Una de las prioridades del gobierno Petro para esta tercera legislatura ha sido la posibilidad de presentar un proyecto de reforma agraria integral. Sin embargo, desde distintos sectores políticos le han advertido que esto no es posible a menos que se den dos condiciones.

La primera, que la iniciativa sea concertada con todos los partidos y sectores económicos del país. Y la segunda, que la propuesta no esté ideologizada ni atente contra la rentabilidad y el progreso del campo.

EL NUEVO SIGLO consultó a varios senadores de la Comisión Quinta Permanente Constitucional, célula congresional que se encarga del debate de los temas agrarios, en torno a qué clase de reforma agraria se requeriría y cuáles deben ser sus características.

El contenido del texto 

Inicialmente el senador Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, expresó: “La reforma agraria integral no se puede tratar solamente de comprar y entregar tierras, sino precisamente de un tema de desarrollo integral, de darles la mano a los productores con asistencia técnica, acceso a créditos, a mejoramiento de vivienda rural, mejoras en la red vial rural, acceso a educación, entre otros. No se puede tratar de entregar tierras y dejar abandonados a los agricultores, sino verdaderamente brindar un acompañamiento para que las tierras sean productivas y nuestros productores sean competitivos”.

A su turno, el senador José David Name afirmó: “Sé se necesita una reforma agraria, pero conciliada con todos los sectores del país, el económico, el productivo y el político. Una concertación unánime, que beneficie a los productores, comercializadores y distribuidores agrícolas y que sea respaldada por todos los sectores políticos sin excepciones”.

Miguel Barreto, del Partido Conservador, señaló: “Para una reforma agraria lo que se necesitan son recursos. La política agraria en Colombia, comparada con otros países del mundo, por ejemplo, si ponemos a competir a los arroceros y a los maiceros en la economía mundial, encontramos que otras economías están subsidiadas, tienen tecnología, infraestructura y se anudan en una cadena de producción y comercialización que beneficia al productor, mientras en Colombia no sucede así, la intermediación es muy fuerte, el costo de los insumos es muy alto, no hay infraestructura, hay poca tecnología y pienso que eso se debe a la falta de recursos para mejorar las vías terciarias y faltan recursos para aplicar nuevas tecnologías que promuevan la competitividad en el país”.

Así mismo, el senador Guido Echeverri, del partido En Marcha, sostiene en relación con la reforma: “Si se pretende una reforma agraria, el texto de la iniciativa debería contener varios aspectos fundamentales. Inicialmente se debe proponer un procedimiento expedito para identificar, adquirir y adjudicar tierras productivas en todo el territorio nacional; como segundo aspecto, debe contener un marco legal especial, pero sin excluir la intervención judicial, la cual es de vital importancia para el proceso”.

A su vez, el senador Didier Lobo, del partido Cambio Radical, dijo: “Es imperativo realizar una reforma agraria en el país, para lo cual el Estado debe llegar con sus beneficios a las zonas plagadas por el narcotráfico en todo el territorio. Actualmente, menos del 10 % de nuestros campesinos reciben asistencia técnica por parte del Estado hoy en Colombia”.

Acto legislativo o proyecto de ley     

Por su parte, el senador Marcos Daniel Pineda aseveró: “Para el marco normativo de esta se necesita mucha voluntad por parte del Gobierno nacional y una articulación eficiente entre las distintas carteras que tienen injerencia en esta reforma, cuyos aportes contribuirían a la construcción de la propuesta definitiva que llegaría al Congreso de la República. Pensar que esto es una competencia exclusiva del Ministerio de Agricultura, es dejar por fuera las múltiples necesidades que tienen los campesinos, por ejemplo en contar con servicios públicos, con vivienda, con vías adecuadas para movilizar sus productos. 

A su turno, el senador José David Name, del Partido de la U, asegura: “Con las leyes vigentes actualmente en Colombia, se puede empezar a pensar en hacer cambios. Un proyecto de ley, si no se modifica la Constitución Nacional, se puede adelantar y es una vía más rápida que abarca únicamente cuatro debates. A diferencia de un trámite de acto legislativo que requiere un espacio más amplio de discusión y advierte de una reforma constitucional, que no es necesaria en esta materia”.

En relación con este tema, el senador Miguel Barreto recalcó: “Hay un dicho que dice que 'no hay mejor ministro de Agricultura que el ministro de Hacienda”. Si solucionamos el tema de vías terciarias no se requeriría un acto legislativo; si fortalecemos los centros de investigación como Corpoica no necesitamos acto legislativo. Creo que para muchas cosas se necesita voluntad política y económica para comenzar a solucionar los problemas del sector agropecuario en Colombia, y la principal dificultad está en la deficiente infraestructura que presentan las vías rurales y el retraso tecnológico en el que se encuentra sumergida la agricultura nacional”. 

De la misma manera, el senador Guido Echeverri dijo: “Al presentar un proyecto de ley o un acto legislativo en este sentido, implica de parte del Estado fortalecer la jurisdicción agraria y hacer más ágiles los procedimientos sin incurrir en las demoras de la jurisdicción ordinaria. Se trata de dos alternativas legislativas distintas y con trámites diferentes que deben ser concertadas entre el Congreso los sectores agrícolas y el Gobierno. Para ello es necesario que haya voluntad política”.

El senador Didier Lobo señaló: “Se debe revisar la política de importaciones de alimentos en relación con la demanda de campesinos que ven sustituidos sus productos por alimentos aparentemente más baratos”.

El Gobierno afirma

El presidente Gustavo Petro confirmó durante la instalación del Congreso que presentará una iniciativa de reforma agraria: “Yo los voy a invitar a ustedes a cambiar las normas que nos permitan, efectivamente, hacer una reforma agraria en Colombia y lograr que el territorio excluido pueda incluirse en el desarrollo y en el progreso nacional. Este es el momento de hacer una reforma agraria y no es una súplica, ha quedado escrito en algo que se llama –y no conocía, tengo que confesarlo– el concepto Declaración Unilateral de Estado”.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura se ha fijado el propósito de presentar una propuesta en esta materia: “El Ministerio de Agricultura buscará hacer modificaciones a la Ley 135 de 1961, en cuyo texto se fundamentaban tres lineamientos estratégicos para adelantar el proceso de reforma agraria en Colombia: contempla la dotación de tierras a campesinos carentes de ellas; la adecuación de tierras para incorporarlas a la producción; y la dotación de servicios sociales básicos y otros apoyos complementarios”. 

El Gobierno nacional basa esta propuesta en los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. Sin embargo, y con tres periodos en el Congreso de la República, aún la Casa de Nariño no ha presentado el proyecto de reforma agraria, a pesar de los continuos anuncios al respecto.