Ante la creciente violencia desmedida en el Bajo Cauca Antioqueño y el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos y al DIH en contra de la población civil, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, les solicitó a las autoridades gubernamentales adelantar acciones urgentes.
Camargo advirtió que “es urgente que el Gobierno tome acciones con enfoque de derechos humanos para detener esta violencia. También le solicito a las autoridades nacionales y locales tomar medidas para garantizar la seguridad de las comunidades de la región”.
A la Defensoría le preocupa la sevicia utilizada por los grupos armados delincuenciales que se disputan el control territorial. Según los reportes recogidos, en agosto se presentó la masacre de tres jóvenes, decapitaciones, asesinatos selectivos y desapariciones. Incluso, se conoce el caso de un joven que fue sacado del colegio y posteriormente fue encontrado muerto.
A estos hechos se suma que desde agosto se han presentado más de 100 desplazamientos individuales y existe un alto riesgo de reclutamiento forzado contra niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
“Existe un nuevo ciclo de degradación de la violencia en la región, en la que los grupos armados delincuenciales buscan generar pánico en la población. En la actualidad los municipios más afectados son el Bagre y Caucasia, pero el conflicto puede escalar a Tarazá; Cáceres y Nechí”, señaló Carlos Camargo.
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Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de seis alertas tempranas para la región del Bajo Cauca. De estas, cinco han sido de inminencia y una estructural. En la actualidad se encuentra vigente la Alerta Temprana en la cual se advierte el riesgo para la población civil por las acciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’, el Eln y las disidencias de las Farc.
El Colectivo Buscadoras con Fe y Esperanza de Medellín, la Corporación Justicia al Derecho y Human Rights International documentaron con nombres y fotos los casos de los jóvenes que han desparecido en la troncal a la costa Atlántica en el Bajo Cauca, entre el 2020 y lo que va del 2022. En esa subregión han desaparecido 33 jóvenes entre los 15 y 31 años de edad, de los cuales no se tiene ningún rastro.
“Las autoridades y las comunidades conocen esto, y realmente no se ha hecho una atención rápida de control de prevención frente a este problema”, aseguró Carlos Arcila, defensor de derechos humanos en Antioquia.