LA NOCHE del pasado jueves significó el final de un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República que, a diferencia de los anteriores, estuvo marcado por la constante observación de la ciudadanía, tanto en redes sociales como en las calles del país, siendo este un fenómeno clave para su desarrollo.

Aunque todavía quedan varias ponencias por discutir en las sesiones extras que convocó el Gobierno nacional hasta el próximo 23 de diciembre, EL NUEVO SIGLO realizó un balance sobre las iniciativas que lograron su trámite en el legislativo, así como las propuestas que se tendrán que discutir en el reinicio de las sesiones en el mes de marzo del próximo año.

Propuestas de Gobierno

Después de que se retirara en el mes de mayo, a causa de las grandes movilizaciones en el país, en el mes de julio el Gobierno volvió a presentar el proyecto de Ley de Inversión Social, conocida como reforma tributaria, que busca el recaudo de $15,2 billones de pesos para mitigar el déficit fiscal que derivó la pandemia del covid-19. Solo dos meses le bastó al legislativo para ser aprobada, y luego ser sancionada por el presidente Iván Duque, el pasado 14 de septiembre de este año.

Al igual que la reforma tributaria, el Presupuesto General de la Nación para el 2022 se discutió en solo tres meses, contemplando un total de $350,4 billones, con el que se priorizará la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, entre otros aspectos.

En el mes de noviembre, el mandatario sancionó esta normativa, pese a la polémica que generó la modificación de la Ley de Garantías Electorales, que incluso alcanzó a tener una suspensión de un juez de Bogotá; sin embargo, la decisión fue anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En cuanto al fortalecimiento de las instituciones, el Congreso logró dar trámite a dos iniciativas que pretenden la transformación de la Policía Nacional. La primera consiste en la creación de la categoría de "Patrulleros de Policía", que establece mejores condiciones para los uniformados, mediante reconocimientos e incentivos como acceso a la educación superior.

Mientras que el segundo consiste en actualizar el Estatuto Disciplinario de la institución, donde se garantizará una mayor celeridad en los procesos disciplinarios y en las investigaciones que adelante la Policía frente a la prestación del servicio por parte de los uniformados.

En materia de agricultura, los congresistas respaldaron la propuesta del ministro Rodolfo Zea que creará la institucionalidad para lograr la estabilización de los insumos agropecuarios, a través de la vigilancia de precios y la creación de un sistema que contemple actores y condiciones que puedan resolver las problemáticas de los productores del campo colombiano, a raíz del alza de precios por los efectos de la pandemia.

De otro lado, y después de que la Corte Constitucional declarara inexequibles las normas que establecían el funcionamiento del Ministerio de Ciencia, el Gobierno radicó nuevamente la propuesta ante el legislativo; allí no se presentaron mayores complicaciones en su trámite, por lo que fue sancionado por el Jefe de Estado, el pasado 6 de diciembre.

Entre tanto, los congresistas dieron visto bueno a la ley de Transición Energética, que contempla la modernización de la regulación actual de la energía, y pretende liderar la lucha contra el cambio climático y acelerar el cierre de brechas, ofreciendo mejores incentivos tributarios para la generación de energía renovable no convencional, eficiencia energética y movilidad sostenible.

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Impacto ciudadano

Por otra parte, el Congreso impulsó varias propuestas para el beneficio de la economía de los colombianos. Uno de ellos fue la ley de Borrón y Cuenta Nueva, que fue sancionada por el Presidente en octubre pasado, y que consiste en la eliminación del reporte negativo en las centrales de riesgo para quienes estén en mora, de manera que puedan estar al día en estas entidades.

Asimismo, la ley de reducción de jornada laboral, de autoría del Centro Democrático, donde proponen que las horas laborales pasen de 48 a 42 de manera gradual, y sean distribuidas entre cinco y seis días de turno de los trabajadores. Cabe destacar que del 2022 al 2025, la reducción será una hora por año, hasta que en 2026 se reduzcan las dos horas restantes, para alcanzar el objetivo de la ley.

En cuanto al cierre del periodo 2020-2021, pese a que estuvo en riesgo de hundirse, finalmente los congresistas aprobaron la Ley ‘Comida Chatarra’ que demarcará con etiquetado el contenido calórico y de grasas en alimentos procesados para el bienestar de la población infantil.

De igual forma, también fue sancionada la ley que prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes, promoviendo una política pública de pedagogía y prevención para evitar violencia en las familias.

Sin embargo, siempre hay una excepción a la regla. El proyecto que prescribe la prisión perpetua revisable a 25 años para quienes hayan violado o cometido homicidio contra niñas, niñas y adolescentes en Colombia, también conocido como la Ley Gilma Jiménez, fue uno de los que más causó revuelo en el primer periodo legislativo.

Tras la sanción del presidente Iván Duque en julio de este año, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del mismo, tres meses después, tras encontrar que vulnera algunos de los derechos contemplados en la Constitución Política. Sin embargo, el mandatario indicó que retomará la discusión porque “los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás”.

Puestos a consideración

Frente a los proyectos que quedaron por discutir en las plenarias, sin dudas está la proposición que ratifica el Acuerdo de Escazú, un documento que propone normas para la protección de los defensores del medio ambiente. Vale recordar que en el mes de junio, se archivó por vencimiento de términos, pese a que tenía mensaje de urgencia del Gobierno. Y en el segundo periodo del año, solo fue radicado hasta el mes de noviembre, lo que no dio opción alguna para su discusión en la Comisión Segunda de Senado, por lo que se espera que se desarrolle su análisis en el mes de marzo.

Frente a las iniciativas que autorreforman el entorno legislativo, la preocupación es aún mayor. Mientras que la ponencia de reducir la carga presupuestal de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de los congresistas quedó para discusión en marzo, otros proyectos como el recorte del periodo de receso legislativo o la disminución de su salario fueron hundidos por el Congreso.

En cuanto al primer proyecto, solo le faltaba un debate en Senado, que se iba a realizar justamente el pasado jueves, pero por falta de quórum no pasó a sanción presidencial y tuvo que ser archivado. Mientras que el segundo proyecto ni siquiera tuvo su primera discusión en este recinto.

Por otro lado, solo tres proyectos se espera que surtan su trámite en el periodo de sesiones extraordinarias. Uno de ellos es impulsado por el Gobierno nacional para fortalecer las penas y medidas establecidas en el Código de Seguridad y Convivencia, y contempla castigos a quienes cometan todo tipo de hurto y a quienes reincidan en su actuar criminal.

Igualmente, la plenaria de Senado discutirá el proyecto de ley orgánica que define los lineamientos para la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, con el fin de conectar a la capital con los municipios aledaños en temas de transporte, comercio, medio ambiente, entre otros.