Cuando llegue el próximo mes de julio y comience a operar la primera de las ocho turbinas que generarán el 17% de la energía del país, habrá terminado una de las historias más fatídicas en la época reciente de Colombia.

Durante más de cincuenta años, se ha planeado, estudiado y ahora ejecutado el proyecto Hidroeléctrico de Ituango (Hidroituango), uno de los megaproyectos que serán de gran importancia para el continente, y que con el reciente paz y salvo de la deuda fiscal, parece que será una realidad para beneficio de los colombianos.

Vale recordar que el proyecto comenzó a gestarse desde el año 1969, cuando iniciaron los primeros estudios de prefactibilidad en varios puntos del río Cauca como Farallones, Cañafisto y, por supuesto, Ituango, siendo este último el escogido para desarrollar la obra.

Aunque en 1983 se completaron estos estudios, las autoridades locales y nacionales decidieron postergar la obra ante la falta de demanda que requería su ejecución. No obstante, en 1997 la Asamblea de Antioquia aprobó la creación de la Sociedad promotora Pescadero Ituango S.A., con la que se impulsó de nuevo la megaobra, a través de cincuenta firmas para la actualización de los estudios y la redefinición del proyecto.

Con la entrega de los estudios ambientales por parte de la firma Integral al Ministerio de Minas y Energía en 2006, la cartera, tras dos años de análisis, declaró como de utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción del proyecto.

Finalmente, la cartera, mediante la resolución 155 de 2009, le otorgó la licencia ambiental a la hidroeléctrica para comenzar su construcción en 2010, en la que se contemplaba su funcionamiento a partir del 2018.

Con la suscripción del contrato tipo Boomt (Build, Operate, Own, Maintain and Transfer, por sus siglas en inglés) por parte de EPM, en 2010 se dio inicio a esta megaobra, pero cuatro años después comenzaron los primeros problemas del cauce del río, lo que obligó a construir un túnel denominado Galería Auxiliar de Desvío (GAD), en el que se instalarían las compuertas de cierre.

Ante los retrasos generados por las constantes temporadas de lluvias que crecían el afluente hídrico, se pactó un nuevo acuerdo con el que se trae nueva mano de obra y otros equipos para acelerar la construcción de pozos y revestimientos, y esperar su funcionamiento en noviembre de 2018. Las obras fueron avanzando constantemente, tanto así que en julio de ese año se tenía previsto el llenado controlado del embalse.

No obstante, la noche del 29 de abril del 2018, con la disminución del cauce del río Cauca, inició el verdadero viacrucis para este megaproyecto hidroeléctrico.

Inicio de la emergencia

El camino tortuoso de Hidroituango comenzó con el desplome del túnel GAP el 30 de abril, después con una alerta de deslizamiento y luego con el taponamiento del río a las obras, por lo que a mediados de mayo de ese año, EPM ordenó la inundación de la Casa de Máquinas como la única alternativa para recuperar el caudal del río y evitar una emergencia aguas arriba y aguas abajo de la obra.

Esta maniobra hizo que el túnel derecho se destaponara pero produciendo la creciente súbita del río Cauca, que generó afectaciones en los municipios de Antioquia, Sucre y Magdalena. La obra alcanzó a copar 410 metros sobre el nivel del mar, con lo que se garantizaba la tranquilidad de la región. Solo hasta junio, culminó el vertedero y el agua comenzó a circular por sus canales, y finalmente en noviembre, se empezó a retornar a la normalidad.

A partir de ahí, comenzaron no solo la reconstrucción del proyecto sino los líos judiciales, iniciando por EPM, que fue el pionero en mencionar el 2022 como fecha tentativa para el inicio de la primera turbina. A su vez, inició a esparcirse el rumor de que si no se construía Hidroituango, Colombia se expondría a un racionamiento energético, como lo sucedido en 1993.

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Tiempo después, la Fiscalía abrió una indagación para investigar posibles irregularidades en las contrataciones del proyecto; a su vez, la Contraloría, en septiembre del 2019, informó que el proyecto hidroeléctrico poseía un valor negativo de $5,7 billones y predijo que su rentabilidad tardaría 35 años aproximadamente, por lo que anunciaba la investigación a 34 funcionarios por fallas en la planeación y ejecución de la obra.

Para el año 2020, inició una oleada de renuncias en la Mesa Directiva de EPM, empezando con el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Además, la entidad recibió otro mazazo con la calificación de BBB- de las calificadoras de riesgo.

Y todo esto detonó en el pasado mes de septiembre del 2021, cuando la Contraloría reveló un fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el que se le imputaron cargos a 26 funcionarios y contratistas del proyecto, al considerar que existía un daño al patrimonio estatal en la obra.

En el fallo, se encuentran vinculadas 17 personas naturales y 9 personas jurídicas, entre los cuales están los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y el ahora precandidato presidencial Sergio Fajardo, además del exalcalde de Medellín, Fabio Alonso Salazar, funcionarios de EPM, contratistas y demás interventores en la obra.

Pese a los reclamos y sugerencias de abolir este fallo, el pasado 26 de noviembre, el ente de control decidió en segunda instancia mantener la orden, aclarando que de los $4,3 billones de responsabilidad fiscal, $3,1 billones son por la destrucción del valor de la inversión del proyecto; y $1,2 billones por concepto de lucro cesante.

Justamente, Sergio Fajardo había solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) argumentando que existe un complot en su contra, y mencionando que el contralor Felipe Córdoba no actuó de manera imparcial en este caso.

En respuesta a ello, Córdoba defendió su gestión y lanzó una crítica fuerte al precandidato presidencial. “Sabemos que nuestra función no es del agrado de quienes actúan transgrediendo las leyes con el objetivo de apropiarse de los recursos de los colombianos. Sin embargo, no nos importa”, mencionó en la pasada Cumbre de Contralorías.

No obstante, el pasado viernes, con la presencia del presidente Iván Duque, se firmó el contrato de transacción de pago entre EPM y Seguros Mapfre, que se comprometió a pagar $3,9 billones de pesos del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría, lo que permitirá la continuidad de las obras en el megaproyecto de Ituango.

Lo que falta

El paso a seguir será la oficialización de la prórroga del contrato entre EPM y el consorcio CCC Ituango, que culminará el próximo 31 de diciembre; sin embargo, Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, informó que se tiene acordada la extensión del mismo por un periodo de ocho meses, que es el plazo estimado para realizar la licitación y empalme con el nuevo interventor de la obra, para concretar los puntos finales de la megaobra hidroeléctrica.

Por su parte, la Contraloría advirtió que continuará vigilando permanentemente este proceso, con el fin de que lo acordado se cumpla con total cabalidad.

Si se cumple con lo pactado en el nuevo cronograma, en el mes de julio del 2022 comenzará a funcionar la primera turbina del proyecto, mientras que en noviembre del mismo año, iniciará la segunda turbina. Asimismo, para 2023 se espera que se complete la primera fase con la puesta en marcha de las cuatro turbinas. Y, finalmente, para el 2025 estaría funcionando en su totalidad.