencial reforma tributaria que muy pronto presentaremos al Congreso. Segundo, hacer una reasignación de recursos en el tiempo, es decir, verificar si podemos hacer una reprogramación de esas vigencias futuras. Si no tenemos éxito con estos mecanismos, antes de que termine junio tendremos que hacer un recorte efectivo de $ 12 billones”.
Otros alcances del borrador de decreto
Además de las medidas mencionadas por el director de Presupuesto, el proyecto de decreto contempla otras reducciones del gasto:
- Pago de horas extras solo lo estrictamente necesario.
- Austeridad en arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de bienes muebles e inmuebles.
- Reuniones de trabajo virtuales.
- Tiquetes y desplazamientos en clase económica.
- Reducción de viáticos y delegaciones oficiales.
- Austeridad en esquemas de seguridad, vigilancia y vehículos oficiales.
- Ahorro en publicidad estatal, eventos presenciales, suscripción a publicaciones, condecoraciones y contratación de estudios.
- Ahorro en servicios públicos.
Voces en contra del plan
Para algunos analistas, este Plan de Austeridad es insuficiente o sencillamente el Gobierno debería tomar otras medidas que tendrían mayor efectividad en el ahorro.
A través de un video que publicó en redes, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas enfatizó que este gobierno ha tenido más plata que cualquier otro. “Lo que pasa es que la gasta muy mal, en actividades que no son visibles para todos los colombianos, solo para unos pocos, como los sindicatos, por ejemplo, o más sueldo para los empleados estatales”, aseguró.
“No hay que ahorrar millones o cientos de millones o miles de millones, sino billones. Esto requiere medidas muy radicales y no se va a arreglar con el simple hecho de sugerirles a los funcionarios que no celebren los cumpleaños de la gente o que se cancelen viajes como, por ejemplo, a Davos para ir al Foro Económico Mundial”, enmarcó Cárdenas.
De igual manera, reiteró que el dinero no se ha encaminado a brindar a los colombianos la calidad de vida que necesitan “porque las obras de infraestructura no se ven”.
En su opinión, en el plan debieron quedar temas como “reversar el Ministerio de la Igualdad, porque el Departamento de Prosperidad Social cumple las mismas funciones, o conocer desde ya cuáles serán las decisiones que se van a tomar desde el Gobierno y cuáles se les van a delegar a los departamentos y a los municipios”.
Para Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, esta propuesta deja ver que no hay recortes presupuestarios, sino aplazamientos de apropiación “que aún no están cuantificados, pues se están definiendo los lineamientos, mirando de dónde se van a hacer los recortes, pero lo importante es que se anuncia que serán más estrictos en las contrataciones y en la reducción de horas extras, etc.”.
Por su parte Mauricio Parodi, representante a la Cámara por Antioquia, dijo a EL NUEVO SIGLO: "Lo que observo del Plan que propone el Gobierno es que es bastante cosmético, que en realidad no está atacando los problemas de fondo. El principal problema del presupuesto nacional es una mala planeación de parte del Gobierno, que ha inflado, por decirlo en términos populares, el monto de ingresos, es decir, ha calculado que va a recaudar más plata de la que realmente puede recaudar. Esto lo advertimos en las comisiones económicas para la aprobación del presupuesto del 2024 e igualmente del 2025, y el Gobierno hizo oídos sordos a las opiniones de los congresistas".
"Lo segundo es que están haciendo unos recortes que, si bien son importantes, no van al fondo del asunto. Lo que tienen que recortar verdaderamente son los gastos superfluos, los gastos de derroche, y tienen que eliminar definitivamente el Ministerio de la Igualdad, que ya fue anulado por la Corte Constitucional desde mayo del año pasado y sigue generando unos costos enormes para el Estado y para el Gobierno. Y, además, deben recortar la creación de embajadas y consulados innecesarios en estos momentos de austeridad.
"De otra parte, las políticas de austeridad deben ser eje central de todos los gobiernos nacionales, regionales y locales. Pero este gobierno habla de austeridad cuando en realidad es el gobierno del derroche, sigue pagando eventos, sigue pagando una cantidad de influenciadores o lo que llaman bodegas para atacar a la oposición y para defender la obra del Gobierno, cuando no se conoce ningún resultado real de su gestión como servidores públicos. También para atacar a la prensa, violentando de manera flagrante la libertad de expresión y tratando de crear una narrativa con una realidad paralela, hablando de un buen gobierno cuando es todo lo contrario a lo que el ciudadano vive día a día".