180 días prorrogables de cese al fuego bilateral y nacional firmado por el Gobierno y el Eln; 180 días cruciales para saber si negociamos “en círculo” o si, realmente, hay salida a la vorágine de violencia que ha sido la historia de Colombia.

Lo sabremos al término de la evaluación para la eventual prórroga; pero lo que sí podemos afirmar es que no tiene antecedente y está enfocado a generar condiciones para que la población pueda vivir y ejercer sus derechos en libertad, dentro del cumplimiento al DIH, supuesto básico para lograr una activa participación de la sociedad, sin amenazas ni hostigamientos, en la búsqueda de soluciones transformadoras que eliminen de raíz la excusa de acudir a la violencia para  solucionar los problemas del país.

Nunca se había logrado un acuerdo sobre un punto cualquiera de la agenda propuesta en las múltiples negociaciones con el Eln, y menos sobre “el corazón” del proceso: la participación. En esta oportunidad logramos algo de gran importancia: unas reglas de juego claras, sobre el cómo y bajo qué condiciones se silenciarán las armas, sin que la Fuerza Pública desatienda sus obligaciones constitucionales; y sobre el cómo y bajo qué condiciones se desarrollará la participación de la sociedad, sin vulnerar la democracia y sus instituciones.

Ahora bien, esas reglas, bien definidas,  incluyen mecanismos creíbles de monitoreo permanente y preventivo, como también de verificación, con participación de la ONU, la Iglesia y los países garantes, a lo cual se suma un componente clave de “veeduría social”, porque son las comunidades en los territorios, que viven la zozobra de los fuegos cruzados entre  diferentes violencias y el “síndrome de la maleta lista” para el desplazamiento, las que tendrán información de primera mano sobre eventuales incumplimientos.

No obstante, la veeduría de las comunidades, sin un entorno de seguridad que la permita, sería un loable ejercicio de inclusión, pero también un riesgo para quien denuncia. No olvidemos que, según cifras de Indepaz, fueron asesinados 59 líderes sociales en el primer cuatrimestre, con un “abril negro” que sumó 21 de ellos.

La seguridad será esencial, pero también “la pedagogía”, que el Acuerdo sobre participación plantea como elemento central. En un país sin cultura de participación, más allá del bloqueo y la marcha callejera, debemos alentar la participación efectiva, que solo es posible a partir de una actitud de “ventanas abiertas”, porque solo una sociedad informada sobre las reglas pactadas en relación con lo prohibido y lo permitido durante el cese, podrá identificar incidentes de incumplimiento y denunciarlos con las garantías debidas de seguridad.

Información y promoción de la participación efectiva; ese es mi compromiso como miembro de la mesa y dirigente gremial, y ese debe ser el compromiso del Gobierno, de todos los sectores y, sobre todo, de los medios de comunicación, que auscultan a diario y conocen, como el que más, la realidad de violencia en los territorios.

La veeduría social al cese al fuego, como expresión de participación, será un gran reto y, de lograrse, un resultado sin antecedentes y una señal positiva para avanzar en la unión de propósitos y voluntades hacia la construcción “participativa” del “Gran Acuerdo Nacional” sobre lo “fundamental”, para lograr desarrollo con equidad, que es sinónimo de paz; un Acuerdo Nacional que no surja del recinto cerrado de una mesa de negociaciones, ni sea impuesto desde el Olimpo del liderazgo político, sino construido entre todos en el valle donde compartimos a diario la inseguridad y todas sus causas, con el narcotráfico en primer lugar.

Amanecerá en 180 días y veremos con mayor claridad las posibilidades de la paz, mientras tanto…, prefiero el optimismo.

 @jflafaurie