Luego de que el presidente Gustavo Petro diera orden de llevar a cabo todo el proceso de Odebrecht en Colombia y se siguiera indagando sobre los participantes de este caso , la directora de la Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora le solicitó a la Cancillería que "requiera las sentencias penales o sanciones administrativas emitidas por la SEC y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra del Grupo Aval y Corficolombiana". 

La petición es enunciada luego de que un tribunal de los Esatdos Unidos, les impusiera a estas dos entidades una multa por más de 40 millones de dólares.

Desde que se reveló este dictamen desde los Estados Unidos, Petro ha estado enfrascado en que se lleve a cabo un proceso investigativo y se pueda esclarecer que tanto estuvieron involucradas estas empresas que hacen parte del magnate colombiano Sarmiento Angulo.

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Por otro lado, el gobierno también ha empezado a tomar sus propias direcciones y decisiones, el ministro de Transporte, William Camargo, declaró que ahora se estudiarán los contratos que posee Corficolombiana con el estado y se buscará una terminación cuanto antes, por los diferentes señalamientos que se le han hecho a esta empresa.

"Tal cual como lo solicitó el presidente, hemos entrado a revisar los contratos que tiene la Nación con Corficolombiana, que en su mayoría son de transporte, por lo que es importante que se evalué el estado de estos para evitar sanciones futuras en las que podamos caer", afirmó el ministro.