REDUCCIONES administrativas, rescisiones regulatorias y ahorro de costos son los tres pilares fundamentales del plan de acción que implementarán Elon Musk y Vivek Ramaswamy en el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) para reformar el gobierno federal de Estados Unidos en la segunda administración del republicano, Donald Trump, que iniciará este 20 de enero.

En un escrito de su autoría publicado este miércoles en el Wall Street Journal, titulado “El plan DOGE para reformar el gobierno”, el hombre más adinerado del mundo y el exitoso empresario biotecnológico al que apodaron ‘El Trump millenial’ exponen los lineamientos generales de su ambicioso proyecto, al que pusieron como fecha límite el 4 de julio del 2026.

Así, tras destacar que los votantes eligieron al líder republicano Donald Trump “con un mandato para un cambio radical, y se lo merecen”, Musk y Ramaswamy dejan en claro dos aspectos: que su trabajo se guiará por la Constitución de Estados Unidos y, específicamente, con un enfoque en dos fallos críticos de la Corte Suprema emitidos durante el mandato del presidente Joe Biden y que debe volverse a que el elegido en las urnas sea realmente quién dirige el gobierno.

Por lo que exponen sobre cómo operará este nuevo departamento para la eficiencia, la visión de país que tienen como empresarios y no políticos, así como por las positivas implicaciones que tendrían las acciones a tomar en los contribuyentes, publicamos acápites del escrito:

• “Nuestra nación se fundó sobre la idea básica de que las personas que elegimos dirigen el gobierno. No es así como funciona hoy. La mayoría de los mandatos no son leyes promulgadas por el Congreso, sino “reglas y reglamentos” promulgados por burócratas no electos, decenas de miles de ellos cada año. La mayoría de las decisiones gubernamentales de aplicación de la ley y los gastos discrecionales no los toma el presidente, ni siquiera sus designados políticos, sino millones de funcionarios públicos no electos ni designados dentro de agencias gubernamentales.”
• “Esto es antidemocrático y antitético a la visión de los Fundadores. Impone costos directos e indirectos masivos a los contribuyentes. Afortunadamente, tenemos una oportunidad histórica de resolver el problema.”
• “La burocracia arraigada y en constante crecimiento representa una amenaza existencial para nuestra república, y los políticos la han apoyado durante demasiado tiempo. Por eso estamos haciendo las cosas de manera diferente. Somos empresarios, no políticos… No nos limitaremos a redactar informes o cortar cintas. Reduciremos costos.”
• “Estamos ayudando al equipo de transición de Trump a identificar y contratar a un equipo reducido de defensores del gobierno pequeño, incluidas algunas de las mentes técnicas y jurídicas más agudas de Estados Unidos. Este equipo trabajará en la nueva administración en estrecha colaboración con la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca.”
• “Ambos asesoraremos a DOGE en cada paso para lograr tres tipos principales de reformas: rescisión de regulaciones, reducciones administrativas y ahorro de costos. Nos centraremos especialmente en impulsar el cambio a través de acciones ejecutivas basadas en la legislación existente en lugar de aprobar nuevas leyes.”
• “En West Virginia v. Environmental Protection Agency (2022), los jueces sostuvieron que las agencias no pueden imponer regulaciones que aborden cuestiones económicas o políticas importantes a menos que el Congreso las autorice específicamente a hacerlo. En Loper Bright v. Raimondo (2024), el tribunal anuló la sentencia Chevron y sostuvo que los tribunales federales ya no deberían atenerse a las interpretaciones de la ley por parte de las agencias federales ni a su propia autoridad para elaborar normas. En conjunto, estos casos sugieren que un sinnúmero de regulaciones federales excede la autoridad que el Congreso ha otorgado.”
• “DOGE trabajará con expertos legales integrados en agencias gubernamentales para aplicar estas resoluciones a las regulaciones federales promulgadas por dichas agencias. DOGE presentará esta lista al presidente Trump, quien puede pausar inmediatamente la aplicación e iniciar el proceso de revisión y rescisión. Esto liberaría a las personas y las empresas de regulaciones ilícitas que nunca fueron aprobadas por el Congreso y estimularía la economía estadounidense.”
• “Cuando el presidente anule miles de esas regulaciones, los críticos alegarán que el ejecutivo se ha excedido en sus funciones. De hecho, estará corrigiendo la extralimitación del ejecutivo en miles de regulaciones promulgadas por decreto administrativo que nunca fueron autorizadas por el Congreso.”
• “El presidente debe deferencia legislativa al Congreso, no a los burócratas en las profundidades de las agencias federales. El uso de órdenes ejecutivas para sustituir la legislación añadiendo nuevas reglas engorrosas es una afrenta constitucional, pero el uso de órdenes ejecutivas para derogar regulaciones que pasaron por alto al Congreso indebidamente es legítimo y necesario para cumplir con los mandatos recientes de la Corte Suprema. Y después de que esas regulaciones sean totalmente derogadas, un futuro presidente no podría simplemente revivirlas, sino que tendría que pedir al Congreso que lo haga.”
• “Una reducción drástica de las regulaciones federales ofrece una lógica sólida para las reducciones masivas de personal. DOGE trabajará con los funcionarios designados en las agencias para identificar el número mínimo de empleados requeridos en ellas para que cumpla sus funciones constitucionalmente permisibles y estatutariamente obligatorias.”
• “El número de empleados a eliminar debería ser al menos proporcional al número de regulaciones federales que se anulen: no sólo se requieren menos empleados para hacer cumplir menos regulaciones, sino que la agencia produciría menos regulaciones una vez que su alcance de autoridad se limite adecuadamente.”
• “Los empleados cuyos puestos se eliminan merecen ser tratados con respeto, y el objetivo de DOGE es ayudar a apoyar su transición al sector privado. El presidente puede utilizar las leyes existentes para darles incentivos para la jubilación anticipada y para realizar pagos de indemnización voluntaria para facilitar una salida elegante.”
• “La sabiduría convencional sostiene que las protecciones legales del servicio civil impiden que el presidente o incluso sus designados políticos despidan a los empleados federales. El propósito de estas protecciones es proteger a los empleados de represalias políticas. Pero el estatuto permite “reducciones de personal” que no se dirigen a empleados específicos. Además, faculta al presidente para “prescribir reglas que rijan el servicio competitivo.”
• “Presidentes anteriores lo han utilizado para modificar las reglas del servicio civil mediante decretos ejecutivos, y la Corte Suprema ha sostenido -en Franklin v. Massachusetts (1992) y Collins v. Yellen (2021)- que no estaban limitados por la Ley de Procedimientos Administrativos cuando lo hicieron. Con esta autoridad, Trump puede implementar “reglas que rijan el servicio competitivo” que reducirían el crecimiento excesivo de la administración.”
• “Nos centraremos en generar ahorros de costos para los contribuyentes. Los escépticos se preguntan cuánto gasto federal puede controlar DOGE solo mediante una acción ejecutiva. Señalan la Ley de Control de Embargos de 1974, que impide al presidente suspender los gastos autorizados por el Congreso. Trump ha sugerido anteriormente que esta ley es inconstitucional, y creemos que la Corte Suprema probablemente se pondría de su lado en esta cuestión.”
• “DOGE ayudará a poner fin al gasto federal excesivo al apuntar a los más de 500 mil millones de dólares en gastos federales anuales que no están autorizados por el Congreso o que se utilizan de maneras que el Congreso nunca pretendió, desde 535 millones de dólares al año para la Corporación para la Radiodifusión Pública y 1.500 millones de dólares para subvenciones a organizaciones internacionales hasta casi 300 millones de dólares para grupos progresistas como Planned Parenthood.”
• “El proceso de adquisiciones del gobierno federal también está muy deteriorado. Muchos contratos federales han pasado años sin ser examinados. Unas auditorías a gran escala realizadas durante una suspensión temporal de pagos producirían ahorros.”