La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, anunció la compra de cuatro predios que suman 1.600 hectáreas para reubicar a familias de la zona de La Mojana afectadas por la ola invernal. 

De acuerdo con la ministra, esta tierra, ubicada en Tarazá, Antioquia, fue adquirida a la Unidad para las Víctimas, obtenida tras un proceso de extinción de dominio a grupos paramilitares. 

“Son cuatro predios muy productivos para unas 160 familias. Son terrenos que se le compraron a la Unidad para las Víctimas y entran a un proyecto productivo que la Agencia de Desarrollo Rural tiene listo para beneficiar a los campesinos”, explicó la ministra Cecilia López.

Añadió que se está articulando con el Ministerio de Vivienda la construcción de la infraestructura necesaria. "De hecho, esto entra a un proyecto productivo que ya la agencia tiene listo y el ministerio de Vivienda ha dicho: donde ponga un terrero yo pongo una vivienda", señaló López.

Esta compra, tramitada por el Ministerio y la Agencia Nacional de Tierras, hace parte de las acciones establecidas en el decreto de situación de desastre nacional que busca mitigar las afectaciones del invierno en varias regiones del país. 

La ministra recordó que la zona de La Mojana ha estado particularmente afectada por la intensidad de las lluvias de los últimos meses, por lo que era un compromiso atender a los damnificados que han reportado pérdidas económicas en sus cultivos y cría de animales. 

El Ministerio de Agricultura evalúa la compra de otros predios para atender a más familias damnificadas. Entre tanto, la jefe de la cartera del agro espera cerrar el año titulando cerca de 800 mil hectáreas en el país.

Cabe recordar que La Mojana lleva más de un año esperando que se repare el rompimiento de un dique en San Jacinto del Cauca, Bolívar.

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Inundaciones

Ese daño ha generado que desde agosto de 2021 las inundaciones sean más frecuentes en esa región compuesta por 11 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, y que está rodeada por los ríos Magdalena, San Jorge y Cauca. Vale mencionar que actualmente son cerca de 150 mil los damnificados solo en esa zona.

Además, en medio de la ola invernal el Gobierno aseguró que se han entregado más de 14 mil ayudas en cooperación con la Ungrd y otras 17 mil subvenciones a productores afectados por las fuertes lluvias.

De hecho, el ministro de Interior, Alfonso Prada, sostuvo que el Gobierno garantizará una solución estructural a La Mojana y “se trabaja en la apropiación de los recursos en las vigencias presupuestales”. 

Esto después de que la Contraloría asegurara que no veía resultados en las inversiones de La Mojana. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que “entre 2018 y 2020 fueron invertidos más de $3,3 billones en La Mojana, y que todavía no se ven los resultados”.

Entre las irregularidades, el ente de control encontró, a finales de noviembre de este año, que había una diferencia entre el avance físico de las obras y lo que se les paga a los contratistas. Además, la Contraloría alertó de proyectos con un 20 % de ejecución, mientras que al contratista se le ha girado hasta el 80 % del valor del respectivo contrato.

Proyectos productivos

De otro lado, la ministra López anunció, junto al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Diego Bautista, 13 nuevos proyectos productivos por la suma de $15.307 millones, en beneficio de 1.403 familias.

Además, en el marco de este anuncio, 260 mujeres rurales de Cundinamarca recibieron la resolución de su proyecto de arándanos, donde la ADR cofinancia alrededor de $1.060 millones. “El objetivo es duplicar la productividad de arándanos, pasando de 700 a 1.500 hectáreas por año”, dijo la Agencia.

Bautista aseguró que los 13 proyectos productivos son importantes para el desarrollo productivo, ya que contribuirán al capital humano, a la generación de una economía local y de exportación. “Estamos contribuyendo a incrementar el área sembrada, que es uno de los propósitos del Gobierno”, sostuvo.

De acuerdo con la ADR “estos proyectos estratégicos y asociativos impactan directamente a jóvenes en condición de discapacidad, mujeres y víctimas del conflicto armado de nueve departamentos de Colombia (Magdalena, Cundinamarca, Nariño, Santander, Tolima, Vichada, Caquetá y Cauca)”.