La Iniciativa Democrática de España y Latinoamérica (IDEA) expresó en un comunicado su rechazo a la liberación de integrantes de la ‘primera línea’ en Colombia.

IDEA es un foro ad hoc integrado por ex jefes de Estado y de Gobierno que, desde la sociedad civil y en sede de la opinión pública internacional, observa y analiza los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos; reflexiona sobre las vías y medios que permitan la instalación de la democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado, y favorecer su defensa y respeto por los gobiernos donde se encuentra radicada.

Este grupo a través de una declaración conjunta firmada por otros mandatarios como Luis Lacalle (Uruguay), Mauricio Macri (Argentina) y Sebastián Piñera (Chile), Felipe Calderón (México), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay) Alfredo Cristiani, (El Salvador), José María Aznar (España) y a la que también pertenece el expresidente colombiano Iván Duque, manifiestan reparos tajantes a la iniciativa del presidente Gustavo Petro.

Ellos aseguran que a propósito de la orden que mediante decreto avanzaría el presidente de Colombia para liberar a individuos involucrados en recientes y graves delitos comunes contra servidores públicos y contra la vida, la propiedad y bienes de la nación, consideran su deber señalar lo siguiente:

“La defensa de la democracia exige como elemento esencial el respeto irrestricto de la independencia de poderes, a tenor de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana, y en su relación con la Convención Americana de Derechos Humanos”.

“El ordenado funcionamiento de los poderes conformados independientemente reconoce las potestades que distintas constituciones de la región conceden a los jefes de Estado para otorgar indultos, a los poderes legislativos para acordar amnistías y, por supuesto, a los poderes judiciales para impartir justicia”, señalan.

Le puede interesar: Con reparos logró su aprobación la reforma política en primera vuelta

Preocupaciones

“Bajo esa premisa, preocupa que el Gobierno de Colombia pretenda facilitar que personas con graves evidencias en su contra de la comisión de delitos comunes, mediante acciones colectivas, eludan sus responsabilidades ante la justicia. Para conseguir ese objetivo planea tratar sus casos bajo figuras jurídicas que solo han sido aplicadas excepcionalmente a miembros de grupos armados organizados en el contexto de los procesos de paz”, agregan.

“De ser así, se estará configurando un debilitamiento progresivo de la independencia de poderes en Colombia y de la autonomía de su justicia, elementos esenciales de una de las democracias más antiguas del continente”, añade el comunicado.

“Por ese motivo, respaldamos las preocupaciones por varias autoridades judiciales de Colombia a través de los medios de comunicación social y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que observe atentamente el desenlace de esta cuestión y se asegure que no ocurran alteraciones del Estado constitucional y democrático de Derecho en Colombia”, sostienen.

En tal orden, los exjefes de Estado y de Gobierno que suscriben hacen propio el pronunciamiento que en materia tan delicada ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Barrios Altos y La Cantuta vs. Perú en 2018, a saber “que un indulto del Ejecutivo que perdona, suprime o extingue la pena impuesta en un proceso penal por hechos relativos a graves violaciones a derechos humanos produce la más grave afectación al principio de proporcionalidad de la pena y al acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”. De donde “existe una tendencia creciente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional respecto a limitar que las condenas impuestas por tribunales penales por graves violaciones a los derechos humanos sean perdonadas o extinguidas por decisiones discrecionales de los Poderes Ejecutivo o Legislativo”, finaliza.

Aparte de los expresidentes, también firma el secretario general del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar.

Caso del Perú

Esta semana el grupo también se había pronunciado por los hechos ocurridos en Perú, que terminaron con la destitución del presidente Pedro Castillo y reconocen “como positivo, el inmediato rechazo del golpe por el Congreso, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú, que concluye con la detención preventiva y la sujeción penal del mandatario señalado, asegurando la continuidad formal del orden constitucional mediante la asunción de la vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta”.

“Al mismo tiempo demandan desplegar con responsabilidad los esfuerzos de unidad necesarios que le permitan al pueblo peruano volver a la senda de una experiencia democrática estable”, culminan.