Más facultades a Supersalud levanta ola de controversia

Foto Montaje El Nuevo Siglo

Con el fin de incorporar cambios en el modelo de vigilancia, inspección y control por parte de la Superintendencia de Salud, fue radicado ayer un proyecto de ley que fue criticado por el exsuperintendente Darío Angarita.

El actual superintendente Fabio Aristizábal, dijo que “lo que buscamos es garantizar una mayor capacidad sancionatoria para que nuestras decisiones y acciones garanticen la estabilización del Sistema de Salud”.

Según  el funcionario, con el proyecto de ley será posible retirar gerentes o revisores fiscales de las empresas públicas y privadas que manejen la salud, así como inhabilitarlos por 15 años cuando se haya infringido la ley.

Aristizábal explicó, que "que actualmente la máxima sanción que puede ejercer la Superintendencia de Salud llega hasta 2.500 salarios mínimos legales vigentes. En este proyecto de ley, la sanción pasa a 8.000 salarios mínimos legales vigentes para las personas jurídicas".

Las personas naturales, anotó, "hoy tienen sanciones que oscilan entre los 10 y 100 salarios, y con el proyecto pasaríamos desde los 50 hasta los 1.000 salarios mínimos".

Una vez aprobada la ley "habrá una multa sucesiva. Si nosotros damos una instrucción que no sea económica y no la cumplen, vamos a implementar multas sucesivas que podrían llegar hasta los 3.000 salarios mínimos, si es una entidad jurídica, y hasta los 300 salarios mínimos si es una persona natural", agregó.

Sin embargo, el exsuperintendente Angarita sostuvo que “no estoy de acuerdo, porque no está en la capacidad institucional la Superintendencia Nacional de Salud de seguir asumiendo más funciones, toda vez que eso desborda su capacidad, lo que da lugar a que no se haga un verdadero control”.

En opinión de Angarita, “por eso se presentan situaciones como la que paso con Saludcoop y ahora con Medimás”, reiterando que “no me parece que deba tener esas facultades. Las facultades las deben tener esas juntas directivas que nombran los gerentes de los hospitales, hoy Empresas Sociales del Estado. Ellos deben nombrar personas probas, personas honestas y personas que conozcan la salud en Colombia”.

“Con más funciones la Superintendencia no puede hacer lo uno ni lo otro”, dijo.