El descalabro constitucional

En los inicios  lejanos del Imperio Español en América se presenta el problema de gobernar mediante leyes justas nuestra región. Las leyes española de esos tiempos son un monumento humanitario de sabiduría y prudencia, audaz innovación, adaptación a las circunstancias y apremios del Nuevo Mundo.  Entonces se estudian  a fondo los problemas, con el objetivo de encontrar soluciones adecuadas. Tanto la reina Isabel, como sus sucesores Carlos V y Felipe II, legislan a favor de los indígenas y fortalecer el orden. La Reina  estipula que los indígenas no pueden laborar más de 8 horas, Carlos V promueve la famosa cumbre de teólogos y juristas de Valladolid, donde acuerdan dar trato de humanitarismo cristiano a los aborígenes, lo que no tenía antecedentes hasta entonces. Felipe II dispone que en las minas los indígenas no trabajen más de 7 horas. Por supuesto, no siempre las leyes en la praxis tuvieron la misma efectividad, no faltaban los funcionarios reacios a cumplir la norma o elementos venales, al servicio de encomenderos sin escrúpulos. En los juicios de residencia varios funcionarios recibieron la pena máxima por violar la ley, puesto que  contra lo que sostienen historiadores descriteriados el imperio de la ley no comenzó en 1810, sino que se  establece casi en coincidencia con la llegada de Cristóbal Colón, que por infringir las disposiciones reales y esclavizar a los indígenas estuvo en prisión.

Desde entonces  los problemas de la ley y el orden en Hispanoamérica tienen que ver con la capacidad de los Estados de darse leyes apropiadas y hacerlas cumplir. Se presentaba y sigue pasando  en la actualidad, que se malinterpretaba la ley o se demoraba en ser puesta  en practica, la subjetividad al respecto de los funcionarios horadaba el sistema. Pese a eso se consigue la paz y el  orden, incluso, en muchos aspectos muy superior al de algunos países de Europa, sumidos en terribles guerras. No podemos decir lo mismo de nuestros días cuando  el descalabro constitucional impera. Casi nada queda de la obra positiva que consagra Álvaro Gómez en la Constitución de 1991, que era lo que  se salvaba de la misma, puesto que desde hace años sufre  brutal descalabro y modificaciones legislativas. La Fiscalía, que sería de sus mayores empeños, adaptada a las necesidades y el carácter nacional, con la oralidad es desvirtuada. El Consejo de Judicatura, que debía  meter en cintura a los magistrados y jueces, perdió los dientes por un prevaricato de la primera Corte Constitucional, para ser ahora abolido; al tiempo que el Ejecutivo asume el control de los cuantiosos fondos de la Justicia, lo que le resta independencia a la rama judicial. Se crea otro ente burocrático. La Comisión de Acusación, en representación de la voluntad popular, de la más antigua tradición en nuestro régimen constitucional, se convierte en un Tribunal que no llena esos sabios requisitos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema democrático, para aumentar la cantidad de cortes y la burocracia. Álvaro Gómez contribuye al cierre del Congreso por escándalos menores comparados con los de los últimos años...