El Gobierno nacional reiteró su desacuerdo con la despenalización total del aborto, tal como lo solicita el colectivo Causa Justa ante la Corte Constitucional.
En efecto, en concepto enviado al Alto Tribunal, el Ministerio de Justicia y del Derecho asegura que la competencia para la despenalización del aborto es menester del Congreso de la República, y no de la Corte Constitucional.
El documento, suscrito por el viceministro Francisco José Chaux, advierte que “solo en el caso eventual de que lo determinado por el Congreso colombiano resulte indiscutiblemente violatorio de las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado en materia de derechos humanos, será entonces la Corte Constitucional la llamada a desplegar un juicio abstracto de constitucionalidad o convencionalidad sobre la normativa legal”.
El Ministerio de Justicia se une de esta manera a los pronunciamientos que en el mismo sentido ya habían hecho en conceptos enviados a la Corte por las carteras de Salud y Educación, que únicamente es legal la interrupción del embarazo aprobado por la Corte a través de la sentencia C-355 de 2006: por riesgo para la vida o la salud física y mental de la mujer, por malformación comprobada del feto y cuando el embarazo sea producto de violación o incesto.
“Este Ministerio considera que, si la corporación decide revaluar su jurisprudencia previa, según la cual la vida del feto es un bien constitucionalmente protegido, no puede dejar de explicar o plantear cómo ello debe conciliarse con el hecho de que en la actualidad (...) se ha hecho un necesario cambio de enfoque que también salvaguarda la vida y existencia de animales, a través de medidas penales. Justamente, la sociedad merece saber por qué sí resulta constitucionalmente razonable castigar, incluso penalmente, a quienes lesionan la vida de animales, pero no es posible imponer medidas sancionatorias destinadas a proteger la vida del humano no nacido, que, a pesar de no ser persona en el aspecto civil del término, sí sería, a partir de algún momento de su desarrollo, cuando menos un ser perteneciente a la especie humana”, afirma la misiva del Ministerio a la Corte.
En ese sentido, el Ministerio de Justicia considera que el tribunal debería declararse inhibido frente al tema y “valorar las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales que promueven la despenalización del aborto, al igual que la jurisprudencia Interamericana que estableció el deber progresivo y gradual de proteger la vida de los seres humanos en formación”.
Las barreras
Entre otros argumentos, el colectivo Causa Justa considera que mantener penalizado el aborto “obliga a las mujeres a acudir a soluciones inseguras que ponen en riesgo su vida”.
- Le puede interesar: La Corte se inhibió: el régimen del aborto no se modifica
Además, sostiene que son muchas las barreras que ponen, incluso, las EPS, para no autorizar la interrupción del embarazo aún en los tres casos despenalizados por la Corte Constitucional.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, en concepto al tribunal que salvaguardia la Carta Política de 1991, explicó que entre 2018 y septiembre de 2020 ha conocido 131 casos en los que a las mujeres les pusieron barreras a la hora de interrumpir su embarazo de manera voluntaria, de los cuales 116 son nuevos y 15 seguimientos.
De esos 116 casos, cuatro se solicitaron por malformación del feto, 37 por violencia sexual y 61 por riesgo a la salud o la vida de la mujer. En 13 casos no se reportó causal.
Dichas barreras, de acuerdo con la Defensoría, estuvieron en los sistemas de salud o médicos tratantes, las autoridades indígenas o de las secretarías de salud municipales que argumentaron, entre otras razones, objeción de conciencia, falta de equipo médico, omisión o dificultades para presentar la denuncia.
También dijo la Defensoría, a las mujeres se les exigen documentos innecesarios por ley para practicarse un aborto, así estén dentro de las tres causales legales.
La ponencia de la denuncia contra la sentencia de 2006 está en manos del magistrado Antonio José Lizarazo quien, además, ya pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar certificar cuántas niñas y adolescentes han pedido un aborto en las tres causales aprobadas por la Corte.
Contra la demanda están otras organizaciones que consideran que la vida humana comienza desde la concepción, y no desde el nacimiento.