PARA sus jurados enemigos como Hamás y Hezbolá, las organizaciones de derechos humanos y gobiernos de izquierda como el de Colombia, las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, son un paso para que ‘hacer’ justicia a las víctimas del conflicto en Gaza. Sin embargo, ese dictamen evidencia graves fallas que van desde su concepción y procedimiento hasta el desconocimiento a la legítima defensa que tiene una nación agredida.

Sin ser signataria del Estatuto de Roma -por medio del cual se creó la CPI y por tanto no estar bajo su jurisdicción- el gobierno israelí presentó recursos que le fueron rechazados, instó al fiscal de ese tribunal a viajar a Tel Aviv para escuchar a sus autoridades y, sobre todo, tener en cuenta que la ofensiva que inició en Gaza, el 8 de octubre del año anterior, fue en legítima respuesta a los simultáneos ataques que los milicianos de Hamás realizaron en su territorio, atando a 1.206 personas en el sur del país (en su mayoría civiles) y secuestraron a 251, de los cuales al menos un centenar siguen cautivos.

Es precisamente por ello que varios Estados, inclusive miembros de los 124 países que forman parte del Estatuto de Roma, han rechazado el dictamen de la CPI, reivindicando su solidaridad con Israel y enfatizando tanto las fallas como desigualdades del mismo.

Independientemente de Estados Unidos, socio de Israel y que tampoco hace parte de esa de ese Tribunal Penal Internacional, como Argentina e Italia, expresaron su rechazo a las órdenes de captura, emanadas dentro de la investigación que demandó Sudáfrica por presunto genocidio en Gaza.

Por ejemplo, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, opinó que la CPI "se equivocó al poner en el mismo nivel a los dirigentes israelíes y al de Hamás” y dijo que como país miembro de esa jurisdicción internacional deberán cumplir con las órdenes de arresto si Netanyahu o Gallant fueran a ese país, “en aplicación del derecho internacional”.

El que si no tuvo medias tintas fue el presidente de Argentina, Javier Milei, quién no sólo rechazó ese dictamen, sino que instó a defender la soberanía de Israel y actuar con “justicia e imparcialidad” en la búsqueda de una paz duradera en la región.

Tras aducir en un primer escrito en la red social X que la decisión de la mencionada Corte “ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse", escribió que "Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional”.

Y, posteriormente, en un comunicado oficial indicó: "La Argentina se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamás y Hezbolá”.

Estados Unidos, por su parte, a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recordó que la CPI "no tiene jurisdicción", aseguró que están en contactos con sus socios sobre los próximos pasos a seguir y que se encuentran "profundamente preocupados" ante la prisa del fiscal, así como por los "errores inquietantes en el proceso".

El presidente Joe Biden calificó de "escandalosa" la emisión de órdenes de detención y sostuvo que "independientemente de lo que pueda insinuar la CPI, no hay equivalencia -ninguna- entre Israel y Hamás". 

 “Motivos razonables”

La Corte de La Haya emitió las mencionadas órdenes de arresto contra Netanyahu, Goav y el líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Defi (abatido por Israel) por “crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos al menos desde el 8 de octubre de 2023 hasta el 20 de mayo de 2024".

Lo justificó aduciendo “motivos razonables" para creer que el premier israelí y su exministro de Defensa tienen "responsabilidad penal" por el crimen de guerra de usar el hambre como método bélico, así como los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos.

La corte declaró que ambos también son responsables penalmente "por el crimen de guerra de dirigir intencionadamente un ataque contra la población civil".

También alegó que los dos "privaron intencionalmente ya sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia".

Sobre el crimen de guerra relativo a la inanición, afirmó que "la falta de comida, agua, electricidad y combustible, así como de suministros médicos específicos, crearon condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de parte de la población civil de Gaza".

Y, como si fuera poco, agregó que aún no se había determinado si "se cumplieron todos los elementos del crimen de lesa humanidad de exterminio".

En cuanto a los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, hubo pocas o ninguna referencia, como tampoco a que el conflicto se desencadenó en Gaza en respuesta legítima a la defensa tras esas letales incursiones. Como tampoco a que los milicianos palestinos usan a la población civil en esa zona como escudos humanos.

El fiscal Karim Khan apeló a los estados miembro de la CPI “para que cumplan su compromiso en virtud del Estatuto de Roma, respetando y cumpliendo estas órdenes judiciales. Contamos con su cooperación en este caso, así como en todos los demás bajo la jurisdicción de la corte".

Aseguró que la decisión se tomó “tras una investigación independiente" y sobre la base de "pruebas objetivas y constatables mediante un proceso forense".

“Odio antisemita”

Como una decisión “motivada por el odio” y “antisemita”, comparable a la conspiración que sufrió a finales del siglo XIX el capitán del Ejército francés Alfred Dreyfus, de religión judía, calificó el primer ministro israelí Netanyahu las órdenes de captura emanadas por la CPI.

"La medida equivale a un moderno juicio Dreyfus", señaló en un comunicado oficial en el que también acusa al fiscal Khan de haberlas solicitado para “salvar su pellejo de los graves cargos contra él por acoso sexual" y haber mentido cuando aseguró que no tomaría decisión alguna hasta viajar a Israel y escuchar sus argumentos.

"Ninguna decisión antiisraelí impedirá al Estado de Israel defender a sus ciudadanos", señala Netanyahu, quien remarcó que no cederá ante las presiones y seguirá persiguiendo todos los objetivos que Israel se ha propuesto cuando empezó "su guerra justa contra Hamás y el eje terrorista iraní".

El resto del Gobierno coincidió en señalar que, con esta medida, el TPI ha vuelto a incidir en su "antisemitismo", perdiendo toda legitimidad al ponerse "al servicio de los terroristas" y obviando el derecho a defenderse de Israel.

"Es un día oscuro para el Tribunal Penal Internacional de La Haya", dijo el canciller Gideon Saar, quien aseguró que "estas órdenes de arresto no son meros ataques personales contra ellos; en esencia, son un ataque al derecho de Israel a defenderse. Se trata de un ataque contra la nación más amenazada y más atacada del mundo", protestó.

También enfatizó que "desde una perspectiva política, emitir órdenes de arresto contra un Estado que actúa de conformidad con el Derecho Internacional es una recompensa y un estímulo para el eje del mal" y por ello pidió a las "naciones decentes" que rechacen está "injusticia".

Para el ministro de Defensa, Israel Katz, las órdenes de detención son una "vergüenza moral teñida por completo de antisemitismo" y "arrastra al sistema judicial internacional a un nivel sin precedentes".

Finalmente, el presidente israelí, Isaac Herzog, calificó de "escandalosa" la acción de la Corte, reprochándole no haber tenido en cuenta al centenar de rehenes que continúan bajo cautiverio y al uso que Hamás hace de su propia gente.

"Ignora el hecho básico de que Israel fue atacado brutalmente y tiene el deber y el derecho de defender a su pueblo. Ignora que Israel es una democracia vibrante, que actúa conforme al Derecho Humanitario… La CPI ha convertido el propio sistema de justicia en un escudo humano para los crímenes de Hamás contra la humanidad”.

Más allá del efecto de limitar los viajes de Netanyahu y su exministro Yoav Gallant a los 124 países signatarios del Estatuto de Roma porque la decisión es vinculante, es difícil que sean detenidos. Vale recordar que, desde 2009, tiene orden de arresto de esa Corte el presidente sudanés Omar al-Bashir y desde marzo del 2023, el mandatario ruso, Vladimir Putin.