ENTRE la primera orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), emitida en 2005 contra el líder congolés Thomas Lubanga y la más reciente, la del primer ministro israelí, Benjamín Nentayahu, ese Tribunal ha expedido medio centenar, de las que se han cumplido en un 10%. La razón: no tiene mecanismos para hacerlas efectivas y aunque es responsabilidad de los 123 signatarios del Estatuto de Roma cumplirlas, por razones de cada Estado deciden no llevarlas a término.

El 1 de julio de 2002 comenzó a operar la CPI con las competencias definidas por el Estatuto de Roma (establecido en 1998): investigar y juzgar genocidio, así como crímenes de lesa humanidad, de guerra y agresión.

De entonces a hoy ha realizado 31 procesos en los que ha investigado a 51 personas, causas que se han abierto por alguna de las tres vías establecidas: a petición de un Estado que lo haya ratificado; por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (donde tres de los cinco miembros permanentes, China, Rusia y Estados Unidos, no reconocen al órgano) incluso contra un país no firmante; o por propia iniciativa del fiscal de la Corte (solo para crímenes cometidos en países miembro o por sus ciudadanos en cualquier lugar).

El primer caso que abordó y que culminó con una condena fue del líder militar congolés Thomas Lubanga Dyilo, al que condenó, en 2012, a 14 años por reclutar y utilizar niños para el conflicto de su país. Fue también el primer detenido en cumplimiento de una orden de la CPI y aunque no fue entregado a ésta cumple condena en una cárcel en Brazzaville.

Él, junto a otros exdirigentes o comandantes militares del continente negro y el expresidente serbio Slodoban Milosevic, han sido de los pocos contra los que se han hecho efectivas las órdenes de arresto de la CPI, para seguir sus respectivos juicios por genocidio y crímenes de guerra.

En la mayoría de los casos no se han ejecutado. Para citar algunos ejemplos la expedida en marzo de 2009 contra el entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir; la del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, emitida en 2012 y ante lo cual decidió comparecer ante la Corte (siendo el primer mandatario en ejercicio en hacerlo) para desestimar los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos tras las elecciones de siete años atrás. Tras ello, la CPI renunció a juzgarlo.

Por múltiples razones, que van desde las críticas a los procedimientos del Tribunal que funciona en La Haya hasta conveniencia geopolítica, las que se han emitido últimamente contra los líderes mundiales Vladimir Putin, por “la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia” y Benjamín Netanyahu por la afectación a la población civil en Gaza en ejercicio de su respuesta legítima a la defensa tras los ataques a su territorio el 7 de octubre de 2023, no se cumplirán.

De los 123 países signatarios del Estatuto de Roma (que creó la CPI), no lo han ratificado 31 y ninguna de las potencias mundiales, muchas de ellas enfrascadas en conflictos a gran escala en los últimos años, no lo firmaron o inclusive tras hacerlo se retiraron, por lo que reconocen la jurisdicción del alto tribunal (Estados Unidos, Rusia, Israel, China, India y Turquía).

Y aunque las órdenes de captura emitidas por la Corte son de vinculantes para sus países miembro está descontado que muchos de ellos no cumplirán la que se emitió contra Netanyahu. En la práctica está impedido de viajar a alguna de esas naciones (33 de África, 19 de Asia y el Pacífico, 18 de Europa oriental, 25 de Europa Occidental y28 de América Latina y el Caribe), pero si podrá hacerlo a Estados Unidos, su socio estratégico e inclusive a alguno del viejo continente, si acepta la invitación que en tal sentido le hizo el mandatario de Hungría, Víctor Orban, para rechazar la orden de la Corte que calificó como “decisión descarada, disfrazada de decisión jurídica" y que conduce a "un descrédito del derecho internacional".

También a algún otro de ese continente porque si bien el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró que la orden de arresto emitida contra el premier israelí debe ser “respetada y aplicada” por ser la decisión de un tribunal, la italiana Giorgia Meloni, que ejerce la presidencia del G7 incluyó el tema en el orden del día para el encuentro de cancilleres del grupo que se realizará este lunes y martes.

En el comunicado, Meloni se comprometió a "ahondar (...) en las razones que llevaron a esta decisión de la Corte Penal Internacional", razones "que deben ser siempre objetivas y no de naturaleza política".

"Un punto sigue estando claro para este gobierno: no puede haber equivalencia entre las responsabilidades del Estado de Israel y la organización terrorista Hamás", subrayó.

En ese mismo sentido se había pronunciado el saliente presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestando su preocupación por los ‘errores’ en esa investigación de la CPI, mientras que el mandatario argentino, Javier Milei, tras expresar el jueves que “criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades (las cometidas por Hamás el 7 de octubre) es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional", hizo púbico que su Gobierno y el de Israel están trabajando en un memorándum "en defensa de la libertad, la democracia, en combate con el terrorismo y la dictadura”.

Así las cosas, la reciente orden de captura contra Netanyahu, su exministro de Defensa Go Yoav Gallant e inclusive la de hace más de un año contra el presidente ruso, Vladimir Putin, terminarán siendo un “saludo a la bandera”.

22 años de labor y…

Desde su creación, la Corte Penal Internacional una treintena de investigaciones, la mayoría de ellas por los conflictos que se registran en el continente africano.

Con corte a este mes y según las cuatro etapas en que resume su operatividad, el balance es: Exámenes preliminares 9, en investigación prejudicial, 9; investigaciones en marcha 10, en juicio 4 y Finalizadas, 5.

Entre las primeras, es decir, en indagación para determinar si hay mérito para seguir a la investigación prejudicial, tres de los casos corresponden a países latinoamericanos: Bolivia, Venezuela y Colombia.

Así, el 9 de septiembre de 2020, la CPI inició el examen preliminar sobre crímenes presuntamente cometidos en Bolivia en agosto de ese año, cuando presuntos miembros del partido político "Movimiento al Socialismo" y organizaciones asociadas participaron en una política organizativa para atacar a la población a través de la coordinación de bloqueos en varios puntos en todo el país que conectaban diferentes ciudades con el fin de impedir el libre paso de comitivas, transportes y comunicaciones.

El caso de venezolano data de comienzos del 2018, tras recibir dos remisiones de varios Estados y de la oposición venezolana por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura Maduro en abril del año anterior, en el contexto de manifestaciones e inestabilidad política. La fiscalía dela CPI también aceptó una remisión de un grupo de Estados partes del Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) sobre la situación de crímenes cometidos en la República Bolivariana de Venezuela desde febrero de 2014. En respuesta, el gobierno Maduro envió un escrito aduciendo que los hechos eran “consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, al menos desde el año 2014".

Posteriormente ese régimen buscó, en vano, que se descartara el examen de la CPI, que finalmente en junio de 2023 ordenó al Fiscal encargado reanudar dicha investigación.

El 6 de septiembre de este año, una treintena de exmandatarios iberoamericanos y los expresidentes del Gobierno español Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy pidieron a la Fiscalía de esa Corte "la captura y detención inmediata" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.

Respecto a Colombia, la CPI inició un examen preliminar en 2004 sobre posibles crímenes de lesa humanidad y de guerra del gobierno, los grupos guerrilleros y paramilitares, teniendo en cuenta las conversaciones de paz en el país.  En 2012, la Fiscalía encontró una base razonable para creer que el ejército colombiano, actores guerrilleros como Farc y Eln, así como paramilitares habían cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

En esta etapa de examen preliminar también están los casos de Ucrania (desde 2014), Nigeria (2010) por el conflicto con Boko Haram, Afganistán (2017) por presuntos crímenes de fuerzas afganas, extranjeras y antigobierno, así como casos en Guinea e Irak.