“Nos preocupa la situación de riesgo para la población que habita 16 municipios de la subregión de Los Montes de María por cuenta de la expansión territorial y consolidación de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, las cuales incluso resuelven conflictos de la comunidad, imponen sanciones o financian proyectos, usurpando funciones del Estado”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Desde El Carmen de Bolívar, el defensor del Pueblo hizo referencia a la Alerta Temprana para la subregión de Los Montes de María. Allí se advierte el peligro que corren los habitantes en los municipios de El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Jacinto, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Córdoba y El Guamo, en Bolívar. Así mismo, en San Onofre, Morroa, Ovejas, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó y Sincelejo, en Sucre.

“Emitimos esta alerta debido a la reciente información recogida por la Defensoría Delegada para Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas (SAT), en la que se indica el aumento de amenazas contra la vida e integridad física a través de panfletos, llamadas telefónicas y mensajes de texto; desplazamiento forzado, violencia sexual, intervención en espacios comunales y convocatoria a reuniones a las Juntas de Acción Comunal (JAC) para validar su presencia e imponer normas, reclutamiento de jóvenes, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes y constreñimiento a la población rural”, explicó el defensor del Pueblo.

Lugar estratégico

Este territorio tiene gran importancia para los grupos armados debido a que es geoestratégico para el desarrollo de economías ilegales, el abastecimiento y el ocultamiento de sus miembros, por cuanto su topografía se caracteriza por unas zonas montañosas con salida al mar, y por la fácil conexión con ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo, a través de vías como la Troncal de Occidente, la Troncal del Caribe y la Transversal de Contenedores.

Los Montes de María también conforman una especie de bisagra entre la dinámica ilegal del sur de Bolívar y sur de Córdoba con las zonas costeras y puertos marítimos que conectan con los mercados ilegales internacionales.

“Hemos encontrado que las AGC buscan imponer su dominio sobre los liderazgos sociales, comunitarios, comunales, juveniles y personas defensoras de derechos humanos. Para ello, acuden a las amenazas directas e indirectas, provocan desplazamientos o atentan contra su vida o bienes. En algunos municipios acuden a bandas delincuenciales locales para que ejecuten las acciones, lo que dificulta a las autoridades establecer un vínculo directo con esa estructura delincuencial”, explicó Carlos Camargo.

Vale destacar que durante los primeros nueve meses de este año se reportaron 134 homicidios en Los Montes de María. Y son preocupantes también la violencia y amenazas contra mujeres y lideresas sociales; así como la condición especial de riesgo que corren los indígenas del pueblo zenú en 50 cabildos indígenas y 40 consejos comunitarios.

“Enviamos 27 recomendaciones a distintas autoridades civiles y a la Fuerza Pública, para que se proteja a los habitantes de esta importante región del país. Solicitamos que haya coordinación entre las entidades para una respuesta rápida; que la Fuerza Pública realice una labor de disuasión, control y mitigación del contexto de amenaza con enfoque de seguridad integral y protección de las comunidades; así como un trabajo de prevención y protección, de fortalecimiento institucional y comunitario, y mayor presencia estatal a través de proyectos de desarrollo social”, aseguró el defensor del Pueblo.

Finalmente, Carlos Camargo recordó que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo son herramientas de carácter eminentemente preventivo y que justamente allí radica su valor, para que las diferentes entidades del Estado adopten las medidas necesarias para evitar las vulneraciones a los derechos de las comunidades.

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Escenario de desplazamiento

Un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) que se titula “Montes de María bajo fuego”, señala que más de 158 mil víctimas de desplazamiento forzado se presentaron en esta zona del país en los últimos 30 años. En el mismo periodo, cerca de 82.600 hectáreas de tierra fueron abandonadas, convirtiéndose en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado.

De acuerdo con el documento, “entre 1996 y 2001 los paramilitares ejecutaron más de 70 masacres contra campesinos de los pueblos y veredas, que arbitrariamente consideraban eran supuesto apoyo de la guerrilla”.

El bloque paramilitar que operaba en la subregión era, precisamente, el Bloque Montes de María, que se desmovilizó en 2004. En el corregimiento de San Pablo (Bolívar), cerca de 500 paramilitares dejaron las armas.

Antes de culminar la presidencia de Iván Duque, la Defensoría del Pueblo le había enviado un mensaje al Gobierno nacional para que asignara recursos y pusiera en marcha obras destinadas a la infraestructura escolar para el posconflicto en los Montes de María.

Según esta entidad, en al menos 34 colegios se presentan falencias en los servicios básicos para más de cinco mil estudiantes, y más del 80 % de los predios donde funcionan los establecimientos académicos no han sido legalizados.

Recientemente este organismo expresó que, a pesar de las acciones de tutelas interpuestas:

“Los derechos de los estudiantes, las circunstancias no han mejorado y recuerda esta entidad que no es justo que una región que soportó 56 masacres y que aporta el 4 % del total de las víctimas del conflicto en el país, no cuente en un escenario de posacuerdo con las garantías para las nuevas generaciones”, comunicó la entidad.

Sobre el Eln

La Defensoría también ha señalado que el Eln está presente en 212 municipios de 22 departamentos de Colombia, principalmente en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Además de estas regiones se han detectado presencias importantes de este grupo insurgente en Tolima, Risaralda, Caldas, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre, La Guajira, Boyacá, Casanare, Vichada, Cundinamarca, Bogotá y Bolívar.  

Ahora que culminó el primer ciclo de negociaciones con el Eln, la Defensoría recordó que desde un principio se le solicitó a este grupo armado ilegal que frene las acciones que generan confinamientos o desplazamiento de comunidades, retenciones, homicidios selectivos o reclutamiento de menores de edad.