Se conoció una carta en la que se informa sobre la desaparición de una menor de edad que habría tenido contacto con Juan Felipe Rincón Morales, hijo del inspector de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano. La joven presuntamente lo condujo al barrio Quiroga la noche en que fue asesinado en noviembre de 2024.
La ausencia de la menor, considerada un testigo fundamental en la investigación, ha generado preocupación en la familia de la víctima y sus representantes legales, quienes han exigido respuestas urgentes a la Fiscalía General de la Nación. La familia señala que la falta de acción por parte de las autoridades obstaculiza el esclarecimiento de los hechos.
A través de una misiva dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, a la fiscal delegada para la seguridad territorial, Deicy Jaramillo Rivera, y al director seccional de Bogotá, Javier Mauricio Pava, el abogado de la familia, Juan Felipe Criollo Figueroa, expuso diversas situaciones que, según ellos, afectan el avance de la investigación.
En el documento, el abogado denuncia que, a pesar de las reiteradas solicitudes de la familia para que se adelanten diligencias necesarias para esclarecer el crimen, la Fiscalía mantiene una actitud "pasiva". Según Criollo Figueroa, esta falta de acción dificulta el acceso a la verdad y obstaculiza el proceso de justicia.
Posible entrampamiento en el caso
Uno de los puntos más relevantes expuestos en la carta es la existencia de material probatorio que podría demostrar un posible plan de entrampamiento en contra de Juan Felipe Rincón Morales. Sin embargo, pese a la gravedad de esta hipótesis, la Fiscalía no ha tomado medidas concretas para avanzar en la recolección de pruebas que permitan esclarecer esta línea de investigación.
La preocupación de la familia se intensificó tras la desaparición de la menor, quien en una grabación manifestó que estaba en peligro y expresó su intención de revelar información clave sobre lo sucedido la noche del crimen. Según el abogado, la entidad tenía conocimiento de esta grabación, pero no tomó medidas para garantizar la seguridad de la joven ni para recoger su testimonio de manera oportuna.
En este sentido, el documento enviado a la fiscal general y a las demás autoridades judiciales plantea interrogantes sobre por qué, teniendo en su poder una prueba en la que la menor advertía sobre los riesgos que enfrentaba y su voluntad de declarar, la Fiscalía no desplegó acciones para protegerla ni para asegurar su testimonio dentro del proceso investigativo.
Momento en que la menor decidió hablar
En diciembre de 2024, una persona contactó al abogado de la familia Rincón a través de WhatsApp, informándole que la menor quería "decir toda la verdad" sobre el caso y que temía por su seguridad, ya que "los mismos de la olla la estaban buscando". La conversación también mencionaba la posibilidad de grabar un video o un audio con su testimonio.
Días después, la joven envió un video en el que afirmaba que Juan Felipe Rincón Morales había sido víctima de un plan de extorsión en el que ella había sido utilizada. En la grabación, reiteró que necesitaba protección, ya que estaba dispuesta a revelar los nombres de los responsables y la forma en que se ejecutó el crimen.
El abogado de la familia trasladó de inmediato esta información a la Fiscalía, solicitando una entrevista urgente con la menor y medidas de seguridad para garantizar su integridad. No obstante, a pesar de la relevancia del testimonio, la entidad no tomó acciones inmediatas.
En enero de 2025, investigadores privados intentaron localizar a la menor para recoger su declaración, pero debido a que este tipo de diligencias requieren la intervención de autoridades especializadas, el intento quedó inconcluso. Posteriormente, el 27 de enero, el centro de menores donde la joven estaba bajo resguardo reportó que había salido a una cita médica y que, en el trayecto, escapó. Hasta el momento, su paradero sigue siendo desconocido.
Medidas Solicitadas por la Familia de Juan Felipe Rincón
Ante este panorama, la familia de Juan Felipe Rincón Morales solicitó formalmente a la Fiscalía que adelante las investigaciones necesarias para ubicar a la menor desaparecida y que, una vez encontrada, se le brinden las medidas de protección que garanticen su integridad y derechos.
En la carta, el abogado Criollo Figueroa advierte que la falta de acción por parte de la entidad no solo ha puesto en riesgo la vida de la menor, sino que también ha afectado el proceso judicial, pues su testimonio podría ser fundamental para esclarecer los hechos que rodearon la muerte del joven.
El abogado también señala que, de presentarse algún daño a la menor, la responsabilidad recaerá directamente sobre la Fiscalía General de la Nación, a la que acusa de falta de voluntad real para esclarecer el crimen.