A medida que avanza la agenda fiscal del país se ponen de manifiesto sus ambigüedades. La última de ellas fue la instalación de la comisión que debe presentar recomendaciones sobre cómo y dónde podar el frondoso árbol de las exenciones y privilegios tributario, que coincidió con la expedición del decreto que reglamenta quizás la más protuberante de todas las gabelas: la de las mega inversiones.

En cierta manera al Gobierno se le ve atrapado en sus propias ambigüedades. De una parte, y acorde con lo que ordenó la ley, conformó una importante comisión de expertos internacionales que deberá presentar recomendaciones a comienzos del año entrante sobre cómo enfrentar el que quizás sea el mayor problema de la fiscalidad colombiana: la proliferación agobiante de exenciones y tratamientos de favor en favor de algunas actividades.

En la instalación de los trabajos de esta Comisión se dieron informaciones bien dicientes. El costo fiscal anual de los beneficios vigentes asciende a 92,4 billones de pesos (es decir, recaudos a los que renuncia el Estado para beneficiar a algunos contribuyentes o actividades), lo que equivale a 8,7 puntos del PIB. De este gran total, 7,1 puntos del PIB, o sea 74,9 billones, corresponden a tratamientos especiales del IVA la mayoría de los cuales corresponden a bienes y servicios excluidos del impuesto al valor agregado. Esta sola información pone de presente que si alguna transformación significativa vamos a hacer en el frondoso régimen de exenciones y minoraciones tributarias habrá que comenzar ineludiblemente por el IVA. Con un régimen más plano y universal, y de tarifas más bajas (2%-3%) para los artículos de primera necesidad.

El Ministro de Hacienda intentó durante la pasada reforma tributaria introducir algo de racionalidad al régimen del IVA, reduciendo el universo de bienes y servicios excluidos, aunque con tarifas bajas. Pero un trino presidencial le desmontó sus buenas intenciones. Cabe preguntar entonces: ¿Cuándo la comisión de racionalidad fiscal presente sus conclusiones en el primer semestre del año entrante sucederán lo mismo? ¿Se volverá a caer en la misma ambigüedad? Si así sucede, no se podrá avanzar en nada importante concerniente con la racionalidad del IVA.

Y hablando de racionalidad del IVA -en un momento en que lo prioritario en la pospandemia será la rehabilitación del consumo nacional- en vez de recurrir a los disparatados días sin IVA lo recomendable va a ser retornar a una tarifa general del 16% (que estuvo vigente en el país durante cerca de 20 años) reduciendo la que actualmente rige del 19%.

El economista de la universidad de New York David Rosemblom, que presidirá la Comisión de la poda de privilegios inmoderados que rige en Colombia, dio unas interesantes declaraciones el día de su instalación. Entre otras cosas atinadas dijo lo siguiente: “Habrá que empezar con una hoja en blanco.  Empezar de cero, reconstruir el sistema…Por cada incentivo que se da, lo que se hace es subirle el impuesto a otro. Los políticos tienden a pensar que con los inventivos están regalando dinero, pero hay que pagarlos por el gobierno; así que, si se quiere dar dinero al señor X se le está quitando al señor Y. Pienso que es una oportunidad para repensar todo”.

La más reciente ambigüedad se vio en la misma semana en que se instaló la comisión de privilegios fiscales. El Gobierno reglamentó el ostentoso régimen de las gabelas que rodeará las llamadas “mega inversiones” que habían sido creadas en la última reforma tributaria. Dice el decreto reglamentario que estas inversiones pagarán cero impuestos a los dividendos, cero impuestos al patrimonio, y que gozarán de la ventaja de triste recordación de la “estabilidad tributaria” por veinte años.  Una mega inversión es aquella que se inicia con mil millones. Uno puede preguntarse: ¿por qué es más meritoria que otra que se inicia con una inversión de 800 millones, por ejemplo?

Con este precedente que, por supuesto es una nueva ambigüedad fiscal del Gobierno, no se necesita ser muy advertido para prever que ninguna de las recomendaciones de la Comisión que se instaló esta semana va a tener acogida. ¿Si este régimen de favor se les otorga a las grandes inversiones empresariales, con qué lógica se va a recortar el régimen de las otras empresas que no les cupo en suerte calificar como “mega inversiones”?

Tanto más si además de los consultores internacionales hacen parte los ministros del gasto en Colombia. No hay que ser muy perspicaz para comprender que estos ministros, y los grupos de presión que giran en torno de ellos, van a convertirse en los mejores defensores de mantener el statu quo.

El imperativo de superar la pandemia empresarial y el propósito plausible de apoyarse en el sector privado para financiar el gran programa de reconstrucción de la economía debe cobijar a todas las empresas: no a unas pocas escogidas a dedo.

Entrar pues con la podadora al frondoso árbol de la tributación colombiana requerirá de coraje para enfrentarse a los intereses creados que hoy pelechan al amparo de los privilegios y, sobre todo, no seguir cayendo en ambigüedades.