CON el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo y el impulso a una ley que prohibirá firmar contratos con personas o empresas que realicen negocios con esa dictadura, la saliente administración de Estados Unidos aumenta la presión contra el gobierno de Venezuela.

"El pueblo venezolano se pronunció de forma contundente el 28 de julio y nombró a Edmundo González presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los electores", dijo en un mensaje en la red social X el secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken.

The Venezuelan people spoke resoundingly on July 28 and made @EdmundoGU the president-elect. Democracy demands respect for the will of the voters.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 19, 2024

Dicho mensaje ha sido compartido también por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Si bien Washington ha expresado sus dudas en numerosas ocasiones sobre la victoria de Maduro en los comicios, no se había referido hasta ahora con el término de "presidente electo" a González.
El opositor venezolano ha reaccionado poco después al anuncio y ha agradecido "el reconocimiento a la voluntad soberana de todos los venezolanos". "Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio", ha agregado en dicha red social.
González, actualmente refugiado en España, se presentó a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio como aspirante de la oposición frente a Maduro, quien al término de los comicios reivindicó su victoria amparándose en los resultados divulgados por el órgano electoral.
De inmediato y en una esperada reacción, la dictadura venezolana tachó de ‘ridículo’ el reconocimiento al líder opositor.
"'Del único lugar que no se vuelve es del ridículo' reza el dicho popular", reaccionó el canciller venezolano, Yván Gil, en Telegram. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony "Blinken, enemigo confeso de Venezuela, insiste en volver a hacerlo", añadió en referencia al reconocimiento que en Washington otorgó en 2019 al opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino tras una cuestionada primera reelección de Maduro en 2018.
Ley Bolívar
Pero ese no fue el único paso de Estados Unidos. El gobierno impulsa un proyecto de ley que vetará a personas y empresas que realicen negocios con esa dictadura a firmar contratos con Washington.
Así, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley bipartidista Bolívar, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del presidente para entrar con vigor.
El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios "con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro" o con cualquier otro "no reconocido como legítimo por Estados Unidos".
Caracas reaccionó con un comunicado sulfuroso en el que lo califica de "ataque criminal".
"De manera desvergonzada, le han colocado el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, anti valores contenidos en este nuevo ataque criminal", escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según el gobierno venezolano, este instrumento está destinado a impedir la cooperación económica entre ambos países y viola la Carta de la ONU "sumándose a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales" impuestas a Caracas.
En un país muy polarizado políticamente, plantar cara a Maduro es uno de los pocos asuntos en los que demócratas y republicanos están de acuerdo.
Uno de los impulsores del proyecto de ley es el republicano Mike Waltz, elegido por el presidente electo estadounidense, el republicano Donald Trump, como futuro asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y no se anda con rodeos.
"Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario ya las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cartel de Caracas. Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores", reza un comunicado del congresista republicano.
La otra promotora de la ley, la demócrata Debbie Wasserman Schultz, coincide en la necesidad de apretar las clavijas. "A menos que Estados Unidos se deshaga de los intereses corporativos turbios que permiten la corrupción y el robo electoral de Maduro, no podemos decir verdaderamente que estamos comprometidos con el pueblo venezolano", afirma.