En el seguimiento que le hace EL NUEVO SIGLO a los proyectos de reforma política y electoral, hace ocho días publicó el inminente hundimiento por tiempos de una de esas iniciativas, archivo que se protocolizó esta semana.
- Le puede interesar: Diferencia en propuestas de salario mínimo para 2021 será abismal
Esta propuesta en particular generó especial interés porque en uno de sus apartes se congelaba la asignación salarial de los altos cargos del Estado por cuatro años (es decir, a todos los servidores públicos con salarios por encima de los 20 salarios mínimos), exceptuando al cuerpo diplomático, pero incluyendo, por su puesto, a los congresistas.
Actualmente un legislador colombiano gana $34,4 millones al mes, aunque la asignación neta es menor. Antes que se aplicara el incremento legal de 5,12%, los senadores y representantes recibían como pago básico salarial la suma de $7,9 millones, a la que se suman otros $10,7 millones por prima de servicios especiales y $14 millones de gastos de representación, lo que sumaba $32,7 millones, pero las deducciones (aportes a salud y pensión, retención de la fuente, entre otras) sumaban $13 millones, con lo que el valor neto a pagar era $19,7 millones.
No es la primera vez (no será la última) que se busca reducir infructuosamente la asignación salarial de los congresistas. De hecho, como se verá, quedan vivos (aunque en cuidados intensivos) al menos tres proyectos que procuran el objetivo por diferentes caminos.
El coordinador de ponentes del proyecto hundido por tiempo, el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, aseguró ayer que la iniciativa fracasó "por falta de voluntad política", porque “la mesa directiva del Senado no agendó este debate y por tiempo es imposible que se pueda debatir y votar”.
Pacto político
Efectivamente, pasó más de un mes desde que la reforma constitucional se aprobó en la Comisión Primera del Senado sin que fuera agendada en la respectiva plenaria; fue presentada por la bancada liberal, acumulada con la de la bancada alternativa y con otra iniciativa para limitar la reelección en los cuerpos colegiados.
- Le sugerimos: Senado aprobó nuevos honorarios para concejales
Velasco sostuvo que “le vimos mucha pereza al Gobierno. No le interesó la reforma y una reforma de este calado tiene que surgir de un pacto político. Yo hablaré con los líderes de otros partidos y es probable que una reforma pueda funcionar en la medida en que no se aplique a quienes la aprueban, sino que se aplique en la posteridad porque Colombia sí necesita una reforma política”.
Como ya se dijo, no se puede ignorar que son varias las propuestas que los propios congresistas han impulsado para reducirse el ingreso, pero también es verdad que la mayoría de los legisladores parece conformarse con la enorme diferencia entre sus sueldos y la de los demás ciudadanos.
Colateralmente hay que decir que no pocas veces las bancadas avalan las propuestas de sus afines y rechazan las de sus contradictores, así en el fondo busquen las mismas cosas. De esa forma no salen adelante unas ni otras.
Impuesto fijo
Ahora, en medio de la crisis generada por el coronavirus, desde el Congreso se proponen alternativas para que el salario de los congresistas ayude a palear la crisis que viven muchos colombianos.
Es el caso del proyecto de ley número 200 de 2020 Cámara, “por el cual se crea un impuesto al salario de los congresistas y se dictan otras disposiciones”, radicado el 21 de julio por el expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático y que desde el 28 de octubre tiene ponencia positiva para primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara preparada por los representantes Fabio Arroyave (Partido Liberal), Gilberto Betancourt (Cambio Radical) y Edwin Valdés (Centro Democrático).
El proyecto plantea gravar con 10% permanente el salario de los congresistas, con lo que se recaudarían aproximadamente $660.146.620 mensuales.
El propósito del Centro Democrático es que el ahorro se destine a programas sociales del Gobierno.
Aunque está corta de tiempo, la aprobación de la Comisión permitiría que los tres debates restantes puedan efectuarse entre marzo y junio del próximo año.
Esta propuesta del uribismo va atada a otra que pretende reducir en cerca del 50% la conformación del Congreso: 50 senadores y 100 representantes. Dicen sus promotores que por esa vía, el Estado podría ahorrarse cerca de $300.000 millones al año.
Sin debate
En la Comisión Primera del Senado, desde el 23 de septiembre también está lista para primer debate la ponencia del proyecto de reforma constitucional “por medio del cual se modifica el salario de los congresistas y se dictan otras disposiciones”.
La iniciativa que reduce la asignación parlamentaria de 40 a 25 salarios mínimos, ata su incremento al que defina la Mesa de Concertación Salarial y le aumenta mes y medio a cada legislatura (el receso que empieza el 16 de diciembre terminaría el 1 de febrero y no el 16 de marzo), fue radicada el 22 de julio por las bancadas opositoras (Lista de la Decencia, Colombia Humana, MAIS, Polo Democrático, Farc y Alianza Verde) y cuenta con informe de ponencia preparada por Armando Benedetti (ex La U), Julián Gallo (Farc), Alexander López (Polo) y Gustavo Petro (Colombia Humana).
Dado que no ha tenido ni uno solo de los ocho debates que debe afrontar en cuatro meses (mitad de diciembre, mitad de marzo, abril, mayo y 20 días de junio), el proyecto está prácticamente hundido.
También está prácticamente rechazada sin ningún debate una propuesta que ya lleva varios no de los congresistas: la modificación de la asignación de los gastos de representación (que como ya se vio son del orden de los $14 millones mensuales por cada parlamentario) para solo se les paguen a los legisladores que realicen sus actividades de forma presencial en el Capitolio Nacional; adicionalmente, el proyecto número 204 de 2020 Senado, “por medio del cual se modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones”, radicado el 10 de agosto por los senadores López, Gustavo Bolívar (Lista de la Decencia) y Angélica Lozano (Alianza Verde), le pone un tope a los gastos de representación de 10 salarios mínimos (que hoy sería de $8,7 millones).
La idea nació de una proposición planteada en agosto por el senador Temístocles Ortega, de Cambio Radical, durante una sesión de la Comisión Primera, donde fue derrotada.
Tras ese revés, el senador Bolívar llevó la propuesta a la plenaria, donde volvió a ser negada.
“¿Apoyan no pago de gastos de representación a congresistas que legislen desde sus casas? Son 14 millones mensuales para cada uno que no estamos gastando en lo que fueron destinados. Les aseguro que ahí sí aprueban Congreso presencial”, dijo entonces.
Por esos días, el senador Roy Barreras, exmilitante de La U, consideró que sus colegas que sesionan “virtualmente cómodamente desde sus casas y desde sus ciudades” son legisladores que “no necesitan viáticos, pasajes ni arriendo en Bogotá, si no van al Congreso”.
Desde que se expidió la Constitución de 1991, los salarios de los congresistas no se fijan con base en el índice de precios al consumidor (IPC) que anualmente certifica el DANE y que sirve para definir el aumento del salario mínimo en el país, sino que como lo precisa el artículo 187 de la Carta “la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”.