- Más allá de acabar voto preferente
- Por una reforma política integral
A dos meses y medio de finalizar el primer tramo de la legislatura urge apretar el acelerador en el Senado y la Cámara de Representantes, más aún porque hay una abultada agenda de proyectos de ley y acto legislativo referidos a reformas de tipo político, electoral, judicial y anticorrupción, todos prioritarios. Igualmente hay que terminar el trámite parlamentario del presupuesto general para 2019 y es inminente la radicación de la reforma tributaria, a la que ya el tiempo empieza a acosar.
En todo ese maremagno legislativo uno de los frentes más adelantados es el de la reforma política y electoral. Ya hay ponencia para primer debate en la Comisión I del Senado y este martes comienza en firme la discusión del articulado. Sin embargo, no será fácil, ya que en medio del afán por arrancar las deliberaciones se acumularon elementos de distintas iniciativas partidistas así como temas derivados de la consulta popular anticorrupción, dando como resultado una ponencia mayoritaria que algunos expertos tachan de ‘colcha de retazos’, con una alta dosis de improvisación institucional e incoherencia sistémica, en la que no se tiene claro cuál es la arquitectura del modelo político y electoral a construir.
Esa circunstancia lleva a que, incluso, en los temas que sobre el papel tienen más consenso entre las bancadas no hay todavía la suficiente claridad. Por ejemplo, hay coincidencia entre el Gobierno y las colectividades en torno a la eliminación del voto preferente para dar paso a las listas cerradas y bloqueadas de candidatos de los partidos y movimientos políticos al Congreso, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales.
Es evidente que el voto preferente, creado en 2003, degeneró en un elemento que terminó por afectar la transparencia proselitista, ya que impulsó una competencia lesiva y sin cuartel entre los aspirantes de una misma plancha partidista por sumar respaldos en las urnas a diestra y siniestra, acudiendo para ello en no pocas ocasiones a la compraventa de votos, la violación de las reglas de financiación electoral, el fraude e incluso a maniobras ilícitas con redes de contratistas y mafias de distinto tipo. Pero de allí a presentar la posibilidad de que en una lista de candidatos el ciudadano pueda apoyar un nombre en particular, como la “madre de todos los vicios” de la corrupción política hay mucho trecho.
Como lo indicara un análisis en la edición dominical, el voto preferente no es el culpable de la dispersión ideológica de los partidos y movimientos políticos, como tampoco de que cada candidato monte una especie de ‘microempresa’ electoral con su propia estrategia e intereses, actuando como pieza suelta. La verdadera responsabilidad aquí es de la ausencia de un voto programático efectivo y, sobre todo, exigible para los candidatos y elegidos. Un voto programático que garantice que gane quien gane en las urnas tendrá que cumplir con una plataforma ideológica, de posturas y proyectos. Si esto se logra, el régimen de bancadas -hoy rey de burlas- tendría una aplicación práctica y eficaz.
Tampoco es culpa del voto preferente la financiación ilegal de las campañas o la violación de los topes máximos de inversión de los candidatos en sus actividades proselitistas. En los años recientes han convivido por igual las listas abiertas y las cerradas, sin que pueda decirse hoy que hay más transparencia en unas u otras. La culpa de esta falencia, en realidad, es de la debilidad de la institucionalidad electoral para vigilar en tiempo real qué gasta cada aspirante, cuál es el origen de esos recursos y si cuando ya se está en el ejercicio del cargo de elección popular no se incurre en anomalías para tratar de beneficiar a los aportantes, sean estos declarados o no en los libros contables que se presentan al Consejo Nacional Electoral.
Es claro, de igual manera –como lo hemos reiterado en estas páginas- que el encarecimiento de la actividad proselitista está originada directamente por la nefasta figura de la circunscripción nacional para Senado, que llevó a que para llegar a una curul en esta corporación se hable de inversiones de 10, 15 o 20 mil millones de pesos, a todas luces ilícitas y que luego se tratan de compensar con tráfico de influencias, mafias de contratación y otras prácticas corruptas conocidas.
Se pueden citar muchos más ejemplos de cómo el voto preferente no es el culpable único y directo de los peores vicios y falencias en el sistema político y electoral en Colombia. No se trata aquí de defender su permanencia, sino de entender que la reforma electoral debe ser integral, corrigiendo muchos flancos y puntos débiles. Un rompecabezas en donde todas las piezas deben ser ajustadas o, de lo contrario, la misión de transparencia política quedará a medio camino.