Esta semana, el gobierno del presidente Sebastián Piñera de Chile anunció que no ratificará el acuerdo de derechos humanos ambientales en América Latina y el Caribe, Escazú.
La decisión causó sorpresa y desazón entre ambientalistas, sobre todo, considerando que el país fue uno de sus grandes promotores del tratado -junto a Costa Rica- y lo impulsó desde el año 2012.
Chile argumentó que las razones para apartarse del pacto obedecían a que podría exponer su soberanía en tribunales internacionales en momentos en los que sostenía un litigio ante la Corte Penal Internacional con su vecino Bolivia por la salida al mar.
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“De aprobarse Escazú, Chile puede ser arrastrado a tribunales internacionales y, por ende, verse afectada su soberanía por supuestos incumplimientos de obligaciones ambientales muy imprecisas. Algo que hoy no ocurre”, señaló el canciller chileno, Andrés Allamand.
Por su parte, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, aseguró que el problema no es el fondo del acuerdo, sino la redacción y las ambigüedades que podría generar su firma.
“El problema de Escazú no está en las temáticas que aborda, el problema no está en el acceso a la información, no está en la participación ciudadana ni en la justicia. El problema está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y la amplitud en que quedó”, aseguró Schmidt.
Por otra parte, el acuerdo plantea temores en algunos sectores productivos. Los críticos aseguran que en América Latina las personas ya tienen derecho a la transparencia, el acceso a la justicia y la participación. El Acuerdo establece principalmente una obligación para los Estados, de legislar para garantizar estos derechos bajo parámetros específicos. En otras palabras, el Acuerdo asegura que esos derechos, que ya existen, se cumplan de una manera específica.
Asimismo, considerando que nuevas regulaciones tienen distintas premisas e impactos para las empresas que estaban fuera de sus cálculos, pueden alarmar e incluso alejar inversores.
Otra duda frente a la aplicación del acuerdo surge de la definición de quién puede participar en las decisiones ambientales. El articulado establece que puede hacerlo el "público" lo que podría llevar a que un número indiscriminado de asociaciones, organizaciones, grupos o incluso gobiernos hostiles puedan incidir o dilatar proyectos de inversión bajo la fachada de la defensa del medio ambiente, con el fin de sofocar el crecimiento de determinados con fines políticos e ideológicos.
Pese a lo anterior, vale mencionar que esta misma semana el parlamento de Argentina aprobó su ratificación y se aseguró que “se trata de un acuerdo regional que busca proteger: los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales”.
El acuerdo
Luego de varios años de negociaciones, en marzo de 2018 se aprobó el primer tratado ambiental para América Latina y el Caribe, el Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Materia Ambiental, conocido como Acuerdo de Escazú.
El pacto fue aprobado tras una negociación que duró alrededor de seis años. Despliega el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental.
El Acuerdo desarrolla estos tres derechos y tiene como objetivo promover una mejor gobernanza de los recursos naturales en la región. Por su parte, 24 Estados aprobaron su texto final en la localidad costarricense de Escazú, donde se llevó a cabo la última de las nueve reuniones del Comité de Negociación.
El Acuerdo reconoce derechos especiales a los defensores de los derechos humanos ambientales, los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables para favorecer el acceso a la información, la participación y la justicia de estos grupos.
El tratado tiene como uno de los principales focos de atención las disputas en la región amazónica, donde las poblaciones demandan una mayor participación en la toma de decisiones, desde las etapas de planificación en adelante, sobre cualquier actividad de explotación de recursos naturales.
Por otra parte, el acuerdo busca proteger a los defensores de derechos ambientales que según el informe más reciente de Global Witness, de los 207 asesinatos documentados en todo el mundo en 2017, el 60% tuvo lugar en América Latina.
Sociedad civil
En noviembre de 2014, los 10 Estados que habían firmado la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 en 2012 decidieron comenzar a negociar un acuerdo regional. Para ello, se estableció un Comité de Negociación, que finalmente fue conformado por los 24 estados signatarios del acuerdo. La decisión que estableció el Comité de Negociación ordenó la participación pública en el proceso.
Para posibilitar la participación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que funcionó como Secretaría Técnica del proceso de negociación, estableció y coordinó el Mecanismo Público Regional al que más de 2.000 personas y organizaciones se inscribieron para recibir información periódica sobre el proceso, con el fin de participar en las reuniones virtuales y presenciales del Comité de Negociación.
El Mecanismo Público le dio voz pero no voto a la sociedad civil, los representantes de la sociedad civil pudieron participar en las reuniones junto con los delegados de los países, pero no pudieron votar en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica, la sociedad civil tuvo mucha influencia, ya que pudo llevar a la mesa las propuestas previamente acordadas entre un gran número de organizaciones, distribuirlas a los delegados y presentarlas en las reuniones.
La sociedad civil pudo influir en las posiciones de muchos delegados de gobierno y muchas de sus propuestas, aunque no todas, fueron incorporadas.
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Escazú reconoce el derecho a vivir en un ambiente saludable y requiere que cada Estado participante garantice ese derecho en sus pasos para cumplir con el tratado. Este reconocimiento otorga legitimidad a los defensores de los derechos ambientales en sus esfuerzos por garantizar un medio ambiente saludable para todos.
Se espera que el acuerdo sea un hito en el camino para poner fin a los conflictos ambientales de la región.
Ratificación
Quince Estados firmaron el acuerdo en septiembre de 2018 y Bolivia se unió en noviembre; en ese momento se inició un proceso de firma y ratificación, que estará abierto durante dos años.
Sin embargo, se necesitará más que un acuerdo internacional para garantizar los derechos de los defensores del medio ambiente de manera efectiva.
En 2018, Perú aprobó un Plan Nacional de Derechos Humanos que tiene fuertes vínculos con el Acuerdo de Escazú, ya que incluye varios procedimientos para la protección de defensores de derechos ambientales, como un registro nacional de denuncias y un sistema de alerta temprana.
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Así las cosas, Escazú establece estándares para la participación informada en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental. El acuerdo garantiza el derecho del público a la información sobre temas relacionados, al mismo tiempo que asegura su derecho a la participación informada en el proceso de aprobación ambiental de proyectos de inversión. También, elimina obstáculos a la justicia en este campo y requiere apoyo para personas o grupos en situación de vulnerabilidad.