La Procuraduría General de la Nación se sumó a las voces que le piden al Senado de la República que apruebe el proyecto de ley por medio del cual se busca prohibir el castigo físico y el maltrato a los niños, niñas y adolescentes como método de formación.
El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, le envió una carta en tal sentido al presidente de la Comisión Primera del Senado, Miguel Ángel Pinto Hernández, en la que respalda el proyecto de ley No. 320 de 2020 Senado “por medio del cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”.
Según el Procurador, es un compromiso del Estado, la sociedad y la familia “poner freno a esa violencia transgeneracional que ha venido gobernando los hogares, y que se expresa en la reproducción de los modelos de crianza fincados en el maltrato”.
La semana pasada la Comisión Primera del Senado comenzó a debatir el articulado, y se escucharon voces de oposición como la de John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, quien pidió archivar el proyecto porque considera que la legislación interna ya tipifica el maltrato infantil y demás atenta contra la autonomía educativa y la autonomía de los padres en la crianza de sus hijos.
Rodríguez pidió archivar el proyecto porque considera que la legislación interna ya tipifica el maltrato infantil y demás atenta contra la autonomía educativa y la autonomía de los padres en la crianza de sus hijos.
Sin embargo, la senadora Paloma Valencia, ponente de la iniciativa, consideró que “se necesita una prohibición mucho más estricta para que las familias puedan ejercer su derecho a la crianza de los niños pero sin maltratos”.
De hecho, cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal dicen que enero y marzo de 2020 se registraron 10.393 casos de violencia contra los niños, 50% contra menores con edades entre 12 y 17 años; 30% entre 6 y 11 años y 20% a infantes menores de 5 años de edad.
Incluso, durante la pandemia por coronavirus la violencia contra los menores en el país aumentó en 74%, según Medicina Legal.
La senadora Valencia, además, sostuvo que 76% de la violencia contra los niños las ocasiona un familiar, “argumentando que es que un método de educación a los niños”.
Oras organizaciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y colectivos de defensa de los niños como la Agencia Pandi también han defendido la iniciativa de autoría del representante a la Cámara Harry Giovanny González García.
Para la Procuraduría, el castigo físico, el maltrato, los tratos y degradantes que se han ejercido y se ejercen con el pretexto de formar a la infancia en el seno familiar, “se han constituido en una práctica común, y peor aún, aceptada socialmente, a pesar que indudablemente se trata de una violación a los derechos humanos”.
En este sentido, el jefe del Ministerio Público pidió aunar esfuerzos para “concientizar a los adultos de la necesidad de eliminar todo tipo de tratos crueles, degradantes y humillantes sobre los niños, niñas y adolescentes”.
La iniciativa va dirigida a los padres, profesores, cuidadores de niños o sus responsables en colegios, hogares y demás espacios donde los menores están en compañía de otros menores y adultos.
Al final del debate, la Presidencia de la Comisión integró una subcomisión que se encargará de mejorar la redacción del articulado para evitar inexactitudes y confusiones, pues como dice la exposición de motivos “no se trata de crear otro tipo penal” sino de crear condiciones que mejoren la formación delos niños.
Esa subcomisión la integran los senadores Rodrigo Lara, Armando Benedetti, Esperanza Andrade, Eduardo Pacheco, Santiago Valencia y Angélica Lozano.
El proyecto de ley figura como primer punto en el orden del día para la sesión de mañana en la Comisión Primera de Senado.