Comenzó la última semana de sesiones ordinarias en el Congreso de la República, donde se definirá la suerte de varias iniciativas que están a un paso de ser sancionadas como ley de la República.

Es el caso de la Ley Anticorrupción, cuya conciliación se desarrollará en esta semana, se resolverá si se retira o no el polémico artículo que establece penas de prisión, multas económicas y pérdida de la personería jurídica a quienes injurien o calumnien a funcionarios del Estado, que ha sido calificado como restricción a la libertad de prensa.

Vale recordar que la conciliación es el último paso entre ambas células legislativas para decidir la aprobación de los artículos que quedarán expuestos en el texto final, que será presentado y sancionado por el Presidente.

Sin embargo, debido a las múltiples reacciones de las diferentes personalidades de la clase política, comenzando con el mandatario Iván Duque, quien advirtió que podría objetar este artículo, aún persisten las dudas sobre cuál va a ser el texto que será escogido por el Senado y la Cámara, pero se mantiene la solicitud de que el artículo 68 sea retirado.

Lío jurídico

Aunque existe total apoyo a la eliminación de este artículo, la problemática surge en el ámbito jurídico del Congreso.

Frente a ello, el senador y conciliador del proyecto, Carlos Abraham Jiménez, le dijo a este diario que la decisión presidencial daría punto final a esta polémica, pero que el reglamento obligaría a escoger por uno de los dos textos para pasarlo a sanción del Jefe de Estado.

“Nos alegra que el Presidente lo coloque, porque evita que los conciliadores caigamos en una ilegalidad. Recordemos que hace ocho años, los conciliadores de la reforma a la justicia intentaron modular algunos artículos, lo que les provocó una denuncia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado. Entonces, con este llamado del Presidente, nos da tranquilidad a todos los colombianos de que el artículo en mención va a ser objetado por él, y desde luego que el Congreso lo acogerá unánimemente”, indicó.

No obstante, el representante César Lorduy mencionó que, dentro de la normativa congresional, hay un parágrafo que permite que en las conciliaciones se puedan excluir los dos artículos expuestos en la Ley, tanto de Senado como de Cámara.

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Aunque el texto de Cámara solo establece la pérdida de la personería jurídica, el de Senado contempla penas privativas de la libertad y multas económicas a quienes cometan injuria y calumnia contra servidores.

En caso de no haber acuerdo, el Congreso asegura que no podrá ser presentado, debido a que debe tener las firmas de ambos conciliadores. En este sentido, la discusión recaería en marzo del próximo año, cuando se inicie el periodo legislativo del 2022.

Otro camino que podría derivarse en el proyecto sería la aprobación del articulado, incluido la famosa “Ley Mordaza”. En este caso, el Presidente devolvería el proyecto al Congreso, junto con una serie de observaciones donde exprese el retiro de las proposiciones que considere necesarias.

Vale recordar que el presidente Duque, acogiéndose a la Declaración de Chapultepec, se refirió a que este punto podría atentar contra la libertad de prensa.

“Como firmante y defensor de la Declaración de Chapultepec es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada”, destacó.

Asimismo, las organizaciones sociales manifestaron su desacuerdo con la proposición aprobada en la plenaria de Cámara con 73 votos a favor.

“Hacemos un llamado a la Comisión que conciliará el texto definitivo del proyecto de ley, para que lo retire, y en caso de ser incluido, exhortamos al presidente Iván Duque para que objete parcialmente el Proyecto de Ley Anticorrupción, en particular el artículo 68 ya que es inconstitucional”, mencionó la FLIP.

Asimismo, el Consejo Gremial declaró que “este artículo crea un precedente negativo en el ejercicio libre de los derechos democráticos a la libertad de opinión y a la libertad de prensa, poniendo en riesgo la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación de informar, y de difundir la realidad actual por la que atraviesa el país”.

Se espera que entre hoy y el miércoles se defina cuál será el texto que se presentará en la conciliación, con el fin de que sea anunciado en ambas plenarias y así pueda ser discutido mañana o el próximo viernes, en una jornada que será de Congreso pleno.