La Corte Constitucional, a la que le sobran los motivos, encontró la excusa perfecta para tumbarle al Gobierno la Ley de Financiamiento. Si bien es cierto que el Gobierno dio papaya, al descuidar el trámite legislativo, la Corte actuó de manera exegética y sin contemplaciones, con inquina política contra el Ejecutivo, dejando otra vez en evidencia su animadversión a la administración del Presidente Duque. La misma Corte que sin remordimientos le dio vía libre al “fast track”, y que interpretó el NO como un SÍ; la misma Corte que a veces es más constituyente que constitucional, que se abroga amplias libertades para “interpretar” la carta del 91, esta vez, a raja tabla, decidió ser implacable con el Ejecutivo, sin considerar las consecuencias sociales y económicas de su decisión.
Como bien lo expresó Mauricio Vargas en su columna del domingo, la decisión de la Corte, aunque ajustada a la ley, no deja de tener sabor político. Con ella, los mismos magistrados que al gobierno anterior todo le justificaban, se le atraviesan a Duque y lo exponen al chantaje del legislativo. Tratando de aparentar grandeza, en plena época electoral y de poca actividad legislativa, dan plazo hasta diciembre para volver a tramitar la ley.
Pretenderán que estemos agradecidos por su generosidad, pero el daño causado es irreparable. La inversión es adversa al riesgo, a la inestabilidad política, a la ausencia de reglas claras, a la inseguridad jurídica, a la incertidumbre. Esa es la consecuencia de la decisión de la Corte, espantar la inversión y someter al aparato productivo a desconfiar del país y de sus instituciones, donde resulta mejor guardar la plata debajo del colchón, o si es posible, sacarla del país, en lugar de invertirla en Colombia.
A pesar de las innumerables facultades que se ha atribuido la Corte, por fuera de las que le otorgó la Constitución en su artículo 239 y siguientes, resulta extraño que en esta ocasión no se les haya ocurrido ordenar al legislativo subsanar los vicios en el trámite de la ley, como ya lo habían hecho en el pasado. Habrían podido evitar no solo traumatismos a la economía, también que los más voraces críticos del Gobierno se reabastezcan de mermelada. Ojalá, en un arrebato de sensatez, permitan que el trámite legislativo de la ley de financiamiento se retome en su cuarto debate en la Cámara de Representantes, donde, por omisión del principio de publicidad, la Corte tumbó la ley, señalando que su vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2019, por lo que si se contempló este acápite podría no volverse a empezar de cero.
Finalmente, valdría la pena saber si la Corte decide reservarse el derecho a pronunciarse sobre las más de 20 demandas contra la ley, en ese caso no tendría ninguna seguridad tramitar de nuevo la ley, pues en cualquier momento los honorables magistrados pueden volver a pronunciarse sobre los mismos hechos, y en un mes, pueden encontrar vicios de fondo y volverla a tumbar.
Es fundamental que el Gobierno le pida al alto tribunal claridad debido a que no pueden mantener al país en una situación de incertidumbre que lo que genera además de alejar la inversión es frenar la reactivación económica que, gracias a la ley, se estaba empezando a conseguir.